El desafío legal de Cumbre Vieja

El 19 de septiembre de 2021 pudo ser una noche como otra cualquiera para los habitantes del municipio el Paso (La Palma), pero nunca lo fue. Una serie de terremotos azotaron la isla y, posteriormente, el volcán de Cumbre Vieja entró en erupción deslumbrando a cientos de palmeros que, al poco tiempo, se vieron obligados a abandonar sus casas y buscar un refugio. Han pasado ya casi dos meses de este suceso, y desde aquel día el magma del volcán no ha cesado en arrasar con todo lo que encuentra a su paso, provocando cambios radicales en la geografía natural de la isla. Según las últimas estimaciones del sistema europeo de satélites Copernicus, la lava ha dañado alrededor de 2.570 edificaciones e inhabilitado 76,5 km de carreteras. En total, el volcán ha destruido 989 hectáreas, de las cuales 283,25 eran de cultivos de plataneras (158,79), viñedos (59,48) y aguacates (24,02). Ante este escenario catastrófico, aproximadamente 6.000 personas fueron evacuadas de la zona afectada, abandonando un paisaje completamente devastado.

La isla bonita, cubierta de magma y cenizas, ha suscitado el interés de decenas de turistas a la vez que, para los habitantes de la zona, la fotografía resulta completamente distinta: está marcada por la incertidumbre y múltiples interrogantes. ¿Quién pagará los daños causados por el volcán? ¿Dónde vivirán ahora que las propiedades están cubiertas de ceniza?

Alergia a la imprevisibilidad

Una erupción volcánica tiende a percibirse como un acontecimiento inevitable e imprevisible, por lo que su impacto económico se calificaría de fuerza mayor. Sin embargo, la mayoría de las aseguradoras tienden a excluir este tipo de sucesos de sus pólizas, así que el daño queda completamente descubierto por el seguro. Cabe destacar que los acontecimientos de ‘fuerza mayor’ suelen ser imprevisibles, y en el caso del volcán de Cumbre Vieja esto no fue así, puesto que llevaba semanas monitorizado por expertos que advirtieron de su posible erupción. En este sentido, múltiples abogados coinciden en que el actual Derecho de Daños «es alérgico a la imprevisibilidad».

Ante esta situación, si el seguro no cubre los daños del volcán, ¿quién se encargará de cubrirlo? Según la legislación, es el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) el responsable de dicha tarea, puesto que el Real Decreto 300/2004 califica la erupción volcánica como riesgo extraordinario. Este organismo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda actúa de forma subsidiaria para cubrir a asegurados en condiciones como estas. Sin embargo, solo cubrirá al afectado si este tiene un seguro vigente contratado, de lo contrario no será posible cobrar la indemnización. La mayoría de la población cuenta con seguro de hogar, pero quienes no gocen de con ese privilegio pueden optar a ayudas de emergencia vinculadas al terreno, de declaración ‘zona catastrófica’.

¿Qué sucederá con el terreno enterrado por la lava?

Si bien es imposible alcanzar conclusiones hasta que termine la emergencia y se calculen los daños, se hace necesario plantear cómo se lidiará en su momento con la recalificación de terrenos, el realojamiento de los afectados y el nuevo paisaje que ha generado la erupción. Los palmeros cuyas propiedades han quedado enterradas bajo el magma se enfrentan a un desafío de gran mesura. En primer lugar, porque las condiciones físicas del terreno harán imposible la reconstrucción de sus viviendas y la recuperación de infraestructuras hasta dentro de meses (o incluso años). En los últimos años han surgido nuevas tecnologías que tratan de acelerar el proceso de meteorización del suelo, pero dada la escasa frecuencia de erupciones existen pocas garantías de éxito. Así, podría decirse que La Palma ayudará a la ciencia a experimentar, pero habrá terreno irrecuperable.

Por otro lado, existe un solapamiento de leyes que atenta contra la titularidad de los terrenos afectados. En términos del régimen de propiedad, las propiedades sepultadas por la colada magmática siguen perteneciendo a los mismos propietarios. A la vez, es probable que las hectáreas engullidas por el volcán se declaren zona protegida y el terreno quede sujeto a la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que otorgará al Estado el poder de expropiarlas si lo considera necesario. Por tanto, los palmeros afectados podrían seguir siendo propietarios de un conjunto de rocas volcánicas sobre el que difícilmente podrán obtener permisos para construir un nuevo hogar.

Fuente: imágenes satelitales del programa Copernicus 27/10/2021. BBC

Cabe destacar que la llegada de la lava al mar ha generado terreno adicional en la isla, extensión que pertenecerá inmediatamente al dominio público marítimo-terrestre como consta en la Constitución y en la Ley de Costas. El Gobierno podrá optar si así lo desea por deslindar el terreno y determinar un porcentaje del terreno que podría ser gestionado por particulares.

Este solapamiento de leyes genera ante todo confusión entre los propietarios, pero la solución dependerá de cómo decida actuar la Administración. Por lo general, esta catástrofe requerirá una combinación de actuaciones políticas y legales para garantizar una vivienda digna a los afectados. La magnitud de la tragedia es elevada, por lo que requerirá mecanismos para la cobertura de daños y ayudas para sustentar una economía dañada y un mercado inmobiliario encarecido. La precisión de la ciencia permitió adelantarse a los hechos a tiempo, pero ¿qué herramienta legal protegerá a quienes se arriesguen a vivir en terreno volcánico de nuevo? Las Islas Canarias cuentan con la referencia de Lanzarote y su arquitectura sobre un paisaje volcánico que puede ser esperanzadora.