Economía

Las ¿grandes? implicaciones de la gobernanza corporativa sostenible

La nueva directiva de la Unión Europea respecto a la gobernanza corporativa y la responsabilidad empresarial puede marcar un antes y después en el rol económico global de la sostenibilidad.

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16
Feb
2022
gobernanza corporativa sostenible

Estamos en una sociedad cada vez más preocupada por los impactos de la economía y las empresas en las personas y el planeta. Los foros económicos, las empresas e incluso los gestores de fondos de inversión han acuñado el término de stakeholder capitalism para dar respuesta a esta corriente. Se trata de abordar una reforma y un cambio de paradigma con el fin de que las empresas estén orientadas a la creación de valor compartido para todos los partícipes y generen un triple impacto positivo: social, medioambiental y económico.

Pero el cambio socioeconómico no es posible sin una respuesta normativa: necesita el derecho para su puesta en práctica. El actual sistema de gobierno corporativo es incapaz de favorecer la tutela agregada de intereses porque el actual modelo está pensado y construido para la primacía del accionista. Es decir, prima los intereses de los accionistas por encima de los demás, un aspecto que determina la dirección y gestión de la compañía y que, en gran medida, antepone los resultados a corto plazo sobre el resto.

Esta carencia ha provocado que la Comisión Europea comience a formular un nuevo marco regulatorio para la Unión Europea en materia de derecho y gobernanza corporativa. Y es que en su plan de trabajo de 2020 abrió dos consultas que todavía están esperando una resolución: una sobre la directiva de «debida diligencia y responsabilidad corporativa» de la empresa sobre sus empleados y proveedores, y otra sobre el «deber de cuidado» en los agentes de interés de la empresa. Las consultas planteaban básicamente dos cuestiones fundamentales. ¿Cómo se puede regular un sistema de gobierno corporativo que favorezca la creación de valor a largo plazo y alinee el interés de los diversos grupos de interés de la compañía? Y, además, ¿cómo se puede responsabilizar y comprometer a las empresas para que prevengan, reduzcan y, en su caso, solucionen los efectos adversos de su actividad empresarial en su cadena de suministro?

Desde Fairtrade estamos convencidos de que una legislación efectiva es la única manera de provocar el cambio

Los riesgos sociales o ambientales –como el trabajo infantil, la esclavitud moderna o los ingresos inadecuados– todavía prevalecen en las empresas y sus cadenas de suministro mundiales, y es por esto que la diligencia en trabajadores y proveedores es tan necesaria. Es cierto que tenemos referentes o estándares internacionales como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU) y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, pero desde Fairtrade estamos convencidos de que una legislación efectiva es la única manera de provocar el cambio en unas cadenas de aprovisionamiento globalizadas.

Tal como señala Fairtrade en la carta abierta presentada a la presidenta Von der Leyen, «es hora de que muestre liderazgo en la iniciativa de Gobierno Corporativo Sostenible: una legislación a escala de la UE que ayude a prevenir las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales en todas las cadenas de valor corporativas; una iniciativa que se aplique a todas las empresas activas en el mercado de la UE».

Debemos hacer efectiva la legislación de la Unión Europea sobre los derechos humanos en las cadenas de suministro de manera urgente, y esta debe convertirse en un marco ambicioso y referencial, a la vez que adaptable para que la mayoría de las empresas puedan cartografiar –y abordar– las violaciones de derechos humanos en sus operaciones y cadenas de suministro. Entendemos la complejidad de intervenir en todos los elementos de la cadena de valor, y debemos ser proactivos y ayudar a priorizar los problemas más graves mediante una identificación y una evaluación constantemente revisadas.

Esta propuesta puede ser la base para transformar el propósito empresarial para imponer la primacía del propósito empresarial

La segunda directiva sobre el deber del cuidado empresarial, además, complementa a la anterior, y puede llegar a tener una gran relevancia. La participación de B Lab en la consulta a través de la Interdependence Coalition propuso que los comités de dirección de las empresas registradas dentro de la Unión Europea tengan en cuenta los intereses de todas las partes de la empresa en su toma de decisiones. Las implicaciones de esta propuesta son relevantes: pueden ser la base para transformar el propósito empresarial y pasar de un modelo orientado a la primacía del accionista a uno basado en la primacía del propósito empresarial. Así, al modificar la responsabilidad empresarial para reforzar el cumplimiento de la directiva anterior, esta adecuaría la gobernanza empresarial al modelo de stakeholder capitalism.

La carta escrita recientemente por Katie Hill –CEO y miembro de la junta de B Lab Europe– a la Comisión Europea sobre la directiva de Gobierno Corporativo Sostenible señala la importancia de aprobar esta norma. Tal como señala, «vemos esto como un gran riesgo para la plétora de regulaciones que respaldarán el green deal de la UE y los objetivos de una sociedad inclusiva más equitativa. No tiene sentido tener una directiva sobre informes en contra de la sostenibilidad y una directiva sobre inversiones en sostenibilidad sin garantizar que las empresas que informan y reciben inversiones tengan el mandato de comportarse de manera alineada y sostenible en todas sus actividades».

Desde organizaciones como B Lab Spain y Fairtrade entendemos que es un proyecto de responsabilidad compartida. Solo la colaboración nos permitirá buscar formas efectivas que ayuden a resolver estas situaciones para avanzar en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad y ser, así, más resilientes a la hora de afrontar el futuro. Es por esto que ambas organizaciones apoyamos estas medidas y solicitamos a la Comisión Europea que apruebe estas directivas tan necesarias transformadoras para alcanzar un futuro sostenible.


Alvaro Goicoechea es director de Fairtrade Ibérica y Pablo Sánchez es director ejecutivo de B Lab Spain.

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