Narcotráfico y violencia: el desafío de seguridad que enfrenta Ecuador

Progresivamente, el poder de los actores violentos en Ecuador ha sido capaz de medirse al Estado, las instituciones y la sociedad civil, consiguiendo amedrentarlos. Un escenario que muchos años estuvo restringido a aquellos Estados donde la producción y tráfico de narcóticos había encontrado las ventajas competitivas, lícitas e ilícitas, que necesitaba para maximizar sus beneficios por la fuerza. Se ve claramente que en Ecuador se han acortado distancias con estos países más conflictivos, por ejemplo, comparando el asesinato de cuatro candidatos presidenciales en Colombia en los años 90 con las imágenes de la última campaña electoral ecuatoriana, en la que los candidatos vestían chalecos antibalas. Otros ejemplos que muestran la degradación de Ecuador son el asesinato de tres periodistas del diario El Comercio en 2018 o los diversos motines en las cárceles. El cómputo de todo esto es señal de la incapacidad de contener la presencia de actores violentos en el país y la facilidad que tienen las mafias, ahora ya nacionales, de crear lazos de connivencia.

Estos altercados son síntoma de que el poder está pasando a otras manos y, el Estado, ante su pérdida de aptitudes, es incapaz de reaccionar. Hay cuatro factores capaces de explicar esta situación de auge de la violencia.

El primero es el narcotráfico, pese a que Ecuador nunca ha sido un país productor significativo de hoja de coca, como Colombia, Perú y Bolivia, sí que tiene laboratorios de fabricación de cocaína, por lo que juega un papel relevante en el tráfico de los precursores químicos necesarios para hacer la droga y, sobre todo, es un puerto de salida. De este modo, ha ido cobrando protagonismo para el narcotráfico, sobre todo para la subversión colombiana remanente y para los carteles mexicanos, a la par que Ecuador ha ido quedando sumergido en un proceso de degradación social y democrática. La dolarización de su economía ha sido un facilitador del lado de los activos. El narcotráfico es, por tanto, un punto crucial de la cuestión. Pero no solo de drogas ilícitas vive el crimen y no se pueden perder de vista otras dos actividades muy lucrativas para este: la minería ilegal del oro y el tráfico de personas. La población de Ecuador forma parte de la larga ruta de migrantes que viajan desde el sur del continente hacia Estados Unidos.

Cuatro factores explican el auge de la violencia: el narcotráfico, la pérdida del control de cárceles, la estructura criminal y la inestabilidad política

El segundo punto clave es la pérdida progresiva del control de las cárceles. Y algunas de las medidas que se toman, como el endurecimiento de las penas sobre el consumo, han acabado siendo un as bajo la manga de los criminales. La situación juega a su favor porque, involuntariamente, con estas medidas se facilita el fortalecimiento de los monopolios dentro de los mercados ilícitos, se criminaliza a los más vulnerables. Así pues, se desvían recursos que son necesarios para la atención social y psicosanitaria, indispensable para atender la situación, y se limita el tiempo del que la policía y los jueces disponen para luchar contra los verdaderos criminales. De este modo, se paga el alquiler de la sede social del crimen organizado con recursos públicos. Adicionalmente, las medidas tomadas por presidentes de países con escenarios similares, como Nayib Bukele en El Salvador, tampoco resultan inspiradoras y distan de ser una ruta de actuación, ya que no son capaces de devolver el control de los centros carcelarios al Estado sin pasar por una matanza.

La tercera clave es la estructura de los grupos criminales. En la última década, y de forma silenciosa pero cada vez más visible, ha ocurrido un proceso de reconfiguración del organigrama del crimen organizado latinoamericano. Lejos quedan los tiempos de los poderosos cárteles colombianos. Ahora una diversidad de actores que actúan a nivel regional comparten tareas, se dividen el trabajo y compiten entre sí. Otro punto fundamental es la creciente presencia de los carteles mexicanos que han dejado de tener intermediarios para entrar directamente a manejar su negocio en la región. El problema latinoamericano no puede ser abordado en solitario por cada país. El crimen organizado es la empresa que mejor aprovecha las ventajas de la globalización y la fragilidad social.

