En este momento estamos experimentando la fragilidad de la vida humana hasta el fondo. Esta situación contrasta con toda esa ideología de Silicon Valley de que los seres humanos vamos a acabar con la muerte y que la vejez es una enfermedad que superaremos. La pandemia nos demuestra, una vez más, que no somos esos seres absolutamente poderosos, sino todo lo contrario: somos frágiles, vulnerables. La impotencia no se da solo en el nivel local, sino en el global. El cambio climático es un gran problema, pero hay unas voluntades que se oponen a tomar medidas contra él. En el caso de la pandemia no es cuestión ya de voluntades: los mejores científicos están buscando, desde hace meses, fármacos y vacunas, y no se encuentran. Esa sensación nos demuestra una vulnerabilidad radical que nos cambia la vida, porque nadie estaba preparado para hacer frente a una situación semejante. Pero, frente a la impotencia, lo único que podemos hacer es desarrollar solidaridad.

A pesar de todo, no ha supuesto un gran aprendizaje. Ha sido una experiencia, pero no hemos aprendido nada y eso me preocupa. En su momento, la Fundación Étnor analizó lo que habíamos aprendido de la crisis de 2008 y llegamos a la conclusión de que seguíamos haciendo exactamente lo mismo que antes. Ahora es más de lo mismo: seguimos con las actitudes de siempre, también en el nivel político y económico. Con las tasas de desempleo, las desigualdades, las gentes recogiendo comida, los autónomos que vienen de una situación verdaderamente dramática… Y las actitudes no han cambiado en absoluto. Habría que hacer una especie de SOS general para que aprendiéramos algo.

El nacionalismo es un sálvese quien pueda. Funciona en el mundo porque hay muchos retos globales y una visión de conjunto muy potente: los seres humanos están moviéndose de un lado para otro y no saben nunca quién les está gobernando realmente. George Santayana decía que la paradoja de todas las alianzas internacionales es que implican ser gobernados, en parte, por extranjeros. Uno de los desafíos de la UE es convencer a la gente de que se deje gobernar por extranjeros como imprescindible de una alianza internacional. En otros casos, el nacionalismo simplemente rechaza el tener que someterse a cualquier otro o a intereses contrarios. El nacionalismo es siempre cortoplacista: intenta salvar, en un momento determinado, un núcleo que creemos controlar en un mundo que ya no controlamos. Como todo cada vez es más incontrolable, nacen teorías de la conspiración global y cada cual se refugia en su casa, en su familia, en lo que conoce.

Los nacionalismos vienen de Estados nación hipertrofiados que los convierten en una forma de autodefensa frente a problemas internacionales. Pero, en el caso de España, el separatismo es disolvente, amenaza la propia estructura del país. Realmente es un problema de otra trascendencia. La pandemia ha demostrado que la humanidad puede estar muy diferenciada por cuestiones folclóricas, culturales o de intereses económicos contrapuestos, pero hay males globales, una naturaleza común y unas enfermedades que no reconocen países ni razas. El coronavirus seguirá arrastrando los mismos problemas nacionalistas, que en España no se han visto afectados. El nacionalismo, que en el mundo es un obstáculo, en nuestro país es un cáncer.

La pandemia nos pone delante de la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano. Debería ser una lección de humildad contra un mundo muy individualista, arrogante y autosuficiente. Un problema de salud pública como este nos hace ver la necesidad de cuidarnos mutuamente, de tener en cuenta al otro. No vale decir “yo hago lo que quiero con mi salud y con mi vida”, porque lo que uno haga repercute en los demás. Es fundamental asumir el valor del cuidado como un cambio en la manera de entendernos a nosotros mismos, de relacionarnos y de pensarnos menos como individuos. Tenemos el deber de cuidar y el derecho a ser cuidados cuando hace falta. Relacionado con esto está la escolarización: nos hemos dado cuenta de que la escuela es fundamental, no solo porque enseña, sino porque socializa, iguala y cuida. Algunos docentes rechazan esto último como obligación propia, pero yo reivindico que la escuela también es una forma de cuidar, distinta pero necesaria.

Estos meses hemos visto que es importante que un Gobierno piense en el interés general y también que el sistema público sea potente, con buenos profesionales –que ya los tenemos– que puedan gestionar de una forma eficaz y eficiente y que tengan recursos suficientes. Hay una serie de necesidades, que son básicas, a las que les hemos venido dando muy poca importancia, y la prueba es que los servicios esenciales que las atienden son los peor retribuidos. El servicio de limpieza, el de los cuidados de personas dependientes y de niños, el de transporte, el de abastecimiento de alimentos, la policía… todos son fundamentales, pero no son los que tienen un reconocimiento mayor en la sociedad, y no hablo solo de retribución salarial. Es importante decir que les necesitamos porque, además, no son sustituibles por máquinas.

