¿Por qué no suprimen también las ayudas a los partidos?

Son tiempos, para todos, de duros recortes. Educación, sanidad, seguridad, cooperación al desarrollo, medio ambiente, discapacidad, cultura… Si nada se libra de los recortes, ¿por qué los españoles seguimos pagando con nuestros impuestos 7,2 millones de euros para sufragar los gastos de las fundaciones que operan al calor de los partidos políticos?

Si tenemos en cuenta que estas entidades funcionan de forma partidista y que, además, sus organigramas son el reflejo del clásico sistema de pago de favores de los partidos, es normal que algunas organizaciones respetables pongan en duda su mantenimiento con dinero público.

Es el caso del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (Cermi) que ha propuesto eliminar las ayudas a las fundaciones de los partidos políticos en favor de programas de atención a la discapacidad.

Es el Cermi es quien ofrece el dato de los 7,2 millones de euros que pagamos para mantener a  las fundaciones de los partidos políticos con representación parlamentaria. «Con esta cuantía se podría mantener el personal que atiende a personas con discapacidad sufragado a través de las subvenciones de mantenimiento de centros de asistencia para el colectivo durante varios años», señala esta organización en un comunicado.

CERMI,que representa a más de 450.000 personas con discapacidad en la región, asegura que «no quiere entrar a discutir sobre la idoneidad de las partidas a las que se destinan estas subvenciones, aunque sí indica que la base social de nuestro país se tambalea y no sólo la sociedad tiene que poner de su parte, también nuestros políticos, quienes nos piden un importante esfuerzo para salir adelante».

El Comité subraya que las ayudas concedidas por los ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores a las fundaciones de los partidos son para «actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, o la financiación de actividades de formación, consolidación y difusión del sistema democrático«.

Afirman que con ese cambio en la financiación, podrían paliarse los efectos de la crisis económica en los agentes que trabajan con personas discapacitadas. La bonanza económica podía mantener el anterior sistema, pero actualmente «el sostenimiento de un sistema social debe ser prioritario», según dicha nota.

Para el Comité, los derechos de todos los ciudadanos se están restringiendo y recortando. Algo «inconcebible» mientras se destinan millones de euros para asuntos de los que no se conocen los beneficios para el país «en una situación tan trágica como la que a día de hoy viven millones de familias».