Enfrentarse a una pesadilla: desapariciones en México

La actitud del presidente de México, Enrique Peña Nieto, respecto a la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero me recuerda a la fe que tiene mi hija de 4 años en las tiritas. Ante cualquier mal (real o imaginario) que le surge, insiste en que le ponga una tirita —preferiblemente con dibujos—, tras lo cual, según ella, el alivio es inmediato.

Desgraciadamente, los males de México son bien reales y tienen la magnitud de un cáncer muy virulento. Aún así, el gobierno mexicano ha decidido optar por remedios caseros que no solo no curan, sino que en algunos casos incrementan el dolor de los mexicanos. Durante años, las personas han desaparecido en México como si fuera un agujero negro del cosmos y sin que nadie pareciera poder o querer hacer algo al respecto. En el informe Enfrentarse a una pesadilla: Desapariciones en México, Amnistía Internacional documenta 152 casos de todo tipo, con la característica común de que nadie ha encontrado a su desaparecido ni se ha hecho ningún tipo de justicia. Además, algunas familias nos han contado cómo han investigado más que las autoridades o cómo estas les han «aconsejado» que dejen de buscar a sus desaparecidos para evitar males mayores.

El caldo de cultivo de toda esta situación es la impunidad. Tras mucho trabajo de organizaciones locales e internacionales, se han conseguido algunos avances, pero es notorio que no han tenido un impacto real en el drama de que te desaparezca una persona querida.

Sin embargo, llegó el 26 de septiembre de 2014 y 43 estudiantes de de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro en Ayotzinapa, estado de Guerrero, desaparecieron sin que hasta el día de hoy se les haya encontrado ni vivos ni muertos para angustia de amigos y familiares. Ante la incrédula mirada internacional, han ido descubriéndose fosas comunes y restos de personas, como si fuera un fenómeno natural y de la tierra de Guerrero nacieran cadáveres espontáneamente.

Después de unos días dubitativo y ante el testimonio de personas que aseguraban que los estudiantes habían sido secuestrados por hombres armados no identificados que actuaban con la aquiescencia de las autoridades locales, el gobierno federal se puso a hacer algo. Entonces se produjeron detenciones y empezaron a buscar al alcalde de la localidad y a su esposa, porque resultó que eran conocidos sus vínculos con Guerreros Unidos, un grupo criminal que operaba en la zona. Esta información aparecía con normalidad en la prensa nacional e internacional, que mencionaba a dos hermanos de la mujer del alcalde, al parecer líderes de dicha organización criminal. También se contaba que la pareja había pasado de regentar una tienda modesta a convertirse en dueños y señores de Iguala. Y se hacía referencia al asesinato de dos estudiantes en la misma localidad en diciembre de 2011, según concluyó una investigación que fue cerrada sin apenas más resultados en mayo de 2014. Así que todo acabó como siempre: en la más absoluta impunidad.

Dado el mal funcionamiento del sistema de justicia y el visible conchabe de autoridades locales con criminales, no es de extrañar que los familiares tuvieran una desconfianza profunda de los sucesivos anuncios gubernamentales y declararan que no se creían nada no respaldado por evidencia científica de los expertos forenses extranjeros que trabajaban en las fosas descubiertas. Aún así, en medio de una profunda crisis de derechos humanos, el gobierno mexicano rechazó la asistencia técnica internacional ofrecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el presidente Peña Nieto se fue de gira por Asia para asistir al Foro de Cooperación Económica que se celebraba en Pekín, así como a la reunión del poderoso G20 en Brisbane (Australia). 

Ante tanta indiferencia, los familiares y allegados han conseguido mantener viva la llama de la movilización, tanto en redes sociales como en la calle, a pesar de la flagrante falta de humanidad de las autoridades del país que, sin aportar ninguna prueba más que unas supuestas confesiones de detenidos, han dado por muertos a los estudiantes, incluyendo además todo tipo de detalles macabros de cómo pudieron ser sus últimas horas. En México se han sucedido las vigilias, eventos y manifestaciones masivas. Alguna de estas protestas, por cierto, ha derivado en denuncias de torturas y cargos exagerados contra manifestantes.

Peña Nieto anunció a finales de noviembre varias medidas, como por ejemplo la reorganización de la policía local, el desarrollo de legislación que permitirá a las autoridades federales asumir el control de los ayuntamientos cuando haya indicios de que actúan bajo las órdenes del crimen organizado o el despliegue de más fuerzas armadas a zonas de conflicto. Que se tomen medidas es bueno; sin embargo, la policía de México se ha reestructurado varias veces, nuevas leyes se han puesto en marcha, los políticos han ido y venido, y la situación no ha mejorado. 

El origen de todo es nuevamente el clima de impunidad: la que hacía que todo el mundo supiera que el alcalde tenía amistades peligrosas y que no se hiciera nada, la que cerró la investigación sobre los dos estudiantes muertos en Ayotzinapa en 2011, la que hace que en primera instancia se deje en manos de la Procuraduría de Guerrero la búsqueda de los desaparecidos pese a las denuncias de posibles vínculos con bandas delictivas y a la reiterada falta por su parte de investigaciones efectivas sobre las violaciones graves de derechos humanos que estaban ocurriendo delante de sus ojos.

Más de dos meses después, seguimos sin saber dónde están los estudiantes de Ayotzinapa. De la calidad de la información que lleguemos a tener sobre ellos, podremos juzgar si las autoridades mexicanas están afrontando con seriedad la enfermedad o siguen con la estrategia de las tiritas de colores. Estamos expectantes.