Las democracias ya no mueren por golpes de estado, ni asesinadas en público, sino que lo hacen a cámara lenta. Y el suicidio de los dos grandes modelos democráticos –el brexit y el de Estados Unidos– nos dice que las instituciones son lo que importan, pero te las puedes cargar a cámara lenta hasta que un día te levantas y descubres que en tu país ya no hay separación de poderes, ni medios de comunicación independientes. El problema es que tanto los autócratas como los iliberales se han vuelto mucho más sofisticados y se disfrazan de demócratas. El reto está en defender la democracia de los que la quieren matar en su propio nombre. No estábamos tan preparados para, como demócratas liberales, aceptar una democracia disminuida en la capacidad de decisión, y convencer a la gente de que es más democrática que una en la que se puede decidir sobre todos los aspectos. Es un pensamiento popularmente contraintuitivo: ¿cómo se hace esa pedagogía de decirle a la gente que es menos democrático un país donde se puede decidir sobre todo? El único adjetivo que va con democracia es liberal, las demás –orgánica, islámica, popular…– son solo adjetivos que la subvierten

Hoy es más fácil reconocer a un partido populista porque lleva democracia o libertad en el título, pero este disfraz y barniz democrático, incluso de defensa de derechos, como Marine Le Pen en Francia, a mí me preocupa. No terminamos de saber defendernos de una forma fuerte. Lo hemos visto con el procés, por ejemplo: te preguntan por qué se restringe un derecho, pero la respuesta no es otra que se está garantizando. Tenemos que encontrar una manera de explicar las cosas.

Esta crisis deja una sensación de vulnerabilidad, de falta de confianza en los instrumentos convencionales de gestión económica: han fallado y ha sido necesario apelar de forma imprevisible a los poderes públicos. Se han puesto patas arriba incluso esquemas conceptuales: por ejemplo, nunca hubiéramos pensado que Alemania fuera el país que más recursos públicos iba a utilizar. Aun cuando haya una recuperación, seguirá existiendo una sensación de precariedad y vulnerabilidad: en veinte años hemos sufrido las dos crisis más severas de la historia de la humanidad desde la Gran Depresión. El concepto de interdependencia se ha puesto encima de la mesa de forma absolutamente explícita. Una consecuencia a medio plazo será esa globalización más pautada, con dudas, con límites, que ya antes de la pandemia la administración de Trump se encargó de adulterar, cuestionando las organizaciones multilaterales o aumentando los aranceles a las importaciones. En cambio, deberíamos defender una globalización gobernada por esas organizaciones que ninguneaba Trump.

El sistema económico está aquí para quedarse, y ya ha generado algunos mecanismos de autodefensa que van a hacerlo mucho más habitable. Tres meses antes de la pandemia, la Business Roundtable –la organización empresarial más ortodoxa del mundo– admitía que las empresas pueden tener funciones multipropósito, es decir, que la habilidad de la calidad de la función empresarial está en compatibilizar el beneficio con otra serie de objetivos, como la atención a la comunidad en la que trabaja, a los propios trabajadores y a los stakeholders en general. No hay que reindustrializar España, pero hay que cambiar la forma de crecer. Con el fondo de recuperación de la UE, que obliga a acelerar la transición energética y a recuperar el tiempo perdido en digitalización, vamos a disponer de ayuda para iniciar una modernización de nuestra economía.

Es necesario asumir la velocidad vertiginosa a la que cambian las sociedades. Eso es lo que está pasando con las cuestiones relacionadas con la transición ecológica hacia un modelo medioambientalmente más sostenible que ya está en marcha. La medida de nuestro éxito dependerá de si conseguimos coger ese tren con la velocidad y la ambición necesarias. Estamos viendo cómo el programa español de recuperación presentado a la Unión Europea hace de la transición ecológica uno de sus ejes fundamentales, y le dedica un 37% de las inversiones. Sin embargo, me preocupa que la ambición y la velocidad sean criterios fundamentales. También es importante tener en cuenta el cómo se hace esa transición: es muy fácil decir que hay que apuntarse al modelo verde o que hay que cambiar el modelo productivo, energético, pero cuando se desciende al terreno de lo concreto, muchas veces no sabemos cómo llevarlo a cabo. Necesitamos un debate que empiece a cerrar el cómo se hace, tanto a nivel de cuestiones técnicas como de gobernanza.

En estos momentos la gobernanza es fundamental: quién decide qué y cómo. Una transformación social como la que implica la transición ecológica necesita del concurso de todos los actores políticos, sociales y económicos. No podemos olvidar que en todas las transiciones hay víctimas, pero esta, para que se pueda llevar a cabo, tiene que ser justa: tenemos que saber qué hacemos con los perdedores y cómo gestionamos ese cambio para que nadie se sienta fuera de él o se quede al margen de esas transformaciones tan rápidas.

