El Imperio Invisible

La falta de transparencia y de fuentes fiables envuelven el entramado empresarial chino en Europa, un búnker por el que desfilan miles millones y del que sabemos muy poco. Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araújo, autores del Imperio Invisible (Editorial Crítica), analizan los vínculos entre su éxito empresarial y la criminalidad económica.

En España, la voluntad del Ejecutivo y de algunos sectores diplomáticos y empresariales de cerrar filas en torno a China, a la que consideran la nueva potencia amiga, lo impregna todo. No cabe duda de que China ha sabido atacar oportunamente los nichos que ofrecía el mercado en cada momento. Los primeros en llegar apostaron por los restaurantes asiáticos, que se expandieron a gran velocidad hasta el punto de que el 98% de las poblaciones españolas de más de 10.000 habitantes cuentan hoy día con al menos un restaurante chino.  Saturado el sector de la restauración, el textil y —sobre todo— el negocio del import-export brindaron también nuevas y formidables oportunidades. La importación de mercancías desde China, de hecho, ha sido el gran motor que ha alimentado la expansión del sector minorista chino en España, primero con bazares y más tarde con tiendas de calzado, ropa y complementos. En los últimos años han dado el salto a otros negocios: supermercados, peluquerías, autoescuelas, tiendas de fotografía, bares y un largo etcétera. Negocios todos ellos que, según las fuentes policiales y tributarias españolas y europeas a las que hemos tenido acceso, funcionan gracias a la financiación presuntamente concedida por conocidos hombres de negocios de su misma nacionalidad. Préstamos —muchas veces— en condiciones de usura con dinero negro proveniente de las más diversas actividades ilícitas.

Al calor del negocio import-export los polígonos industriales de Cobo Calleja, Carrús (Elche) y Grand Land (Badalona sur) han sido los centros neurálgicos de la actividad económica china en España. Todos ellos han sido golpeados por la policía en distintas operaciones ya mucho antes de que estallaran las macrorredadas de 2012 y 2013. De todos, Cobo Calleja, donde hay unas 400 naves en manos chinas y donde Gao Ping, Luis Ye y muchos otros tenían su base de operaciones, ha sido el kilómetro cero de la criminalidad china en nuestro país. El polígono, visitado a diario por compradores de toda Europa, es el centro de distribución de mercancía china para miles de bazares que se estima que hay en España. Dado que la distribución de dichas mercancías está monopolizada por un puñado de distribuidores que las importan haciendo trampas, los propietarios de los bazares se ven abocados —si desean ser abastecidos— a jugar con las reglas de juego de sus suministradores: fundamentalmente comprar y vender en negro, propagando con ello el fraude fiscal. Sin embargo, ello les procura también un precio imbatible. Como dos caras de una misma moneda, los bazares son víctimas y a la vez beneficiarios de las ilegalidades que salpican el negocio import-export con China.

La mayor complejidad reside, sin duda, en tratar de comprender qué grado de participación, directa o indirecta, tiene en esta criminalidad económica el resto de la comunidad china. Es desde luego una obviedad, pero queremos remarcar el hecho de que no se puede meter a toda la comunidad china en el mismo saco. Fundamentalmente porque no sólo existen muchos perfiles distintos de emigrante, sino porque muchos de ellos llegaron a Europa con el legítimo derecho de prosperar en la vida; y, sin duda, muchos de los que lo consiguieron fue fruto exclusivamente de su honesto y duro trabajo ejecutado dentro de los márgenes de la legalidad. Pero, al mismo tiempo, es también incuestionable que el crecimiento de la comunidad china y la progresión de la economía étnica están estrechamente vinculados a esas actividades delictivas y a esa particular forma de entender la vida y los negocios. Lo confirman expertos reconocidos como Antonia Ceccagno, que lleva décadas trabajando sobre el terreno en Prato. «No hay duda de que la ilegalidad e incluso los episodios criminales atribuidos a ciudadanos chinos son un fenómeno consistente, extendido y en crecimiento».

Por ponerlo de otro modo: ¿resistirían los restaurantes chinos que no emplearan mano de obra prácticamente esclava proveniente de la emigración ilegal? ¿Cuál sería la ventaja competitiva de los bazares chinos si su mercancía hubiera estado sometida a la fiscalidad debida? ¿Habrían proliferado tantos negocios minoristas chinos si, en medio de la actual iliquidez bancaria, no hubieran tenido a su disposición una financiación que tiene su origen en el contrabando, el fraude fiscal y otras actividades ilícitas que cometen otros compatriotas? Estas cuestiones no pueden deslindarse de la brutal crisis que sufre España, la cual entra en su sexto año, y que ha triturado nuestra economía y arrastrado a millones de personas a una situación desesperada. Siendo francos, debemos admitir que a lo largo de esta investigación no hemos sido capaces de dar con una respuesta empírica e irrefutable a las preguntas anteriores. Pero, al mismo tiempo, según nuestras pesquisas podemos concluir en buena lógica que parte de la explicación de por qué florecen tantos negocios minoristas chinos cuando sus competidores españoles se ven abocados al cierre, puede estar precisamente en el hecho de que en muchas ocasiones la inversión inicial de esos nuevos negocios proviene de personajes que amasaron su fortuna ilegalmente. Y, dicho sea de paso, otro tanto podría estar ocurriendo en la compra, a tocateja y pagando muchas veces una prima, de activos inmobiliarios por toda nuestra geografía.

Ello no convierte a los emprendedores minoristas en cómplices, pero he aquí una explicación convincente a lo que muchos españoles se preguntan todos los días. En estas circunstancias, no podemos dejar de cuestionarnos también qué valor añadido aportan los chinos a nuestra economía o qué impacto tienen sobre su competencia española. Hay académicos, políticos y periodistas que creen que los chinos no hacen otra cosa que generar riqueza en los países de acogida gracias a sus cualidades emprendedoras e instinto comercial, aunque dicha aseveración no suelen apoyarla con evidencias empíricas más allá de la manida referencia al número de autónomos chinos afiliados a la Seguridad Social o el aumento de la tasa de bancarización entre la comunidad, como si ello implicara que declaran todo lo que importan y los beneficios generados, o que rehúyen emplear mano de obra ilegal. Más allá del tópico, ponemos sobre la mesa un interrogante con una mayor carga de profundidad: si las mercancías son chinas, si la importación la hace una empresa china, si sobre dichas mercancías no pagan los impuestos y aranceles que deberían, si el empleo que generan es fundamentalmente para chinos, si ese negocio se canaliza a través de un circuito mayoritariamente en negro, y si los beneficios obtenidos evaden el fisco y se blanquean para poder reinvertirse en China y volver a nuestro país como nuevos productos que reanudan el ciclo, ¿qué nos queda?

No son los únicos culpables. En esa empresa de cometer fraude, de evadir y blanquear están asistidos por un elenco de colaboradores españoles, imprescindibles todos ellos —desde abogados, fiscalistas y contables a gestores de Aduanas, testaferros y funcionarios corruptos— para perpetuar sus actividades criminales, crear estructuras jurídicas para cometer delitos y para tratar de salir inmunes.