Ucrania

¿Qué es un crimen de guerra?

Cualquier ataque intencionado contra la población civil es un crimen de guerra, pero juzgarlo no es tan sencillo: se necesitan una serie de requisitos previos más allá de las pruebas esenciales.

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23
Mar
2022
crimen de guerra
Imagen tomada durante los Juicios de Núremberg (1945-1946).

La guerra en Ucrania ha hecho que en las últimas semanas se hable cada vez más acerca del crimen de guerra. Ucrania lleva desde el principio de la contienda señalando en esa dirección, algo que también ha hecho la Unión Europea. «Oh, creo que es un criminal de guerra», respondía hace unos días el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a los periodistas que le pedían que valorase al presidente ruso, Vladímir Putin. Sus declaraciones se convirtieron en el gran titular de la jornada, aunque las acusaciones contra Rusia no eran nuevas: ya a principios de marzo, y tras recibir notificaciones de 39 países, la Corte Penal Internacional anunció la apertura de una investigación para determinar si se estaban cometiendo o no dicha clase de crímenes en Ucrania.

«Mi mensaje ha sido claro: estamos listos para trabajar con todas las autoridades nacionales relevantes para obtener información, construir un esfuerzo colectivo para establecer la verdad y asegurarnos de que los individuos responsables de crímenes internacionales rindan cuentas en una corte penal», afirmó entonces el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, tras su visita Polonia y Ucrania. «Si los ataques se dirigen de forma intencionada contra la población civil estaremos ante un crimen que esta oficina investigará y perseguirá», advirtió.

Pero ¿qué es exactamente un crimen de guerra y cómo puede ser juzgado? Las declaraciones de Khan esbozan un matiz esencial: los ataques intencionados en tiempos de guerra contra la población civil son una frontera que no se puede cruzar, al igual que ocurre con los ataques contra «objetivos civiles» tales como los hospitales.

Los ataques intencionados en tiempos de guerra contra la población o los objetivos civiles son una frontera que no se puede cruzar

«Es un delito que infringe las normas más importantes que regulan el comportamiento en un conflicto armado», explica al respecto Alicia Gil, catedrática de Derecho Penal y profesora de la UNED. «Simplificando mucho, podemos decir que tenemos dos clases de crímenes de guerra: aquellos que consisten en la utilización de medios o modos de combate prohibidos y aquellos que consisten en atacar a personas o bienes protegidos», explica. Y tal como añade Javier Sánchez Bernal, profesor del área de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Salamanca, «no existe un solo crimen de guerra, sino que hablamos, en sentido amplio, de crímenes de guerra, que son aquellos que vulneran las normativas que regulan los conflictos bélicos».

No todo vale en la guerra, donde también existen reglas. Es el caso de los Convenios de Ginebra y otros acuerdos como el Tratado de Roma, que marcan las líneas rojas que no se pueden cruzar. El Tratado de Roma, por ejemplo, deja claro que el homicidio intencional, la tortura, el «hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos», la destrucción de bienes no justificada o la deportación ilegal constituyen, entre otros, crímenes de guerra. Por eso, dichos delitos son en realidad muy antiguos, aunque lo habitual, como explica Alicia Gil, es que solo se juzgase a los enemigos y no a los propios soldados. Fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando se pasó a una «responsabilidad penal internacional».

Dónde y cómo se juzgan los crímenes de guerra

Para juzgar crímenes de guerra no vale simplemente lanzar una acusación. Tal como señala Gil, habría que probar que se ha cometido un delito, identificar a los responsables y contar con jurisdicción sobre los hechos. Sobre este último punto, y aunque entre la población asociamos directamente este tipo de delitos con el tribunal de La Haya, la jurisprudencia es más amplia. «La doctrina ha entendido desde hace años que existe competencia universal para juzgarlos; es decir, que cualquier tribunal de cualquier país podría juzgar los crímenes de guerra cometidos en cualquier lugar del mundo y por sujetos –y contra víctimas– de cualquier nacionalidad», explica Alicia Gil. Y añade: «Los Convenios de Ginebra incluyen una obligación de los estados para investigar y juzgar las «infracciones graves»».

Aún así, esto no está libre de problemas: abrir procesos por crímenes de guerra en terceros países genera fuertes presiones políticas y diplomáticas. En España, por ejemplo, solo se juzgan o localizan a criminales de guerra de terceros países cuando estos están físicamente en España. Si el sospechoso no está en España, señala la profesora, ahora mismo no se podría iniciar un proceso judicial contra él en un tribunal español.

El proceso en la Corte Penal Internacional también debe seguir unos ciertos pasos. Como explica Javier Sánchez, en primer lugar los hechos deben cometerse dentro de un territorio o por parte de uno o varios nacionales incluidos dentro de los países adheridos al Estatuto de Roma. En el caso de la guerra en Ucrania, esto podría ser un problema: ninguno de los dos países es parte del tratado, si bien Ucrania aceptó hace años esa jurisdicción por tiempo indefinido para enjuiciar posibles crímenes de guerra cometidos por funcionarios rusos. Más allá de este requisito se debe activar la jurisdicción de la corte para que se realice una investigación sobre qué ha ocurrido y recabar pruebas. Contar con pruebas lícitas de los crímenes de guerra es crucial, señala Sánchez. Finalmente, los acusados deben pasar a disposición judicial, lo que en el caso hipotético de los líderes rusos podría resultar complicado, ya que tal como señala el docente «deberían ser detenidos en el territorio de un estado que acepte la jurisdicción de la CPI».

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