Medio siglo de incendios en España

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Cristina Suárez

@CristinaSuarezV

«Todo el trabajo del año se ha ido al garete». Así resumía un ganadero zamorano el resultado del brutal incendio forestal que comenzó el 16 de agosto de 2020 a las dos de la tarde en Lober de Aliste y arrasó con más de 2.000 hectáreas en Domez de Alba y Vegaltrave, dos pueblos vecinos de la provincia de Zamora. Allí, el bosque ardió durante cinco interminables días junto a pastos, colmenas, palomares y casetas, y las llamas borraron una parte importante de la materia productiva de los pueblos. Según datos del Centro de Coordinación de la Información sobre Incendios Forestales (CCNIF), el confinamiento provocado por el coronavirus y las restricciones agrícolas y ganaderas, sumado a las intensas lluvias, contribuyeron por entonces a reducir los siniestros provocados por el fuego en un 50% en comparación con la media del último decenio –3.490 frente a 7.928–.

Sin embargo, este año, otros incendios como el de El Tiemblo (Ávila) –800 hectáreas quemadas– pasará también a la historia de nuestros bosques. Y es que, en los últimos 50 años ya han desaparecido más de 7,6 millones de hectáreas pasto de las llamas. Así puede desgranarse de las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Agricultura y Pesca (MITECO), que lleva desde 1968 contabilizando todos y cada uno de los siniestros, conatos –fuegos de menos de una hectárea– e incendios, con todo lujo de detalles, incluyendo desde las horas más comunes hasta las especies más afectadas por el fuego. En total, entre 1969 y 2019, la alfombra verde de nuestro país ha sido víctima de más de 620.000 siniestros.

Incendios y éxodo rural, íntimos amigos

En las páginas más recientes del calendario, 2017 ha quedado retratado como un año negro del fuego, superando las 178.000 hectáreas forestales calcinadas por 14.000 siniestros. La peor parte se la llevaron los vecinos de municipios como Moguer, en Huelva, o Encinedo, en la provincia de León, que vieron desaparecer ante sus ojos más de 7.500 hectáreas de bosque entre junio y agosto, los meses más calurosos. También se registraron grandes fuegos en estaciones más frías, como los de Ponteareas o As Neves (Pontevedra) que perdieron en pleno octubre 2.800 y 8.900 hectáreas, respectivamente.

Nadie había visto algo similar desde 2012, cuando se superaron las 220.000 hectáreas quemadas por 16.000 siniestros repartidos a lo largo y ancho de la península. En esa ocasión, Cortes de Pallás (Valencia) fue víctima del peor desastre forestal del siglo: casi 30.000 hectáreas ardieron a causa de una chispa que saltó en la instalación de un panel solar y emitieron medio millón de toneladas de CO2, lo que producen 380.000 coches en un año.

Es importante tener en cuenta que cada incendio es único y que bien pueden darse cientos de siniestros que quemen pocas hectáreas, o una decena que arrase con todo. Los números absolutos son útiles para conocer la extensión que han alcanzado, pero analizando las hectáreas quemadas por cada siniestro es posible saber en qué años han sido especialmente intensos. En 1985, por ejemplo, se quemaron casi medio millón de hectáreas pero fueron 39 por incendio (12.238) mientras que en 1978 ardieron 51 hectáreas por incendio (8.471 en total).

La incidencia de los incendios en estos últimos 50 años guarda una relación muy estrecha con el éxodo rural desde la década de los sesenta. El cambio de modelo socioeconómico y la visión de la ciudad como garantía de una vida mejor llevó a miles de familias a abandonar sus pueblos y, con ello, sus cultivos. Como apunta Jorge Mataix-Solera, presidente de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS), lo que por entonces eran terrenos destinados a la actividad agrícola acabaron siendo recolonizados por especies forestales mediterráneas como matorrales o pinares, el pasto preferido de las llamas.

