Economía

¿En qué futuro queremos invertir?

La reunión del Ecofin ha abordado la relación económica entre Europa y América Latina. Sin embargo, el elemento crucial debería ser plantearse cómo esas inversiones ayudarán a alcanzar el futuro sostenible deseado.

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19
septiembre
2023

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Como sociedad, impactados por la crisis climática y por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas personas, nos enfrentamos a varios –y no pequeños– retos. Las decisiones que tomamos y en las cuestiones que invertimos en el presente determinan en qué futuro queremos vivir, qué queremos cambiar hoy para construir un mundo más igualitario y justo mañana.

Este último fin de semana, han sido los ministros de Economía y Finanzas de la UE quienes han abordado la agenda europea de inversiones en la región de América Latina y el Caribe (ALC) con sus homólogos de la región.  Una oportunidad para cuestionarnos, como ciudadanos y ciudadanas europeos, si Europa está realmente invirtiendo en el futuro verde que proclama esta institución y en el que nos gustaría poder vivir.

La UE promueve, a través de la agenda Global Gateway, conexiones sostenibles de Europa con el mundo, a través del desarrollo de infraestructuras, así como un impulso a las transiciones: social, ecológica y digital. Sin embargo, esta nueva agenda, a pesar de estar erguida sobre principios básicos como los valores democráticos y la ecología, deja atrás dos elementos esenciales para garantizar la sostenibilidad: un mecanismo de gobernanza que asegure su orientación social y ambiental; y la creación de mecanismos de prevención de riesgos para evitar y denunciar los posibles impactos negativos de esas inversiones sobre las personas y el planeta.

Casi el 20% de las inversiones europeas en América Latina y el Caribe se destinan a la extracción de recursos naturales

El contexto de las inversiones europeas en América Latina y el Caribe es particularmente relevante para el Global Gateway, dado que Europa representa el segundo inversor para la región. No olvidemos, que se trata de la región con mayores desigualdades del mundo, donde seis de cada diez personas tienen dificultades para llegar a fin de mes, a la vez que 91 multimillonarios han amasado una riqueza combinada superior al PIB de toda Colombia. A nivel ambiental, se calcula, por ejemplo, que el Amazonas ha sido deforestado en un 17%. A su vez, hay que tener en cuenta que casi el 20% de las inversiones europeas en América Latina y el Caribe se destinan a la extracción de recursos naturales como petróleo, gas y minería, sectores conocidos por los conflictos socioambientales que generan. ¿Qué significaría entonces invertir en el futuro cuando hablamos de una región como esta? De forma sencilla, significaría reducir brechas entre ricos y pobres y dejar de impulsar proyectos que destruyan al planeta y vulneren los derechos fundamentales de las poblaciones locales.

Para ello, la UE debe asegurar una arquitectura financiera basada en la sostenibilidad social y ambiental, incluyendo un mecanismo de gobernanza con participación de la sociedad civil. Las inversiones europeas, deben contemplar el desarrollo de servicios públicos esenciales, y adherirse al principio de «no hacer daño» para que esta financiación no socave los objetivos climáticos y medioambientales ni aumente las desigualdades.

Este nuevo marco de decisiones de inversión canaliza billones de euros hacia empresas cuyas cadenas de valor tienen un impacto directo sobre las comunidades y el territorio en América Latina y el Caribe, como es el caso de ese 20% de las inversiones destinadas a proyectos de extracción de recursos naturales que ya hemos mencionado. Es fundamental minimizar los impactos negativos, evitar que se vulneren derechos humanos, así como que se destruya el medio ambiente. Los actuales criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) representan un avance, pero no son suficientes.

Las instituciones financieras deben tener la obligación de tomar medidas para ayudar a prevenir las violaciones de derechos humanos y los impactos en el planeta de las empresas en las que invierten. Es esencial que la Unión Europea se dote de una regulación para garantizar el futuro que queremos, con las personas y el planeta en el centro.


Maria Bardolet es responsable de empresas y derechos humanos de Oxfam Intermón

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