Las ciudades que seremos dependerán de nuestras decisiones de hoy

Se necesita una estrategia que incluya desde concesiones a la implantación masiva de energías renovables y medidas eficiencia energética a mejoras de adaptación frente a desastres naturales, pasando por programas de inclusión para quienes sufran más el impacto de la crisis.

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24
Abr
2020

Entre las muchas revelaciones que nos deja la pandemia de coronavirus, están el contundente efecto amplificador de su impacto en las ciudades y la visible vulnerabilidad de la población urbana: calles desérticas, mercados desabastecidos de algunos productos y un severo impacto económico local. Todos ellos son ejemplos del tremendo golpe que este fenómeno global está teniendo en las ciudades y también, por poner el contrapunto positivo, revela una solidaridad y un conmovedor sentimiento comunitario que parecía olvidado y que, como dice Victoria Camps, es la base de la cooperación.

La mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades y se estima que llegaremos a tres cuartas partes en 2050. En España, hoy somos cerca del 70% de la población los que vivimos en grandes áreas urbanas y probablemente lleguemos al 90% en 2050. También concentran las ciudades las tres cuartas partes de las emisiones, procedentes en su mayoría de la actividad social y económica. Es por ello que cualquier solución al calentamiento global pasa por la transformación radical de nuestros principales núcleos de población urbana. Ya existen las tecnologías para aplicar las medidas necesarias para esa transformación, pero tal vez lo que faltaba era lo que este virus nos está enseñando: que, si se quiere, se puede hacer, y que si existe el sentimiento comunitario, podemos cooperar para ejecutar el cambio. Superaremos este desastre, pero el próximo aparecerá sin duda en cualquiera de las formas con las que el cambio climático se manifiesta, implacable y con mayor fuerza y frecuencia cada vez.

Las ciudades son clave para esta transición y las medidas necesarias están a nuestro alcance. Se estima que el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden mitigar a través de la renovación térmica de edificios de viviendas y comerciales –medidas de eficiencia energética–, la generación de energías renovables a nivel local, la apuesta por el transporte público urbano y las medidas de planificación municipal que favorezcan ciudades compactas, resistentes a impactos de distinta naturaleza –que se construyan con materiales sostenibles, reciclables– y en las que se aprovechen y gestionen eficientemente los recursos minimizando las pérdidas y residuos. No todas estas competencias y responsabilidades recaen en el ámbito municipal, que se encarga tan solo de partes de planificación urbana, gestión de la demanda de transporte urbano y recogida de residuos; el resto recaerá sobre el gobierno central y la cooperación que encuentre en los gobiernos regionales y locales para acordar e implementar sus propuestas.

El objetivo es que, en dos o tres décadas, las ciudades se transformen progresivamente en espacios más verdes y saludables

En estos días de esperanzadora casi convalecencia, en los que se habla de recuperar la confianza y colaboración en unos nuevos Pactos de la Moncloa, se necesita una estrategia clara que incluya desde concesiones a la implantación masiva de energías renovables al empleo de estándares de eficiencia energética para edificios y equipos, desde objetivos de economía circular o mejoras de adaptación frente a riadas y sequías hasta medidas de inclusión para aquellos que sufran más el impacto de esta transformación. Algunas de estas medidas ya las hemos probado durante esta emergencia sanitaria: el teletrabajo, por ejemplo, ha sido testado a gran escala y, para algunas funciones y puestos, demuestra ser una opción aceptable. La importancia de la electrificación y digitalización ha quedado expuesta con las videoconferencias y plataformas digitales, que han facilitado numerosas reuniones que antes habrían supuesto desplazamientos físicos, con lo que nos hemos evitado contactos y contaminación que se han demostrado innecesarios. El objetivo es que, en dos o tres décadas, las ciudades se transformen progresivamente en espacios más verdes y saludables, con mejores servicios, más protegidas y con mayor capacidad de recuperación, generadoras de empleo, más integradoras, con mejores accesos, rodeadas de naturaleza y más resilientes, que se conviertan en caldo de cultivo para el talento, la innovación y la competitividad.

Esas son las ciudades que seremos. O no. Además del reto de conseguir alinear a todos en una visión y voluntad políticas, además de la colaboración y cooperación de todos los niveles de gobierno y sociales, se necesita una financiación que se utilice de manera eficiente. Hoy más que nunca, en un momento en que el endeudamiento público bate marcas históricas, tendremos que utilizar los escasos recursos públicos disponibles para atraer capital privado en la escala que se necesita. Ese es el segundo gran reto.

Una de las fórmulas más utilizadas es el diseño de instrumentos financieros diversos que permitan usar recursos públicos para mitigar los riesgos que resulten inasumibles para los inversores. Por ejemplo, varios municipios podrían crear un fondo de inversión que otorgue bien garantías –un fondo de garantías– o bien una primera o segunda pérdida sobre una cartera de proyectos municipales en distintos sectores y actividades sostenibles. Este vehículo, o un conjunto de vehículos similares coordinados, por ejemplo, por el ministerio de Política Territorial, el de Agenda Urbana, el de Transición Ecológica o el propio Tesoro, podrían captar recursos privados vía emisión de bonos en el mercado de capitales. Otra alternativa es el modelo ya existente en formato piloto en Cataluña y que pronto se extenderá al País Vasco. Se trata de iniciativas que centralizan en un solo agente el papeleo administrativo, la relación con los profesionales en las obras y la canalización de financiación y ayudas. Un modelo diferente es el que permite a los agentes privados desarrollar proyectos basados en soluciones naturales (infraestructura verde) y financiarlos vía aumento de usabilidad comercial del lugar o de su edificabilidad (directo), o por el aumento del valor de mercado (indirecto) o la reducción de riesgos, opciones que surgen de la capacidad de innovación que las entidades locales apliquen, pero que en todo caso ya existen.

Este tipo de instrumentos consiguen, por un lado, diversificar la cartera de inversiones de los inversores privados; y por otro, los municipios, como promotores de proyectos municipales, estarían compartiendo con el sector privado los riesgos y posibles pérdidas, una garantía adicional para los inversores. Los instrumentos son variados, desde emisiones de bonos verdes a participaciones en capital en fondos de garantías o fondos de inversión, o estructuración de iniciativas público privadas, cambios legislativos o incluso de carácter impositivo. El objetivo de estos instrumentos financieros es siempre atraer inversión privada a través de la diversificación de las inversiones y del reparto de las pérdidas eventuales, enfocado, eso sí, a la consecución de proyectos sostenibles que mejoren la calidad de vida y las oportunidades económicas de ciudadanos y empresas.

La reconstrucción de nuestra base productiva y social está a las puertas. Tomará más o menos tiempo, pero llegará. De nosotros depende la dirección en que lo haga: en una dirección renovada, sostenible, que responda a los desafíos actuales… o en una equivocada.


(*) Esther Badiola es especialista en cambio climático del Banco Europeo de Inversiones y Ricardo Pedraz es consultor senior de Analistas Financieros Internacionales.

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