«Además, en la transición económica de los 60 y los 70 el riesgo de incendio en la interfaz monte-medio rural aumentó súbitamente al acumularse progresivamente el combustible que la población rural dejó de extraer como fuente energética», cuenta Mataix. Con la llegada del butano se dejó de recoger leña en el campo, aumentando así la cantidad de combustible en esa interfaz. «Hasta entonces, los habitantes de los pueblos habían estado haciendo una selvicultura preventiva sin ser conscientes de ello y, además, sin costes para la administración», explica.

En los últimos 50 años el rayo ha sido, de media, la causa de 3 de cada 100 incendios declarados

La envejecida población que queda ahora en los pueblos continúa haciendo quemas para renovar los pastos como ha hecho siempre, pero con el añadido de que ahora la acumulación de combustible es mayor, lo que lleva a que el fuego se descontrole rápidamente. Uno de los resultados más dañinos es lo que el Ministerio de Agricultura califica como grandes incendios, o siniestros que calcinan más de 500 hectáreas. En 1978, cuando ardieron 51 hectáreas por siniestro, se luchó contra 156 incendios de estas características. En 1985, que se saldó con 40 hectáreas por incendio, se habían notificado hasta 162 macroincendios. En el siglo XXI, en 2006 y 2017 todavía se notificaron más de medio centenar de grandes incendios.

«La superficie media de los grandes incendios ha aumentado. Hay menos, pero queman muchísimo más. En 2012, por ejemplo, solo dos grandes incendios calcinaron el 85% de la superficie que ardió ese año en la Comunidad Valenciana», apunta el experto. Y añade: «Son incendios que se escapan de las manos por darse en un día extremo de condiciones meteorológicas y son muy difíciles de controlar por las condiciones actuales, más masa forestal con gran carga y continuidad de combustible».

Casi la mitad de los incendios son intencionados

El fuego es un factor natural en el ecosistema como lo es la lluvia. Los distintos tipos de vegetación que abundan en los paisajes forestales han evolucionado acostumbrados a desaparecer cada cierto tiempo con el fuego, cuyo papel reside en regenerar el bosque en el momento preciso y a una determinada intensidad, dando al suelo el sustrato necesario para mantener el bioma. «En la zona mediterránea, si cada 50 o 70 años arde una masa forestal no suele ocurrir nada más que una perturbación en un ecosistema que está adaptado y que necesita esas llamas en su ciclo natural. Podría decirse que es una vacuna para el bosque», apunta el experto.

El problema no es el fuego en sí, sino la modificación de su patrón natural, lo que se conoce como régimen de incendios. Por ejemplo, no es bueno que aumente la frecuencia de incendios en un sitio, pero puede ser tan perjudicial como que se reduzca demasiado. La supresión de todo fuego que aparezca nos lleva a lo que se conoce como ‘la paradoja de la extinción’: cuanto más eficaces somos en la supresión del fuego, más incendios catastróficos tendremos. Dicho de otro modo, si las llamas no aparecen en el momento necesario, se acumula más combustible del debido y, como resultado, aparece un incendio devastador que hace más difícil la regeneración.

En el trabajo que realizó junto a otro experto en suelo como Artemi Cerdà, Incendios forestales en España, Mataix apunta que, aunque en algunas regiones del país tengan al rayo con un elevado porcentaje de casos de inicio de incendio –Aragón: 67%; Castilla-La Mancha: 33%, Comunidad Valenciana: 33%–, la mayoría de los siniestros que se producen en el país son «por negligencias o intencionados con diversas motivaciones como venganzas, conflictos o pirómanos». En los últimos 50 años el rayo ha sido, de media, la causa de 3 de cada 100 incendios declarados. En otros, como 2015 o 1975, han alcanzado los 7 de cada 100, pero las cifras muestran cierta constancia fruto de un fenómeno natural.

El problema llega cuando la mano humana distorsiona el patrón natural de los fuegos. Las negligencias –quemas agrícolas descontroladas, uso de maquinaria, tareas del campo– han sido la causa de 20 de cada 100 incendios ocurridos en los últimos años y entre 2010 y 2015 (último año en el que se registraron las causas) han llegado a alcanzar los 34 por cada centenar, a pesar de que pueden acarrear de tres a seis años de prisión e incluso 20 si ponen en peligro la integridad física de las personas.

