Transparencia

Inhabilitación para los cargos públicos que falseen cuentas

Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa.

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17
marzo
2012

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Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que establecerá también baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales.

La norma prevé un «código de buen gobierno con rango legal» que incluye «principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones porque se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal«, por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones.

Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha indicado que las infracciones consideradas «muy graves y algunas graves» por el anteproyecto de ley podrán llevar a la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y diez años.

Además, en el caso de «verdadero falseamiento u ocultación de datos de naturaleza contable, la conducta será constitutiva de delito, pudiendo ser penada con la inhabilitación por diez años y la correspondiente multa».

Además, el anteproyecto de ley fija un «primer paso» hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año.

Para fijar estos baremos, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño de la misma y sus circunstancias económicas o administrativas.

No afecta a Casa Real

La nueva ley no afectará a la Casa Real por no tratarse de una administración pública, ha aclarado Saénz de Santamaría, tras la moción aprobada por el Parlamento navarro, que insta al Ejecutivo español a que incluya en la ley «los mecanismos legales que resulten oportunos» para conocer las asignaciones y el patrimonio de cada miembro de la Casa Real.

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