Transparencia

¿Quién velará para que se cumpla la Ley de Transparencia?

El Ejecutivo accede a que el órgano que vele por el cumplimiento de la Ley de Transparencia no sea finalmente la denominada ‘Agencia de Transparencia’.

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30
May
2013

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Europa Press | Daniela Coello

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Ejecutivo va a acceder que el órgano que vele por el cumplimiento de la Ley de Transparencia no sea finalmente la denominada ‘Agencia de Transparencia’ que prevé el proyecto gubernamental, sino que se sustituya por un ‘Consejo de Transparencia y Buen Gobierno’ «con mayor independencia y especialización«.

De esta forma, el Ejecutivo da respuesta a la queja de todos los grupos por la excesiva dependencia del Ejecutivo del órgano que se proponía en el texto aprobado en Consejo de Ministros. Además, ha confirmado que la Casa Real y el Banco de España serán incluidos expresamente en la norma a petición de ambos, dando así satisfacción también a las peticiones de la oposición.

Sáenz de Santamaría ha avanzado estas novedades durante el debate de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de Ley de Transparencia. Durante su intervención ante el Pleno del Congreso, ha tendido la mano a los grupos para alcanzar consensos en la tramitación parlamentaria. «Hay una voluntad del Gobierno de llegar al acuerdo más amplio posible con todos los grupos y les ofrezco que trabajemos juntos», ha proclamado.

Casa Real

En línea con la resolución aprobada en el Debate sobre el estado de la Nación, Santamaría ha destacado que se incluirá en el ámbito de aplicación de la ley a los partidos, las organizaciones empresariales y sindicales y a «aquellas entidades e instituciones» que se financien esencialmente a través de dinero público».

Así, ha señalado que la Casa Real se someterá al «mismo régimen de transparencia» que el Congreso, el Senado o el Tribunal Constitucional. Se trata, ha proseguido, de un «avance impulsado activamente por la Monarquía» que hará que España tenga la «primera ley» de Transparencia en Europa que «incluye explícitamente a la Casa Real».

«Hasta ahora, la Casa del Rey, como otras, se autoexigían criterios de transparencia, pero nuestra Monarquía será la primera en someterse como otras instituciones a una obligación legal de transparencia«, ha enfatizado.

Además, ha adelantado que se incluirá al Banco de España, que será «mencionado de forma expresa» en la ley, tal como pidió la propia institución o el BNG. En el caso de las entidades privadas que reciban una «financiación pública relevante», ha admitido que corresponderá a los grupos definir los porcentajes o cuantías mínimas.

Ante la demanda de algunos grupos para que la Iglesia sea incluida entre esas entidades que reciben dinero público, la portavoz no ha aclarado si estará o no sometida a esta norma. «Se aplicarán criterios objetivos», ha asegurado. Después, en una charla informal con periodistas, ha indicado que la ley no va a citar a todas las instituciones o entidades privadas, sino que sólo citarán cuantías o porcentaje.

Contratos, subvenciones y sueldos

Sáenz de Santamaría ha avanzado que la Ley de Transparencia, que irá acompañada de la puesta en marcha de un Portal de la Transparencia, permitirá obtener información relativa a contratos, subvenciones, convenios y retribuciones de altos cargos. Ante la duda sobre si, dentro de esa información relevante debe incluirse el perfil profesional de los responsables de los diferentes órganos públicos, ha dicho que «promoverán su inclusión expresa en la ley», como reclaman algunos grupos.

Tras las quejas de varios grupos por los límites que se establecen al derecho de acceso a la información, ha mostrado su disposición a hablar pero ha señalado que si se analiza el derecho comparado, el texto del Gobierno es similar. «Estoy dispuesta a analizar este asunto y sentarme con los grupos», ha ofrecido.

Sobre la petición de algunos partidos para convertir en derecho fundamental el acceso a la información, se ha remitido a las sentencias del Constitucional y el Supremo y ha recordado que habrá un órgano que vigilará que se cumpla esa petición de información.

En cuanto al silencio negativo, Santamaría ha indicado que la regulación es similar a las legislaciones de otros países del entorno y, ante las peticiones de algunas formaciones para que haya ‘silencio positivo’, ha dicho que la administración es «limitada en sus medios, recursos y funcionarios» y «hay que encontrar un equilibrio».

El Consejo de Transparencia

La portavoz del Ejecutivo ha explicado que el Gobierno, siguiendo el principio de austeridad y para evitar la proliferación de órganos, había optado por atribuir a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios la tarea de velar por la aplicación del principio de transparencia.

Sin embargo, ha admitido que, dada la «relevancia» que la transparencia ha ido tomando en el debate político y en la «exigencia ciudadana», se impulsará su transformación en un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con los perfiles de «mayor independencia y especialización que exige el espíritu de esta ley».

Aún no está cerrado cómo se nombrará a los miembros de ese Consejo, pero fuentes del Ejecutivo apuntan a que será similar a los nombramientos de las comisiones nacionales.

Sancionar a los cargos

Ante los reparos de los grupos nacionalistas por la invasión de competencias en el capítulo dedicado al ‘buen gobierno’ -por la facultad que se concede en el texto del Ejecutivo a Hacienda para sancionar o incluso cesar a alcaldes-, la ministra ha subrayado que al Ejecutivo «le preocupa el que se sancione y se persiga», «no tanto quien lo haga».

«No queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras», ha dicho, para añadir que se aprovechará la creación de la Autoridad Fiscal independiente y el refuerzo de otros organismos de fiscalización para garantizar la eficacia de la Ley de Transparencia.

A lo largo de este extenso debate, que ha durado más de tres horas, Sáenz de Santamaría ha insistido en su voluntad de pactar esta norma, ya que, según ha dicho, lo que quiere el Gobierno es que sea una «ley de todos».

En opinión de Santamaría, esta ley marcará «un antes y un después» en el funcionamiento de las instituciones y las administraciones. «Es una ley necesaria e inaplazable», ha aseverado, tras reprochar a algunos grupos que urjan a aprobar esta ley cuanto antes pero al mismo tiempo presenten una enmienda de devolución al Ejecutivo. «Me parece incoherente e incongruente», ha aseverado.

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