Finalmente, hay que atender a los factores particulares de Ecuador, la ecuación que hace que un mal regional estalle en este país de una forma tan violenta. Lo primero es la inestabilidad política. Ecuador vive en una tensión constante en la que cada crisis política termina por arrinconar al Gobierno; su capacidad ha ido retrocediendo mientras los espacios de poder y de mercado salvaje son aprovechados por los criminales. La corrupción ha hecho el resto. Connivencia entre policía y crimen, guardianes de cárceles que trabajan para los reclusos, autoridades portuarias que no controlan el tráfico ilícito y un sistema de lavado eficaz en una economía altamente informalizada. Uno de los síntomas del engrosamiento de las raíces del crimen es el incontrolado aumento de la violencia cotidiana: la tasa de homicidios en Ecuador se ha cuadruplicado en los últimos cuatro años; algunas autoridades señalan que la inseguridad y presencia criminal se concentra en algunas regiones, sin embargo, todo el país acusa el aumento de la violencia.

El crimen organizado es la empresa que mejor aprovecha las ventajas de la globalización y la fragilidad social

Recién estrenado su cargo, Noboa ha hecho lo que Lasso ya hizo 20 veces durante dos años: convocar el Estado de guerra, la excepcional suspensión del Estado de derecho debido a una amenaza de seguridad nacional. Una medida fácil, puede que necesaria por unos días, pero inútil a mediano plazo, porque, al final, solo le restringe más la vida a los ciudadanos. Puede que esta decisión sea útil para mostrar resultados rápidos. Sin embargo, la evidencia demuestra que, en materia de seguridad, el precio es la limitación de las garantías del Estado de derecho y de la libertad. Llegando más allá, cabría plantear que, en el largo plazo, esto termina por hacer juego a los violentos, poniendo a la ciudadanía en la encrucijada de elegir seguridad o libertad, cuando la obligación del Estado es garantizar ambas.

El presidente ha propuesto hacer más cárceles, incluso barcos cárcel. Nada de eso va a funcionar si la cárcel no se maneja con transparencia y haciendo valer el monopolio estatal de la violencia y la justicia dentro. Llenar cárceles de jóvenes (casi siempre pobres) viene muy bien para inflar egos autoritarios, pero si no hay control, reinserción y derechos, se convierte en un macrosistema de selección de personal para la estructura criminal.

¿El ejército podrá controlar lo que la policía no ha podido? Muy probablemente no, como ya ha ocurrido en México, Colombia, y otros tantos sitios. Porque el problema de la criminalidad no es el de la proporción de poder bélico del Estado frente al crimen. Es un problema de creación de sistemas de gobierno paralelos o anidados dentro de la propia estructura institucional y que se alimentan de las brechas sociales. Eso no se combate a cañonazos.

Ecuador tiene un largo camino por delante para hacer frente a su crisis de seguridad. En un primer momento tiene que retomar el control directo; la ofensiva armada es descomunal en su fuerza, pero muy especialmente en sus formas. Sin embargo, Ecuador necesita diagnosticar mejor su problema. ¿Para qué se toma una televisión un grupo criminal? Para mostrar su poder, sí, ¿pero a quién?, ¿al Gobierno, a los otros criminales, a los ciudadanos? ¿Cómo controlar la violencia sin romper más la frágil institucionalidad? ¿Cómo lidiar con un fenómeno transnacional? ¿Cómo hacer gobernables las cárceles?

En el escenario flota la tentación de la estrategia de Bukele, el canto de sirena de las soluciones de mano dura. Una diferencia importante a tener en cuenta es que a Bukele le tocó lidiar con las maras, tremendamente depredadoras y corrosivas a nivel social, pero que no alcanzan, ni de lejos, en poder, dinero y cooptación institucional al gran crimen organizado latinoamericano. Aun así, está por verse que su éxito temprano sea viable en el largo plazo y que el remedio no sea más caro que la enfermedad en términos de deterioro democrático.

Durante los muchos años en los que Noboa padre aspiró a gobernar Ecuador, no podía imaginar el tamaño del desafío que tendría su hijo alcanzando su sueño. Ojalá su visión de exitoso empresario le sirva para planificar una estrategia de largo plazo, difícil tarea para un presidente cuyo mandato es, de por sí, una larga campaña para las elecciones de 2025. Cómo conseguirá resolver esta encrucijada con limitaciones temporales y presupuestarias es uno de los grandes retos de un presidente que llega muy joven a la presidencia de un país atemorizado.

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Erika Rodríguez Pinzón es coordinadora académica de GATE Center.