Resignificar la empresa sostenible

Estamos experimentando una marejada regulatoria en materia de reporting y transparencia. Esta oleada está generando una transición acelerada y, a veces, poco ordenada hacia modelos empresariales más responsables, a la vez que constituye una oportunidad en la forma de generar nuevos modelos de negocio. Sin embargo, este nuevo contexto regulatorio contribuye en cierto modo a crear incertidumbre en torno a lo que se considera una empresa sostenible. Por ello, es más importante que nunca trabajar en la diferenciación entre lo que son empresas responsables y empresas con propósito. 

Tal y como se menciona en el Libro verde de las empresas con propósito, nos referimos a empresas con propósito cuando hablamos de aquellas entidades con ánimo de lucro que buscan proactivamente generar un impacto positivo en la sociedad. Concepción Galdón, directora de Innovación Social de IE University, atribuye una característica más a este tipo de empresas que resulta fundamental a la hora de comprender el alcance de su impacto: utilizan recursos privados para resolver un problema público. En este sentido, la noticia es positiva: cada vez encontramos más empresas en el contexto nacional que cumplan con los criterios de una empresa con propósito y que cuenten con el objetivo principal de reducir las problemáticas sociales y ambientales de nuestra sociedad. 

Según Concepción Galdón, las empresas con propósito utilizan recursos privados para resolver un problema público

No obstante, al ser una terminología relativamente reciente, nos encontramos con que hay una tendencia a confundir el «propósito» con términos más comúnmente utilizados en el sector empresarial como la «Responsabilidad Social Corporativa» (RSC) o lo que en ocasiones se ha llamado de forma errónea «sostenibilidad». La RSC, atendiendo a la definición publicada en 2011 por la Comisión Europea, responde a la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad y, aunque ha evolucionado mucho en los últimos años, obteniendo una visión más estratégica, todavía se trata en muchos casos de una mera labor de comunicación. Además, a diferencia de las empresas con propósito, esta surge desde una posición reactiva, la cual busca disminuir posibles problemas reputacionales o adaptarse a las exigencias regulatorias. Y esto no es todo: estos requerimientos legales no exigen por el momento la necesidad de establecer objetivos claros para reducir el impacto negativo ni la necesidad de internalizar todas las externalidades negativas que siguen teniendo muchas entidades.

En cuanto a externalidades negativas, nos referimos a la destrucción de nuestro medio natural o a las posibles vulneraciones de los derechos humanos, que se generan a lo largo de la cadena de valor de las entidades. Unos impactos negativos que, en muchas ocasiones, no se compensan ni reducen, y que permiten seguir operando a muchas entidades a unos precios bajos, con condiciones laborales cuestionables y, por lo tanto, generando competencia desleal con entidades locales más sostenibles. En este sentido, es interesante resaltar el orgullo reflejado por las entidades tradicionales con el cumplimiento de los 10 principios del Pacto Mundial, que incluyen aspectos que deberían estar ya más que superados en lo que sería una organización sostenible: el trabajo forzoso, el respeto al medio ambiente o la erradicación del trabajo infantil.

La palabra sostenibilidad está «sobreexplotándose» y cada vez más empresas se declaran sostenibles cuando, en realidad, lo que están haciendo es tratar de actuar con responsabilidad. Por ello, es importante establecer los criterios que diferencian las entidades que cumplen con unos criterios de responsabilidad común –ambientales, sociales y de buen gobierno– con aquellas que son sostenibles de verdad, generando un impacto positivo en su entorno; es decir, las empresas con propósito.

La definición de sostenibilidad hace referencia a «la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social». Esto hace que no pueda considerarse como sostenible cualquier modelo de negocio basado en el uso de recursos a una velocidad mayor de lo que el planeta es capaz de generarlos, haciendo que la gran mayoría de las entidades consideradas como sostenibles por analistas e índices reconocidos (DJSI, Vigeo, Sustainalytics, etc.) estén utilizando la palabra sostenibilidad de forma errónea.

La sostenibilidad es la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras»

Esta diferenciación será posible mediante el establecimiento de condiciones objetivas que permitan a las empresas con propósito «acogerse a una denominación y a un régimen común» mediante una Ley de Empresas con Propósito que, a su vez, posibilite que sean susceptibles de ser identificadas y distinguidas por la sociedad y el mercado. Pero esto no es todo: esta ley tiene como objetivo principal evitar el «impact, social y greenwashing» que muchas empresas hacen en la actualidad al autodenominarse «sostenibles». Se tratará de una ley que especifique los criterios que tienen cumplir estas entidades, exigiendo el cumplimiento de altos estándares de transparencia, cumplimiento, medición y validación de altos estándares de transparencia y de desempeño social y ambiental.

La Ley de Empresas con Propósito, así, permitirá tener un consenso sobre lo que son las entidades con impacto y sostenibles, atendiendo a una serie de criterios avalados por los diferentes grupos de interés, como trabajadores, proveedores, clientes, comunidades, medio ambiente y, naturalmente, accionistas. Además, también será una herramienta de comunicación externa de cara a los diferentes grupos de interés implicados en la cadena de valor de una empresa con propósito, pues ayudará a explicar qué implica ser una empresa de este corte, qué beneficios tiene o cómo impacta en la sociedad, impulsando un tejido empresarial con propósito a nivel nacional y, por lo tanto, contribuyendo de una forma ordenada y justa al desarrollo sostenible.

A día de hoy, la iniciativa que reivindica la creación de esta ley en España cuenta con el apoyo de casi 50 personalidades de reconocida trayectoria profesional, como Iñaki Gabilondo, Ana Pastor, José María Lasalle, Mónica Chao o Toni Roldán. Ya son casi 400 organizaciones las que se han adherido a la petición de ley en internet. En paralelo, más de 30.000 personas ya han firmado la campaña abierta que se ha lanzado en Change.org.

Marta Barahona es responsable de sostenibilidad y cambio climático en Gabeiras & Asociados.