Las negligencias han sido responsables del 20% de los incendios

Sin embargo, los incendios intencionados son el verdadero problema. Hace 50 años, el 37% de los incendios eran negligencias y el 16% eran fuegos provocados intencionadamente, un porcentaje que fue incrementando a medida que comenzaron a reducirse los accidentes agrícolas. Los incendios intencionados han supuesto de media en todo este tiempo 44 de cada 100 y en la última década ya han sido motivo de más de la mitad de los siniestros. El peor año fue 1997, cuando el 70% de los incendios fueron provocados. «La declaración de un parque natural, por ejemplo, puede generar grandes conflictos entre habitantes e instituciones porque modifican y limitan los potenciales usos del territorio», explica Mataix. Esos conflictos, a menudo, derivan en fuegos. «Las quejas se han manifestado, como en el caso el Parque del Montgó (Alicante) durante la década de los 90, en muchos incendios provocados», añade. Por fortuna, años de trabajo en educación ambiental y el reconocimiento del valor del parque por parte de los habitantes han llevado a reducir ese tipo de conflictos.

«Que tengamos años en los que no pase nada grave es cuestión de suerte»

En España, el problema de los incendios es muy distinto en cada región. Asturias, Galicia y Castilla y León suelen ser las comunidades autónomas más castigadas por el fuego. Desde 1996, provincias como Orense han perdido casi 500.000 hectáreas forestales a causa de las llamas mientras que León y la comunidad asturiana han superado las 300.000. Cáceres y Zamora tampoco se quedan atrás, ya que los datos demuestran que en 20 años han superado las 230.000 hectáreas calcinadas.

En su investigación, Mataix especifica que la causa principal de incendio puede ser muy diferente de unas regiones a otras «y, por tanto, las políticas de prevención también deben serlo». «Esto obliga a diseñar la prevención basándose en la problemática local, investigando las causas y haciendo por tanto una labor de máximo interés para que las políticas sean lo más adecuadas y ajustadas a cada región, localidad y parque natural», explica en el texto. Mientras que en la década de los ochenta los incendios con origen desconocido representaban casi el 50%, a partir de los 2000 el porcentaje ha caído por debajo del 20%.

¿Y qué queda para el futuro? «Desde mi punto de vista, lo que se necesita es más gestión forestal, más dinero para invertir en zonas de riesgo de incendios forestales. Hace falta enfocarse más en que el número de penas por fuegos intencionados sea más alto: de nada sirve poner una sanción si al final no se puede cumplir. Necesitamos más investigación para conseguir pruebas que lleven al culpable a juicio en casos de intencionalidad», argumenta el experto.

El cambio climático y la despoblación están ahora en el punto de mira. A lo largo de estos 50 años, las zonas rurales se han transformado en urbanizaciones en contacto con gran cantidad de combustible forestal y muy expuestas a unos incendios que serán más comunes dadas las altas temperaturas. Son ahora esas zonas, según Mataix, las que están en verdadero riesgo por haber crecido esa interfaz urbano-forestal: «Que tengamos años en los que no pase nada grave es cuestión de suerte. Si tenemos unos días de vientos terrales críticos y se escapan incendios, muchas veces están fuera de la capacidad de extinción y son imposibles de apagar hasta que cambie la situación meteorológica».

Frenar la despoblación es una estrategia clave. Volver a utilizar recursos forestales, promover el uso agrícola y reducir combustible en sitios estratégicos son tres ingredientes que pueden ahorrar esos incendios catastróficos. «Hay que darle al medio rural el valor que tiene buscando los recursos que puede ofrecer. Si ahora mismo la forma de que la gente vuelva al pueblo es el turismo rural, pues así hay que promoverlo. Son inversiones de cara al futuro», concluye Mataix.