En España tenemos un sistema educativo de calidad media que no ha progresado en los últimos 20 años. Estamos estancados respecto a los tres objetivos de la educación pública: desarrollar las capacidades personales, formar buenos ciudadanos y preparar para el desarrollo profesional. En cinco años, dedicando el 5% del PIB nacional, podríamos desarrollar cinco objetivos básicos, como son reducir el abandono escolar al 10%, aumentar 35 puntos en PISA, conseguir más alumnos excelentes y disminuir la distancia entre ellos y los peores, ocuparnos mejor de todos los estudiantes con necesidades educativas especiales –bien por dificultades de aprendizaje o por altas capacidades– y seleccionar las habilidades del siglo XXI que permitan una mejor integración de la escuela en la sociedad. Sabemos cómo hacerlo: mejorando la calidad del profesorado y de los equipos directivos, reforzándolos, dándoles autonomía, corrigiendo los currículos e incluyendo en la escuela a todos los agentes educativos y, especialmente, a las familias –sobre todo aquellas con dificultades socioeconómicas–.

A nivel global, se impone la ley universal del aprendizaje: toda persona, institución, empresa o sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno. Y más rápido si quiere progresar. No hemos entrado en una sociedad de la tecnología, sino del aprendizaje. Necesitamos diseñar la manera de cultivar la inteligencia en una sociedad que vive en red y que solo lee textos cortos. En una realidad tecnológicamente expandida, necesitamos formar una inteligencia que también lo esté para que la capacidad de decisión sigan teniéndola las personas y no la inteligencia artificial.

En un sistema democrático como el nuestro, la política tiene siempre dos tiempos: uno de competición electoral entre partidos y otro de cooperación institucional. En España, la política nacional –no la autonómica ni la municipal– ha perdido esta segunda derivada. Hay una generación de líderes con una extraordinaria capacidad para la competición electoral permanente, que hace que cuando llegan a las instituciones, no sepan cooperar. La polarización extrema tapa el debate sobre la eficacia de las políticas y estamos viviéndolo. Tras cuarenta años, hay que ver cómo se puede reenfocar el modelo hacia otro más eficaz frente a los retos que tenemos por delante, como la revolución tecnológica o el cambio de paradigmas culturales a nivel mundial. Hay un problema de lectura del diseño por parte de una generación de líderes –la mía– que dirige las formaciones políticas actualmente. Tengo una constante sensación de fracaso porque mi generación, que nació ya en democracia, ha leído con dificultad las claves del funcionamiento de este sistema.

Nos falta un proyecto de país. Lo hemos perdido en los últimos años. Este no debe tener hasta el último pie de página compartido, pero sí un titular, una idea hacia dónde tenemos que ir para discutir, desde las distintas orientaciones ideológicas y formaciones políticas, cuáles son los mejores caminos. La generación que construyó el sistema constitucional tenía un proyecto de país y nuestra Constitución es la suma de cuatro renuncias: la de Carrillo a la República, la de Felipe González al marxismo, la de Adolfo Suárez al Movimiento y la de Fraga al franquismo. De ahí sale el embrión de un principio de democracia compartida y posible, en la que todo el mundo puede vivir.

El futuro se está construyendo, pero lo están haciendo otros y tendríamos que ponernos a buscar cómo crear un modelo en el que nos sintamos cómodos. El papel de Europa es fundamental: tiene que reinventar el modelo social y económico del siglo XXI, y ofrecer respuestas que no se están dando a la sociedad. Si el progreso se basa en la tecnología, tenemos que hacer que nos ayude a nuestro propósito. La digitalización no significa tener una página web o un canal de comercialización online, sino que es la manera de desenvolverse en un mundo híbrido que ya no es solo físico: si no sabes manejar las herramientas disponibles, estás fuera de la actividad económica que, hoy, ya es digital. Si no somos conscientes de ello, no seremos capaces de utilizar las metodologías adecuadas y viviremos en el mundo físico del siglo XX.

Con la pandemia aprendimos que si no estamos conectados virtualmente, estamos completamente aislados. La principal lección es ser conscientes de que nuestra realidad ya es híbrida, es digital, y toda la economía tiene que estar basada en esa idea. Si no lo interiorizamos, estamos fuera del siglo XXI. O incorporamos esa capa tecnológica, o nos preparamos para incorporar la que se está desarrollando en otros sitios. China, a través de Naciones Unidas, está estableciendo ya los estándares de cómo van a ser las tecnologías fundamentales del siglo XXI. Si no inventamos y no creamos en Europa, si no construimos ese futuro, nos lo van a construir desde fuera y el modelo europeo –el eje del progreso del siglo XX– desaparecerá. La principal transformación no es solo la inteligencia artificial, sino el machine learning: cómo utilizamos los datos para gestionar mejor la realidad y predecir lo que somos capaces de hacer.

