Piezas para construir unas finanzas sostenibles

De no ser porque el Parlamento Europeo ha rechazado a tres de los comisarios elegidos por la nueva presidenta Úrsula von der Leyen y que el Reino Unido –embrollado como está en el Brexit– no consigue proponer candidato alguno, la nueva Comisión habría comenzado su mandato el 1 de noviembre pasado. En las cartas que la presidenta envía a los futuros comisarios describiendo sus funciones destacan tres ambiciosos objetivos: la lucha contra el cambio climático, el desarrollo del mercado digital y la continuidad en las reformas económicas para afianzar una economía social de mercado justa en Europa.

Dentro del primero de estos objetivos, la presidenta se ha comprometido a proponer en los primeros 100 días de mandato un Pacto Verde para Europa (European Green Deal) y a presentar la primera Ley Europea sobre el Clima que decrete la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea en el año 2050. El holandés Frans Timmermans será el encargado de llevar el enorme peso de esta agenda de transformación ecológica los próximos cinco años. Además, un detalle significativo es que Timmermans, en su papel de vicepresidente ejecutivo de la próxima Comisión, supervisará el trabajo de la nueva comisaria de energía, la estonia Kadri Simson. Queda así la agenda de energía supeditada a la consecución de los objetivos de cambio climático, lo mismo que el de la economía circular, la protección de nuestra biodiversidad o la reducción de gases contaminantes procedentes del transporte.

Existen unas enormes dificultades inherentes a semejante transición ecológica y, desde luego, el vicepresidente Timmermans tiene ante sí un reto colosal. Pero, si es difícil cambiar inercias en sectores industriales como el de la energía, el transporte o la agricultura, tanto o más difícil es cambiar la inercia de inversores a la hora de diseñar su cartera de activos. Aquí, los criterios de selección han sido principalmente dos: rentabilidad y riesgo. Pero, ¿y sostenibilidad?

Los criterios de selección de los inversores han sido siempre dos: rentabilidad y riesgo. Pero ¿y sostenibilidad?

Valdis Dombrovskis, también vicepresidente ejecutivo de la futura Comisión, tiene el cometido de mantener –e incluso acelerar– la labor que ha venido desarrollando en varios ámbitos, donde cabe destacar la necesidad de hacer de las finanzas sostenibles una realidad práctica. Es necesario que los flujos de financiación privados acompañen la agenda de transformación que marcan las ambiciosas políticas europeas. Resulta claro que, en la actualidad, los mercados financieros mueven trillones de dólares en inversiones y, de ellos, solo unos cuantos billones se movilizan teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad. Una estimación reciente atribuida a Moodys en el Financial Times cifraba en 250.000 millones de dólares las emisiones de bonos verdes en 2019 frente a los cerca de 50 millones de millones en que se estima el mercado de bonos global. Análisis de riesgos ESG e inversiones socialmente responsables son dos elementos que aún son poco relevantes en los mercados de capitales pero que agentes públicos como la futura Comisión quieren seguir impulsando con el objetivo de canalizar mayores inversiones privadas hacia actividades sostenibles.

Un paso importante para movilizar los mercados de capitales en este sentido ha sido la necesaria internacionalización de la labor desarrollada hasta ahora en el marco europeo. En un mercado donde los principales agentes analizan, participan e invierten sin restricciones geográficas, no tenía sentido que la Unión Europea quisiera desarrollar sus propias reglas sin, con ellas, influir en el funcionamiento de los agentes en sus distintos mercados. Por ello, coincidiendo con las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea lanzó el pasado mes de octubre la plataforma internacional de finanzas sostenibles (IPSF, International Platform on Sustainable Finance) con el apoyo de Argentina, Canadá, Chile, China, India, Kenia y Marruecos. Además, incluye como observadores a la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, la Red por un Sistema Financiero Sostenible, la Organización para la Cooperación Económica operación y desarrollo, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Iniciativa Financiera. El peso de los agentes participantes indica la relevancia del tema.

Esta iniciativa complementa al grupo de trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera (TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures) que persigue alertar a inversores sobre la necesidad de informar sobre riesgos financieros derivados de aspectos climáticos entre las empresas y demás agentes del mercado. Dicho trabajo se está convirtiendo en poco tiempo en una suerte de nuevo estándar de mercado que los distintos agentes atienen o reclaman. A septiembre de 2019, más de 860 organizaciones han expresado su apoyo al TCFD y sus recomendaciones. Esta actividad se ve reforzada por el trabajo de la red por un sistema financiero sostenible (NGFS), impulsada por los bancos centrales y supervisores, que persigue el desarrollo de herramientas para analizar riesgos climáticos en la banca y resto del sector financiero. Además, merece la pena resaltar una iniciativa adicional en este entorno: la coalición de ministros de finanzas para el cambio climático (CAPE). Esta pretende impulsar reformas fiscales para penalizar actividades no sostenibles o favorecer inversiones en determinadas actividades.

Todas estas iniciativas reflejan cómo, en los últimos años, bancos centrales, ministros de finanzas, partícipes de los mercados de capitales, instituciones financieras y demás agentes parecen estar alineándose en torno a un debate excelente y de gran actualidad relacionado con el rol de los distintos actores en la reducción de estos riesgos y, por ende, de la necesidad de seguir desarrollando actuaciones en materia de señales, incentivos y soportes para alcanzar una economía descarbonizada en las próximas décadas. Para algunos puede parecer una necesidad que todos los agentes contribuyan a alcanzar esta neutralidad de las emisiones, aunque para cambios decisivos y rápidos quizás la dependencia del poder ejecutivo sea elevada. Buena muestra de ello la ha dado el consejo del Banco Europeo de Inversiones al aprobar, hace unos días –tras una larga reunión no exenta de fricciones entre los socios comunitarios–, el fin de la financiación a combustibles fósiles a partir de 2021 y su conversión en el banco europeo del clima. Todos tienen un rol que desarrollar y esperemos que en la COP25 siga habiendo pasos firmes como los anteriormente señalados, que falta nos hace.