La morosidad pública también se ceba con las ONG

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Pablo Blázquez

Las entidades sociales se han agrupado para exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que el Tercer Sector no quede excluido del cobro de las deudas de las Administraciones Públicas dentro del plan que el Ministerio de Economía y Competitividad ha trazado para impulsar los pagos a proveedores.

Esta petición surge a raíz de las condiciones marcadas en la nueva línea de créditos ICO para el pago a proveedores, que excluyen el pago de deudas generadas por los convenios o las subvenciones, y ha sido planteada por las entidades del Grupo Compartir, integrado por Ecodes, Fundación Tomillo, Conama, RAIS Fundación y Fundación Hazloposible.

«Esto dejaría en una grave situación al conjunto de las organizaciones del Tercer Sector, ya que parte de sus ingresos proceden de subvenciones o convenios suscritos con las Administraciones Públicas», explica a Ethic Cristina Monge, directora de Operaciones de Ecodes.

Según argumentan, esta medida «tendría graves repercusiones» sobre un sector que, sólo teniendo en cuenta a las organizaciones de acción social,  da empleo a más 530.000 personas, un 2,7% del mercado laboral, y que representa el 1,69% del PIB, según datos del Anuario del Tercer Sector de Acción Social 2010.

«Estas cifras dan idea de las repercusiones que tendría sobre el empleo y la calidad de los servicios que prestan las entidades el tener que soportar los retrasos en el cobro de los convenios y las subvenciones por parte de Ayuntamientos. Para el Tercer Sector en su conjunto, supondrá un estrangulamiento financiero difícilmente sostenible y con graves consecuencias», añade Monge.