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La Agenda 2030, un faro que ilumina el futuro

La aseguradora MAPFRE ha comenzado a desarrollar su actividad corporativa entorno a los valores (y acciones) promovidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un paso hacia adelante que acerca a la compañía al futuro.

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Carla de Lucena
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15
Feb
2021
agenda 2030

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Carla de Lucena

La Agenda 2030 es el instrumento universal de desarrollo más ambicioso de la historia. Así define Naciones Unidas esta herramienta basada en tres principios –la universalidad, la integración y el no dejar a nadie atrás– que busca propiciar el desarrollo sostenible del planeta. Acabar con la pobreza, alcanzar la igualdad de género y cuidar los ecosistemas terrestres y la vida submarina son algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fueron adoptados en 2015 por los Estados miembros de la ONU y cuyo horizonte está en 2030. Pero no solo los Gobiernos están en ello; también muchas empresas están modificando sus modelos para adaptarse y contribuir al nuevo paradigma.

Es el caso de MAPFRE, que ha reforzado su apuesta con las personas y el planeta para impulsar la transformación hacia un mundo más igualitario, justo, ético, inclusivo, desarrollado y transparente. «Para MAPFRE, la Agenda 2030 puede y debe contribuir a cambiar el mundo. Nosotros estamos plenamente alineados con sus objetivos, que son un compromiso de sumas», asegura su presidente, Antonio Huertas. Y añade que no solo se trata de un problema climático, sino que la sostenibilidad también es una cuestión social. «Por esto tenemos que hablar de igualdad e inclusión, así como de inversión socialmente responsable, porque está demostrado que no solo es rentable, sino que aporta beneficio social», señala.

Por ello, la aseguradora ha decidido realizar un seguimiento de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para obtener información adicional sobre los movimientos y transformaciones sociales, las expectativas de los grupos de interés y también del mercado que afectan a la organización. Algo que, sostienen, ayuda a identificar y evaluar los riesgos potenciales y las oportunidades de negocio. «La industria aseguradora está especialmente preparada para desarrollar el beneficio social de productos ASG debido a que actúa como amortiguadora de las crisis, está supervisada y tiene un modelo de gestión de balance que aporta estabilidad anticíclica al conjunto del sistema», defiende Huertas.

La compañía ha decidido empezar a realizar un seguimiento de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza

En este sentido, MAPFRE tendrá en consideración determinados temas en cada uno de los aspectos que componen los ASG. Así, en el ambiental, la aseguradora busca adaptarse y mitigar el cambio climático, la huella de carbono, cuidar de los recursos naturales y la gestión de residuos. En lo que se refiere a lo social, la compañía aborda cuestiones como los cambios demográficos representativos, como la longevidad y la mortalidad, el reto demográfico, la igualdad, la diversidad y la no discriminación en las empresas. Por último, en los temas de gobierno corporativo se valorará la ética empresarial, la corrupción y el fraude interno.

Para evaluarlos, la aseguradora ha desarrollado un modelo interno que considera en la toma de decisiones la exposición al riesgo ASG de una empresa y de los países y sectores en los que esta ha estado expuesta, así como el análisis del riesgo reputacional. El modelo asigna una puntuación que va de AAA (la más alta) a D (la más baja). Así se establecen diferentes niveles de autorización. Y, por ejemplo, ante una evaluación con CC, C o D, se requiere la aprobación del Comité de Dirección de la Unidad de Grandes Riesgos y, en su caso, también la autorización adicional del CEO.

En esta misma línea, MAPFRE lleva años incorporando acciones que siguen la línea marcada por la Agenda 2030. Por ejemplo, en 2019, la compañía asumió el compromiso de no invertir en empresas eléctricas en las que más del 30% de sus ingresos procediesen de energía producida a partir del carbón. Tampoco invierte en empresas mineras que obtengan un 30% o más de sus ingresos de la extracción o producción anual de carbón térmico superior a 20 millones de toneladas. Además, estudia el impacto de las carteras de los fondos de inversión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y forma parte de la junta directiva del Spainsif, una plataforma que promueve la inversión responsable en España.

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