La desigualdad se combate redistribuyendo. Los canales para hacerlo pueden modificarse, sobre todo si vamos hacia un modelo en el que el trabajo temporal y las empresas de ese sector se van a ir generalizando. Esto no tiene por qué significar que se mantenga el mismo nivel de precariedad. Conceptualmente, va a haber una parte muy importante de la población activa y ocupada que rompa esa vinculación entre trabajo y puesto de trabajo. Ese debate hay que plantearlo sin miedo. Eso sí, si el modelo social y económico que fundamos en la posguerra mundial –y del que hemos vivido, más o menos, hasta ahora– está fallando, habrá que transformarlo. No hay nada más reaccionario que no querer tocar lo que funcionó hace treinta años y que hoy está haciendo aguas y dejando fuera a un determinado tipo de trabajadores –especialmente a ese 44% de menores de 25 años que hoy están en paro y que, con suerte, llegarán a los 40 con trabajos precarios y mal pagados–.

Las empresas pueden dejar de ser fuente de creación de desigualdad y pasar a colaborar en la lucha contra ella. Cuando la sociedad piensa esas herramientas de solidaridad, de cohesión y de redistribución, las empresas asumen un papel mucho más relevante. Para conseguirlo debemos tener claras dos cosas: el problema existe –no podemos pensar que es algo exclusivamente de la crisis– y tiene graves consecuencias en términos políticos, porque desestabiliza el modelo democrático. Tiene solución, pero las recetas no pueden ser las del pasado. Los modelos que funcionaban cuando el 90% de los trabajadores tenían un contrato anual y dependían solo de una empresa ya no lo hacen. Y nuestro modelo político intelectual está yendo muy por detrás de lo que se requeriría para abordar estas transformaciones.

En la era de la desinformación, los medios tradicionales –conocidos en el mundo anglosajón como legacy– van a tener cada vez una mayor visibilidad. A nivel internacional, las grandes cabeceras están siendo capaces de atraer a unas audiencias perdidas en el tsunami de fake news y desinformación. La covid-19 ha hecho que muchos medios españoles estén desarrollando a toda velocidad las obligaciones que tenían pendientes de digitalización, y eso va encaminado a confirmar el modelo de suscripción digital. Estos medios van a ser pequeños o grandes oasis de veracidad en este clima de noticias falsas que, como bien decía Hannah Arendt –y como ya vivimos a principios del siglo pasado en Europa–, siempre han existido en forma de propaganda. Hay que apostar por esas cabeceras que tienen propósito de transmitir una información veraz que no tiene por qué estar ausente de ideología.

Desde el punto de vista de la opacidad, el monopolio de las plataformas tecnológicas que no son transparentes con sus algoritmos es muy preocupante. Por mucho que Twitter, Facebook o Google nos cuenten que están batallando contra la desinformación y las fake news, están fallando en lo esencial: la transparencia del algoritmo que utilizan. Mientras esto no se trabaje de manera seria –en una coalición entre plataformas tecnológicas, Gobiernos y sociedad civil–, y se apueste por una transparencia real de esos algoritmos, seguiré siendo pesimista. Esto, además, provoca una desconfianza en las instituciones que en España sirve para alimentar ese espíritu antiempresa que existe desde siempre.

Nos guste o no, vamos a ir hacia trabajos híbridos, es decir, una mezcla de lo presencial y lo digital. Aquellas compañías que ya habían conseguido estar en lo digital antes de la pandemia sobreviven mejor que las que solo tenían una relación física. Esto va a pasar en todo –en el producto, en las operaciones y en la manera de trabajar– y nos va a llevar a situaciones muy curiosas: tendremos a gente trabajando con nosotros sin importar la circunscripción física. La figura que los anglosajones llaman contractor va a aparecer en España: habrá gente que quizá en un momento determinado trabajará con nosotros físicamente, pero normalmente lo hará en remoto, ya sea en el propio país o en otra parte del mundo. Este tipo de profesionales tendrán una relación profesional no solo con una empresa, sino con tres, cuatro o cinco clientes a los que dará servicio de forma simultánea.

Los espacios físicos van a ser distintos: no habrá mesas como tal, sino espacios donde la gente se sentará a hacer solo aquellas que necesitan estar de la mano de otros. Esto nos llevará a otros tipos de organización del trabajo, entre esas tareas síncronas y asíncronas. Todo ello llevará a la necesidad de clarificar los roles y la accountability: cada cual tendrá que hacerse responsable de diferentes tareas. En consecuencia, va a cambiar el modelo de liderazgo, y ya no habrá que dirigir, sino que liderar, creando espacios de confianza y espíritus comunes organizativos. Todo va a pasar por trabajos líquidos, algo que va a derivar en tareas y profesionales líquidos.