El debate entre la negociación y la suspensión de las patentes de vacunas

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Odón Elorza

@odonelorza2011

La disyuntiva en un asunto tan complejo y en el que se entremezclan tantos intereses –algunos son contrarios a la ética política y al derecho a la salud– como es la producción masiva de vacunas para salvar millones de vidas en todo el planeta, no puede estar entre negociar con las farmacéuticas o confrontar mediante la suspensión temporal de las patentes. Tiene que haber una estrategia más audaz a seguir que combine diferentes líneas de acción; esto es, denunciar, presionar y negociar con las farmacéuticas hasta donde sea posible, antes de aplicar por los Estados medidas drásticas de trazo grueso que debieran ser posibles de ejecutar. Ahí empiezan las dudas.

Son ya tres millones de muertos y ciento cuarenta millones de personas contagiadas por culpa de la covid-19, una pandemia que ha provocado una situación inimaginable de emergencia en el planeta y cuya erradicación llevará tiempo y exigirá respuestas audaces y una estrategia de cooperación global, solidaria y sostenida, por parte de los Gobiernos y las organizaciones internacionales. Esta pandemia y el sufrimiento que conlleva va a continuar, aunque en menor medida por las esperadas campañas de inmunización . No olvidemos que en los próximos años, ante la previsible aparición de nuevas variantes del virus, habrá que seguir administrando miles de millones de vacunas de segunda generación. Acelerar su derrota requiere la colaboración de las grandes empresas farmacéuticas que no son, precisamente, ‘Hermanitas de la Caridad’ y que buscan el máximo beneficio y la menor competencia, acogiéndose a los derechos que amparan las patentes.

Pero los Gobiernos de progreso, organizaciones humanitarias y movimientos cívicos sabemos que tenemos que presionar para negociar con las farmacéuticas el objetivo básico de un aumento sustancial en la producción de vacunas. También hay que conseguir que los próximos grandes contratos de suministro que realice la Unión Europea sean transparentes, recojan el precio, las responsabilidades ante posibles efectos en la salud, la condición de que las farmacéuticas concedan licencias comerciales a empresas capacitadas radicadas en países en vías de desarrollo para escalar y diversificar en muchos más Estados la producción, que hagan grandes aportaciones gratuitas de vacunas al programa COVAX, así como un intercambio abierto y global de datos y tecnologías covid-19 para el programa C-TAP de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De lo contrario, no quedaría más remedio que acordar por los Estados la suspensión de las patentes o la concesión de licencias obligatorias (un proceso lento) con pago de royalties a las farmacéuticas titulares de las licencias.

«Las grandes farmacéuticas no están respondiendo con actitudes de colaboración a las iniciativas de la OMS»

Con millones de vidas en juego, la vacuna contra el coronavirus no puede convertirse en un bien de negocio ni en objeto de puja, como pasara al inicio de la pandemia con la compra de los equipos de protección para personal sanitario, respiradores y materiales de protección para la población. En situaciones de pandemia, los intereses de la salud pública deben prevalecer sobre los derechos de propiedad intelectual que otorgan las patentes. Unos beneficios incontrolados de las farmacéuticas, una producción insuficiente para atender las necesidades de la población de todo el planeta y una falta de transparencia sobre el contenido de los contratos, aprovechando la ansiedad ciudadana y la presión de una opinión pública que demanda un suministro inmediato de vacunas, no pueden ser aceptados por ningún gobierno democrático.

La recuperación de la economía mundial requiere una vacunación universal a la mayor velocidad posible. Mientras esto no suceda, la recuperación estará muy condicionada en todos los países, y la aparición de variantes del virus más agresivas reducirá la eficacia de las vacunas, en especial de «las menos fiables». El aumento del paro, la precariedad, la pobreza y otras secuelas de tipo sanitario que dejará el virus en millones de personas, llevarán años de fuertes inversiones y ayudas públicas junto a políticas de cooperación internacional.

En este escenario, las grandes farmacéuticas –que todavía hoy funcionan como un oligopolio– no están respondiendo con actitudes claras de colaboración a las importantes iniciativas de la OMS. Es el caso del programa solidario COVAX para recibir aportaciones de vacunas de los Estados más fuertes y de las farmacéuticas con el objetivo de acelerar el suministro gratuito de vacunas seguras y eficaces a los países del Sur. La creación de un «banco voluntario» que recoja y permita compartir derechos de patentes, tratamientos, tecnología de las vacunas, datos de las pruebas e investigaciones y que resulte accesible para todos los países forma parte de la plataforma COVAX.

