Mundial de Catar: meca del fútbol, pero no de los derechos humanos

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Jorge Ratia

@JorgeRatia

La Copa del Mundo celebrada en Brasil en 2014 pasó a la historia marcada por la desigualdad. Expulsiones de vecinos en barrios marginales, explotación laboral, represión, desatención de las necesidades locales… En aquel momento, numerosos medios de comunicación cubrieron la «elitización» de un país que sufría incluso para abastecer a los suyos y denunciaron el secretismo de Occidente para proteger a toda costa la mayor fiesta mundial del deporte rey.

Tiempo después, la historia se repite: un país afortunado se encarga de poner los derechos humanos bajo el control de la agenda turística. En 2022, ha llegado el turno de Catar. Este país lleva más de 10 años volcado en uno de los proyectos más importantes de su historia y, a pesar de la trascendencia que el evento conlleva –y de que faltan más de ocho meses para que se celebre–, Catar ya ha sido acusado por numerosas organizaciones de que su transparencia brilla por su ausencia.

A ojos del público, la preparación para el megaevento deportivo incluye la construcción de siete nuevos estadios con aire acondicionado, un aeropuerto, carreteras, sistemas nuevos de transporte público, hoteles de lujo, e incluso una nueva ciudad, Lusail, donde se disputará la final del torneo. A priori, la envergadura de semejante proyecto resulta admirable. Y lo sería, si no fuera porque el coste de levantar un parque temático gigante no es solo económico; también humano.

Normalmente, las personas migrantes que trabajan como peones deben pagar una comisión de contratación que les endeuda

Según las Naciones Unidas, de los casi 3 millones de habitantes que viven en Catar, el 80% son inmigrantes que llegaron principalmente de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka buscando un futuro mejor, convirtiéndose poco a poco en piezas esenciales para el crecimiento y desarrollo del país. Ahora, estos inmigrantes suponen el 95% de la mano de obra total y buena parte de este porcentaje está compuesto por peones obligados a construir estadios bajo unas ínfimas condiciones laborales: muchos pagan una comisión de contratación, por lo que, paradójicamente, se endeudan para conseguir trabajo. Y como necesitan devolver el préstamo, los empleadores los convierten en esclavos del siglo XXI. Les hacen trabajar más horas de las acordadas, les mienten sobre el salario, les retrasan los pagos, les amenazan si hablan más de la cuenta…

Desafortunadamente, la polémica no acaba con unas condiciones de vida deplorables. Más de 6.500 trabajadores migrantes han muerto desde que se adjudicó el Mundial, según apunta una investigación de The Guardian. Eso supone una media de 12 personas por semana, cifra que el medio británico afirma ser significativamente mayor, ya que excluye las muertes de finales de año y las de los que proceden de determinados países, como Filipinas o Kenia. Esta investigación se suma a la larga lista de denuncias que acumula el país árabe por su –falta de– ética, entre las que destaca el informe de Amnistía Internacional, El lado espantoso de un hermoso juego.

El Gobierno catarí se defiende argumentando que las muertes registradas no están vinculadas a la Copa del Mundo y que entran «dentro del rango esperado»

Por su parte, el Gobierno catarí se defiende de las acusaciones. Considera que aunque la tasa de mortalidad es real, está fuera de contexto. Son 6.500 muertes desvinculadas de la Copa del Mundo, argumentan, lo cual «está dentro del rango esperado y es proporcional al volumen de habitantes migrantes». Además, defiende, el PIB nacional lleva incrementando notablemente desde la década de los 2000, por lo que el boom de la construcción se produjo antes de haber ninguna competición deportiva de por medio.

Asimismo, los discursos oficiales han generado cierta desconfianza en varios acontecimientos. Si bien las autoridades decían proteger a los trabajadores extranjeros, el territorio se rigió hasta el año pasado por un sistema laboral llamado kafala que prohibía a los inmigrantes cambiar de ocupación o salir del país sin un permiso del empleador, entre otras prohibiciones. Tampoco han conseguido ganarse a la opinión pública con los últimos comunicados del Gobierno sobre libertad sexual en los que dicen aceptar la visita del colectivo LGTBIQ+ «mientras eviten las muestras públicas de afecto». 

Diversos clubs y selecciones no tardaron en mostrar su rechazo ante esta situación, tanto por redes sociales como en el campo. Algunos hasta sugirieron un boicot al Mundial. Otros consideran que ese sería el mayor de los errores. Sea como sea, los preparativos siguen en marcha, y si nada cambia, a finales de este año se celebrará otra fiesta de fútbol moderno en la que la desigualdad lleva el brazalete de capitán.