El debate en torno a la inmigración suele girar -tanto en España como fuera de nuestra fronteras- en torno a un cúmulo de tópicos, pasiones y no menos prejuicios. Es una tendencia que se recrudece en tiempos de crisis. Históricamente, los periodos de dificultades económicas siempre han agudizado los sentimientos de rechazo al trabajador migrante, que es percibido como un competidor ilegítimo en el mercado de trabajo que devora los escasos recursos del Estado.

Los fantasmas de la xenofobia y el racismo vuelven a recorrer las entrañas de Europa. Los líderes europeos entierran el Tratado Schengen, en Finlandia triunfa el partido ultra Verdaderos Finlandeses (que, además de racista, se opone al rescate financiero de países como Grecia o Portugal), la extrema derecha en Francia se rearma con un nuevo rostro victorioso y amenazante, el de Marine Le Pen, hija de Jean Marie, el veterano fundador del Frente Nacional, y en España la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) quintuplicó sus votos en las elecciones del 22-M hasta llegar a los 67 concejales gracias, fundamentalmente, al apoyo recibido en zonas del cinturón industrial de Cataluña.

“El contraste es notable: mientras los líderes europeos salen corriendo despavoridos al grito de ‘¡que vienen!’, Egipto y Túnez hicieron frente estoicamente a 600.000 refugiados de la guerra de Libia sin hacer aspavientos y con muy poca ayuda internacional”, recuerda el profesor de Ciencia Política de la UNED José Ignacio Torreblanca.

¿Pero que ocurre en España, un país realmente sacudido por los embistes de la crisis? ¿Más allá del caso Anglada, existe la certeza de que a nivel nacional haya aumentado el rechazo a los inmigrantes? La respuesta sería que sí, al menos si nos atenemos a los datos que refleja uno de los estudios más exhaustivos sobre la materia en nuestro país: el informe “Inmigración y Estado de Bienestar en España”, realizado por la Fundación La Caixa.

“Se ha producido un aumento de actitudes de rechazo, aunque no hay certeza de que esto sea por la crisis. Se puede plantear que sí pero no se puede decir con seguridad”, explica a Ethic el autor del estudio, Francisco Javier Moreno, científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Los inmigrantes en España, que representan un 12,17 por ciento de la población (más de 5,7 millones de personas), aportan al Estado del bienestar más de lo que reciben y sólo son responsables de un 5,6 por ciento de la utilización de los servicios sociales, especialmente de sanidad y educación, según el citado informe.

Esta investigación pone de manifiesto que argumentos como el abuso del sistema de protección social por parte de la población inmigrante, esgrimidos por más de la mitad de los españoles, «están injustificados», según advierte el director general de la Fundación la Caixa, Jaime Lanaspa.

Moreno insiste en que  “la contribución de los inmigrantes es muy superior, es decir, aportan más de lo que reciben”. “No es una conclusión novedosa pero contradice a ese conocimiento común que circula y está bien remarcarlo. La inmigración ha contribuido mucho al desarrollo económico de España”.

Incluso los inmigrantes que están en España en situación irregular contribuyen al sistema al pagar impuestos indirectos, dinamizar el consumo y realizar tareas que permiten a las mujeres autóctonas incorporarse al mercado laboral, según las conclusiones del informe.

Sin embargo, la crisis ha castigado duramente a estos colectivos, que en la actualidad sufren tasas de desempleo superiores al 30 por ciento, en comparación con un nivel de paro del 18 por ciento entre los autóctonos.

En la actualidad, una parte de sus oportunidades de trabajo radica en la economía sumergida, que según algunas estimaciones podría llegar a representar más del 20 por ciento del PIB de España.

La juventud y altas tasas de actividad de los inmigrantes han sido también determinantes para elevar la proporción de cotizantes sobre pensionistas a cerca del 2,5 por ciento, lo que ha retrasado en casi cinco años la previsible entrada en déficit del sistema español de pensiones.

Además, la llegada de extranjeros ha paliado los efectos del progresivo envejecimiento poblacional de España y ha garantizado temporalmente el sostenimiento del sistema de pensiones.

El estudio subraya que casi el 30 por ciento de los inmigrantes son pobres, frente al 18 por ciento de españoles, pero sólo un 6,8 por ciento de las intervenciones de los servicios sociales se dirigen a ellos, y la mayoría son de carácter informativo.

La lista de nacionalidades de inmigrantes residentes en España está encabezada por los procedentes de Rumanía (840.682), seguidos por marroquíes (757.809), ecuatorianos (369.692) y colombianos (222.061), según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).

Claves para entender el fenómeno de la inmigración:

· El 12,17% de la población de España, más de 5,7 millones de personas, es  inmigrante. Nuestro país se ha convertido en el segundo Estado miembro de la  Unión Europea por número de residentes extranjeros.

· Menos del 1% de los perceptores de pensiones son extranjeros (de ellos, más  de la mitad son europeos). Se calcula que la alta tasa de actividad de  los inmigrantes contribuirá a retrasar en cinco años la entrada en déficit del  sistema de pensiones, además de frenar el envejecimiento poblacional.

· Los inmigrantes consultan un 7% menos al médico de cabecera y un 16,5% menos al especialista, aunque recurren un 3,2% más a los servicios de urgencias. Actualmente la proporción del gasto sanitario que absorben equivale a poco más del 5% del total.

· El 30% de los inmigrantes en España son pobres, frente al 18% de autóctonos que se encuentran en esta situación. No obstante, sólo un 6,8% de las intervenciones de los servicios sociales se dirigen a la población inmigrante.

· El 50% del superávit de las finanzas públicas en los años de mayor crecimiento correspondió a contribuciones sociales aportadas por la inmigración. Sin embargo, la crisis ha castigado duramente a este colectivo, que en la actualidad sufren tasas de desempleo superiores al 30%.