La OMS es partidaria de una flexibilización comercial de los derechos de producción exclusiva que dan las patentes, mediante un acuerdo entre los Estados y las farmacéuticas para la cesión voluntaria de licencias a otros laboratorios, con el fin de utilizar la capacidad de fabricación global existente y autorizar la producción de genéricos. Es similar a lo que sucediera tras el debate que surgió hace unos años sobre los medicamentos para combatir la hepatitis C o, hace más tiempo, para que fueran accesibles los tratamientos contra la VIH/SIDA. Sin embargo, las farmacéuticas actúan, en medio del drama de la pandemia, buscando su beneficio y protegiendo con celo la exclusividad de sus patentes.

Por su parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) propone incentivar las licencias voluntarias como alternativa a las licencias obligatorias que pueden aprobar los Estados según su legislación (art. 95 de la Ley de Patentes en España) y que están contempladas en el artículo 31 de la regulación ADPIC sobre las patentes de la OMC. Con ello, busca el objetivo de extender la producción de las vacunas a más empresas que las titulares de las patentes, aunque de momento no ha obtenido resultados significativos. Esta tercera vía requiere buscar y provocar la colaboración activa de las poderosas farmacéuticas.

«Los derechos de exclusividad en la producción de vacunas durante los próximos 20 años no permiten su agilidad»

Es destacable el papel desempeñado por la Unión Europea –y en su seno el de la representación del Gobierno de España– al haber tomado, con previsión y recursos, la iniciativa de negociar la reserva y compra de importantes lotes de vacunas con diferentes compañías farmacéuticas para cubrir las necesidades de inmunización del conjunto de la ciudadanía de la UE. A la vez, para acabar con la pandemia, es imprescindible seguir promoviendo una actuación global basada en la cooperación internacional entre los Estados y en un compromiso de la UE hacia los países más pobres, en apoyo práctico al derecho universal a la salud. En las actuales circunstancias, es obligado defender la regulación de las vacunas como un bien público global para garantizar medicamentos y vacunas de calidad, accesibles y asequibles a toda la población mundial. Y ese es el discurso patrocinado por las autoridades e instituciones de la Unión Europea. Otra cosa serán los resultados.

Más allá de la lógica prisa de los Estados más fuertes por inmunizar a su población, la pandemia sólo se controlará cuando todos los países accedan masivamente a las vacunas. En un escenario de crisis sanitaria global, los Estados miembros de la UE actúan para conseguir la inmunidad de rebaño y avanzar en la recuperación social y económica. Para ello, además, la UE manifiesta que son necesarios acuerdos en el ámbito internacional y la puesta en marcha de diferentes mecanismos para una producción masiva de vacunas. 

Lo cierto es que los derechos de exclusividad en la producción de vacunas durante los próximos veinte años, que otorgan las patentes a las grandes farmacéuticas como titulares, no están permitiendo garantizar una producción ágil y masiva. De ahí la carta abierta dirigida al Presidente Biden y suscrita por más de un centenar de Premios Nobel y ex altos mandatarios, planteándole «la aprobación de una exención o suspensión temporal de las reglas de las patentes sobre las tecnologías médicas para prevenir y combatir la covid-19 ante el lento progreso en la ampliación del acceso a las vacunas por los países más pobres, que tendrán que esperar a 2024 para lograr la inmunización masiva». Estos cambios son también reclamados por muchos países ante la OMC, con India y Sudáfrica a la cabeza.

No se trata de una exigencia absurda o de un planteamiento utópico, sino de que los países más progresistas, con España a la cabeza, de la mano de la OMS, la ONU y las organizaciones médicas y humanitarias, se posicionen ante la OMC y otros organismos en favor de que la aplicación de la regulación sobre los derechos de propiedad intelectual de patentes de vacunas y otros medicamentos esenciales, en concordancia con una situación de emergencia global a causa del virus. Más aún si se tiene en cuenta que muchas empresas farmacéuticas han obtenido importante financiación pública para las fases de investigación de las vacunas. También habría que valorar los importes que se están pagando y se pagarán por el suministro de un bien vital.

«La UE lideró la defensa de un sistema de reparto equitativo de vacunas de forma global, pero su avance es lento y necesita recursos adicionales»

La OMS, ONUSIDA, Oxfam, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, fundaciones profesionales, asociaciones en defensa de la salud pública y cientos de entidades proponen a la OMC, desde hace meses, liberar o suspender temporalmente el derecho de exclusividad del titular de las patentes para permitir la explotación por parte de terceros que tengan capacidad para fabricar un producto tan complejo como la vacuna. Esta ambiciosa operación sería posible interpretando adecuadamente, en base a un acuerdo muy amplio de los Estados en la OMC, la norma sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio (ADPIC) que regula las patentes. Cada día que pasa sin intentar ampliar la capacidad de producción de vacunas es un día perdido. Sin embargo, prevalece el modelo de negocio de la industria farmacéutica consistente en blindar su monopolio y obtener amplios beneficios durante años.

