No tire su móvil: Europa quiere acabar con la basura electrónica

Europa le ha declarado la guerra a las máquinas a través de una nueva normativa. No se trata de una oleada ludita, sino de un proyecto de legislación continental que centra su objetivo en la lucha por una economía más digitalizada, pero también más sostenible. Una donde no se generen al año, según cálculos de las Naciones Unidas, más de 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos (basura electrónica). Esto es, precisamente, lo que ha devenido en la denominación del ‘derecho a reparar’, un concepto que ilumina por completo uno de los principales objetivos de la futura estrategia europea en materia medioambiental: el triunfo de un consumo responsable más allá de la perjudicial mecánica de «usar y tirar».

La iniciativa es una respuesta directa a las peticiones de los ciudadanos. Según un sondeo realizado por el Eurobarómetro en 2017, el 77% de los consumidores preferiría reparar antes que sustituir un producto electrónico roto, lo que se sitúa en consonancia con otro sondeo en el que más del 90% de los europeos creían que los productos deberían estar claramente etiquetados para indicar su durabilidad. En nuestro país, según el informe The Influence of Lifespan Labelling on Consumers, el criterio de la «esperanza de vida» de un producto llega a suplantar incluso consideraciones técnicas a la hora de escoger objetos de alta tecnología, como smartphones u ordenadores.

Este nuevo ‘derecho a reparar’ entró en vigor el pasado mes de marzo junto a un paquete de medidas incluido en el Plan de Acción de Economía Circular aprobado por el Parlamento Europeo, que busca establecer un marco legislativo para obligar a los fabricantes de electrodomésticos y productos electrónicos a incluir requisitos de diseño ‘verde’ obligatorios, como incrementar el porcentaje de material reciclado utilizado para su fabricación o facilitar su separación por piezas para un posterior reciclado adecuado.

Cada año se producen 53 millones de toneladas de residuos y solo se reciclan entre un 15% y un 20%

En la lucha contra la obsolescencia programada –la práctica de reducir a propósito la vida útil de un producto para obligar a consumir más en menos tiempo– esta legislación se presenta como un primer paso que obligará a fabricantes de neveras, lavadoras, televisores y otros productos de electrónica a garantizar que sus productos puedan repararse durante al menos un periodo de diez años. Como explica Benito Muros, presidente de Fundación Energía para la Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada (FENISS), normativas como esta «son pasos encaminados a decir a los diferentes actores, como la industria y los consumidores que hay una voluntad política de cambiar las cosas». Aunque «son medidas de inicio de cambio de modelo que probablemente no tendrán una repercusión inmediata en cuanto a efectos medioambientales positivos, sí ponen en marcha el reloj del cambio».

El horizonte verde de este ‘derecho a reparar’ se basa en que alargar la vida de electrodomésticos y electrónicos reduce considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el Instituto de Ecología Aplicada de Alemania (Öko-Institut), si en Alemania se utilizaran las lavadoras, ordenadores portátiles, móviles o televisiones entre cinco y siete años más, podría llegar a prevenirse la emisión de hasta 3,91 millones de toneladas de CO2, una cantidad similar a la de 2 millones de coches. 

Lo subrayan desde la organización Right To Repair, que afirma que de esos 53 millones de toneladas de residuos electrónicos –equivalentes a las emisiones de 350 cruceros– solo se reciclan entre un 15% y un 20%. Según el texto aprobado por el Parlamento Europeo, el objetivo de la nueva legislación es que las reparaciones se antojen «más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando las garantías, proporcionando piezas para hacer reemplazos o un mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento».

En la propia resolución parlamentaria se tiene en cuenta que «ante la escasez de recursos naturales y la proliferación de los residuos, es imperativo instaurar patrones de producción y de consumo sostenibles que tengan en cuenta los límites del planeta». La propia pandemia, según el texto, ha servido de acicate. «La crisis provocada por la covid-19 ha demostrado la necesidad de establecer modelos de negocio nuevos (más resilientes) y de apoyar a las empresas europeas», defiende la resolución.

¿Ha llegado la obsolescencia de la obsolescencia programada?

Esta futura extensión vital propuesta por la legislación europea representa a su vez una lucha contra el modelo de la llamada «obsolescencia programada», ya que termina por eludir la fecha de vencimiento que, en algunos casos, está claramente determinada por el fabricante. Un concepto que se revela como «la producción intencional de productos y servicios con vidas económicas cortas, estimulando a los consumidores a repetir las compras de forma demasiado frecuente»; es decir, que la obsolescencia programada crea círculos de consumo artificiales rápidos y excesivos: aunque el producto tenga mucha mayor capacidad de acción, su vida se apaga de manera arbitraria.

Según la OCU, un 24% de los fallos reportados en relación a productos electrónicos se producen entre el segundo y el tercer año tras su adquisición, cuando la garantía ya no cuenta con efecto alguno. Esta obsolescencia programada puede producirse de distintas formas: indirecta (la pieza a reemplazar es imposible de obtener), de incompatibilidad (por ejemplo, ordenadores dejan de funcionar después de actualizar el software), o psicológica (cuando se manipula al consumidor para que renueve innecesariamente su smartphone a través de nuevos modelos). La Unión Europea quiere luchar contra todas las vertientes.

Muros: «Se deben tomar medidas más valientes, como que las fábricas vuelvan a Europa y, así , no dependamos de Asia para producir todo»

«Es verdad que hacerlo de prisa, como lo estamos haciendo ahora, puede llegar a traer consecuencias económicas negativas para las empresas, pero éstas siempre van a ser menores que las consecuencias que ya son inevitables, como el agotamiento de materias primas o el cambio climático», explica Muros. Gran parte de la escasez de agua, por ejemplo, proviene del frenético ritmo de extracción y procesamiento de los recursos naturales. No obstante, el actual sistema de obsolescencia programada también cuenta con numerosos contratiempos para el consumidor: desde el punto de vista social no solo aumenta el consumo, sino que también puede incrementar las compras a crédito y las deudas de consumidores, especialmente entre aquellos más vulnerables.

La normativa también hace suyos los pasos dados, a modo de pionero, por parte del gobierno francés. Aparte de la etiqueta que indique los años de vida aproximados de un producto en la etiqueta de una caja, se trabaja también en un índice de reparabilidad –que ya está siendo estudiado desde el gobierno español– que muestre, en una escala, la facilidad para reparar el producto, un etiquetado ya hecho efectivo por la administración gala el pasado mes de enero. «Cambios como la etiqueta de durabilidad o el aumento de la garantía de dos a tres años o la reparabilidad de los productos van a beneficiar en términos de ahorro a los consumidores. Es pronto para cuantificarlos, pero serán ahorros significativos a medio y largo plazo, sin duda», defiende el presidente de FENISS.

Opina, no obstante, que harán falta más iniciativas para pintar de verde el sistema económico actual. «Se deben tomar medidas más valientes, como que las fábricas vuelvan a Europa y, así, no dependamos de Asia para fabricar todo», apunta. «Las grandes corporaciones deben entender que la redistribución de la riqueza en todo el mundo debe comenzar a caminar para la propia supervivencia del sistema capitalista. Salarios dignos con una producción de proximidad, jornadas laborales éticas, teniendo en cuenta la robotización de la industria y productos duraderos, reparables y actualizables. Ese es el camino hacia una economía verde y sostenible».

Algo similar sostenía en noviembre el eurodiputado francés David Cormand, quien afirmaba que «el Parlamento envía un mensaje claro: el etiquetado obligatorio sobre durabilidad y la lucha contra la obsolescencia prematura son el camino a seguir». Una lucha que busca cambiar nuestros patrones de consumo y producción al completo y que promete ser larga.