La batalla política se libra en Twitter

Artículo

Antoni Gutiérrez-Rubí

@AntoniGR

La comunicación política y electoral se ha modificado −drásticamente− con la hegemonía del ecosistema digital en la creación de la agenda pública y de sus marcos de interpretación. También, con la irrupción de la ciudadanía (organizada o no) en la fiscalización, monitorización e intervención en la vida pública y política.

Los políticos se han vuelto hipocondríacos en relación a su visibilidad, reputación e interacción social: miden y miran sus redes compulsivamente, conscientes de su vulnerabilidad y de las oportunidades. Los medios han encontrado un nuevo género informativo: la crónica digital de la política, de los políticos y de los partidos. El time line se ha convertido en un fortín para propios; en una trinchera para los convencidos y adversarios; en un terreno minado para ingenuos o imprudentes, y, finalmente, en un fuego cruzado −o amigo− para el debate en campo abierto.

«La industria de las ‘fake news’ y la robotización de la interacción están reduciendo la comunicación política a los algoritmos»

El caso de las redes sociales y los partidos políticos es un ejemplo más de la adaptación de actores públicos a la nueva realidad digital. Las empresas hace tiempo que tomaron nota, con eficacia. La mayoría de las organizaciones políticas (y, muy tímidamente, las sindicales) han adoptado estrategias para obtener el máximo impacto con su mensaje en las diferentes redes. En definitiva, han ejercido acción política en canales donde no hay unas reglas de juego tan marcadas como en los medios tradicionales. Además, han descubierto el tesoro oculto del data mining (minería de datos) y sus enormes posibilidades para segmentar mensajes y establecer vínculos y patrones, creando burbujas de reverberación de fuerte rendimiento electoral o social.

Hoy, los partidos tienen que gestionar no solo las relaciones con sus simpatizantes y ciudadanos interesados en sus propuestas, sino también con aquellos más críticos con sus tesis que, además, se pueden escudar en el anonimato o en perfiles falsos. La posverdad, la industria de las fake news y la robotización de la interacción están reduciendo la comunicación política a los algoritmos, los bots, y la programación o profesionalización de la comunicación personalizada. La descentralización del poder es una consecuencia de la globalización que se reproduce en las redes sociales: los partidos no pueden controlar los mensajes de muchos de sus miembros ni sus respuestas a posibles ataques.

En este contexto denso, el debate sobre los límites y los retos de las redes sociales para democratizar lo político y lo público no para de crecer. Y de preocupar (ya se habla sin rodeos de regular la conversación digital). La discusión está abierta y no son pocas las voces que nos alertan de que la cultura democrática se puede fortalecer −aunque también debilitar− por el ecosistema digital y la hegemonía de las plataformas que actúan como oligopolios. Se habla, con intenciones muy diversas y a veces contradictorias, de rebelión contra las redes sociales. Es por eso por lo que algunos partidos políticos han empezado a diseñar protocolos de actuación en estos nuevos escenarios.

«El caso de las redes sociales y los partidos políticos es un ejemplo más de la adaptación de actores públicos a la nueva realidad digital»

Un ejemplo de esta tendencia es la propuesta de Odón Elorza y su decálogo de buenas prácticas en las redes del PSOE, en el que plantea diez puntos centrados en la cohesión del mensaje, el comportamiento de los militantes y simpatizantes, y la voluntad de ser creativo y no reproducir roles tóxicos. Generar una coherencia discursiva, no caer en provocaciones de los contrincantes e impulsar un debate constructivo son algunos de los objetivos que persiguen estos protocolos o decálogos impulsados por los equipos de comunicación de los partidos.

Otro interesante trabajo es el documento Derechos y obligaciones de los ciudadanos/as en el entorno digital, publicado recientemente por la Fundación Alternativas. El documento, aunque se detiene «en los impactos que la digitalización de la sociedad produce en los derechos más fundamentales de las personas», aborda con lucidez y precisión cómo «la sociedad digital ha supuesto una transformación radical en todos los ámbitos de nuestras sociedades y ha obligado a reconfigurar los derechos y las obligaciones de la ciudadanía».

El debate sobre las oportunidades –y los riesgos– para profundizar en nuestra cultura democrática o en la calidad de nuestra política, en un contexto hipersaturado digitalmente, está creciendo en todos los ámbitos. Corremos el riesgo de que el diálogo digital se reduzca a una cadena de monólogos y a prácticas de conversación que acaben siendo colonizados por haters, dejando yermo y estéril el ecosistema digital. Estamos en un momento decisivo que puede ser, también, la puerta trasera y falsa para que se vacíe de energía civil y transformadora, con una regulación, privatización o condicionalidad de la libertad en Internet, en defensa –paradójicamente– ¡de la libertad!

Antoni Gutiérrez-Rubí es asesor de comunicación y fundador de Ideograma