La Unión Europea lideró en la importante Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, celebrada en mayo de 2020 y en respuesta a la pandemia, la defensa de un sistema de reparto equitativo de vacunas de forma global, así como otras medidas. Ese objetivo persigue la plataforma de solidaridad COVAX patrocinada por la ONU y la OMS. Pero su avance es lento y necesita recursos adicionales porque no hay suficiente capacidad de producción de vacunas a escala global y la mayoría han sido acaparadas por los países más desarrollados. Para hacerse una idea de la posición de la Unión Europea, es de interés conocer la Resolución del Parlamento Europeo sobre una Estrategia de salud pública para la UE después de la covid-19, aprobada el 10 de julio de 2020.

Esta Resolución se dirige a los Estados miembros y a los socios mundiales pidiéndoles «que garanticen un acceso rápido, equitativo y asequible para todos en todo el mundo a las futuras vacunas y tratamientos contra la covid-19 tan pronto como estén disponibles; que apoyen formalmente la puesta en común de acceso a la tecnología en relación con la covid-19, a fin de hacer posible la máxima puesta en común de conocimientos, propiedad intelectual y datos relativos a las tecnologías sanitarias relacionadas, en beneficio de todos los países y todos los ciudadanos». Así mismo, el Parlamento Europeo «aboga por el diálogo y la cooperación con terceros países e insta a todos los Estados miembros a que emitan licencias obligatorias en caso de que terceros países no compartan vacunas, o terapias, o los conocimientos pertinentes».

«Los Estados y las farmacéuticas deben comprometerse a dotar de vacunas a los países con menos recursos»

Por otra parte, sería el momento de repensar, como apunta el Consejo de Europa, el contenido del art. 122 del Tratado Fundacional de la UE, que debería profundizar con más claridad en la concesión de poderes excepcionales al propio Consejo Europeo en circunstancias de extrema gravedad para los Estados. Como consecuencia de una pandemia o una catástrofe natural, o ante incumplimientos, insuficiencias o abusos en los contratos de suministro de medicamentos, amparadas las empresas por los derechos que otorgan las patentes, el Tratado ha de contemplar, por ejemplo, intervenciones excepcionales por parte de la UE y los Estados para garantizar el cumplimiento ágil de los contratos de suministro de vacunas, obligando a las farmacéuticas, en esos casos, a compartir o subcontratar con otras empresas del sector para una mayor producción.

Así mismo, como una propuesta surgida a raíz de la pandemia, debe darse respuesta a la iniciativa que la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, planteó en septiembre de 2020 y que significa una nueva estrategia de cooperación para la acción contra esta y futuras pandemias. En ella, sometía a la consideración de los socios europeos la creación de una gran Agencia o Autoridad Europea (HERA) que pueda afrontar, con facultades de coordinación sobre infraestructuras sanitarias –así como con competencias legales y financieras para inversiones–, una respuesta contundente a las grandes emergencias sanitarias en los Estados de la UE. Algo no previsto adecuadamente en el art. 122 del Tratado. Ese nuevo organismo podría incluso «planificar, coordinar y construir un ecosistema de capacidades públicas y privadas».

En resumen, a la vista de las graves consecuencias que provoca la pandemia, los Estados y las farmacéuticas deben comprometerse con el programa de cooperación global COVAX de la OMS, destinado a dotar de vacunas a los países con menos recursos. Mientras, la Unión Europea ha de promover una estrategia solidaria ante la OMC para acordar los mecanismos que garanticen la producción masiva, rápida y a bajo coste de las vacunas para que sean accesibles a la población de todo el planeta. Además, como otra vía disponible, los Estados pueden acordar licencias voluntarias a negociar con las farmacéuticas, que vengan acompañadas de la transferencia de tecnología de las vacunas.

Ante la imposibilidad o insuficiencia de las anteriores medidas, no se puede olvidar que los Estados que lo precisen puedan optar por la concesión de licencias obligatorias, siempre y cuando cuenten con empresas nacionales que tengan capacidad logística para producir vacunas o importar medicamentos genéricos. Por último, y aunque no está expresamente recogida por la OMC, se viene planteando un acuerdo entre los Estados en la OMC de cara a una suspensión o exención temporal de las patentes y otras barreras de propiedad intelectual para priorizar la salud pública frente a los intereses comerciales y ante una cerrazón de las farmacéuticas. 

La cuestión es acertar en la solución a un problema complejo que no se resolverá con grandes declaraciones de trazo grueso, sino construyendo –desde la convicción por los Estados de que hoy la vacuna debe ser considerada como un bien público universal– acuerdos sostenibles que permitan avances reales para que las vacunas lleguen con urgencia a todos los rincones del planeta. 

Odón Elorza es diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa.