Diversidad

Okupas motorizados: la lucha por recuperar el espacio en la calle

Okupas motorizados publican en redes sociales 3.286 fotos de infracciones en Pamplona y consiguen involucrar a ciudadanos, policías, empresas, ayuntamientos y al Gobierno de Navarra en su iniciativa para proteger los aparcamientos para personas con discapacidad.

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19
Jun
2020
Okupas motorizados

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La carta al director que Juan Larreta envió en diciembre de 2018 a los diarios locales de Pamplona se titulaba Okupas de 5 minutos. En ella, lamentaba la falta de educación y empatía de los conductores que estacionan en las plazas reservadas para personas con discapacidad unos minutos mientras compran el pan, toman un café o recogen a los niños del colegio. Un mes más tarde volvió a escribir para denunciar que una empresa constructora había dejado aparcada su maquinaria en dos plazas reservadas durante todo un fin de semana. Larreta, de 52 años y enfermo de esclerosis múltiple, decidió entonces abrir una cuenta en Instagram denominada Okupas motorizados y publicó las fotografías de estas infracciones que él y media docena de sus amigos tomaban por la ciudad. Cuál fue su sorpresa cuando en un mes recibió 20 imágenes de coches aparcados en la puerta de colegios, polideportivos o supermercados. Un éxito, aunque nada comparado con lo que estaba por venir.

En poco más de un año, Okupas motorizados ha publicado en las redes sociales 3.286 imágenes que le han enviado 327 colaboradores habituales y se ha convertido en un movimiento que ha calado en la sociedad navarra con sus denuncias y sus propuestas constructivas. El ayuntamiento de Pamplona ha desarrollado un plan de actuación, otros municipios han empezado a tomar medidas para concienciar a los vecinos, el Gobierno navarro estudia homogeneizar la expedición de las tarjetas de aparcamiento, las empresas piden a sus empleados que respeten las plazas, los comercios solicitan a sus clientes que hagan lo mismo y la policía anima en las redes sociales a que los ciudadanos den aviso de este tipo de infracciones. «Está siendo un fenómeno social con una repercusión tremenda», reconoce Jesús Bariáin, responsable de comunicación de la Policía Municipal de Pamplona. «Es algo que hacía falta, sirve de altavoz a muchas personas que sufren este problema desde hace muchos años y ha supuesto un revulsivo para todos, incluidos los cuerpos policiales, que estamos haciendo un esfuerzo importante». En 2019, el número de denuncias en Pamplona aumentó un 20% respecto al año anterior.

En Pamplona hay 600 plazas reservadas para 4.100 personas con discapacidad

A juicio de sus promotores, el balance del primer año es «tremendamente positivo»: han conseguido que el uso adecuado de las plazas reservadas para personas con discapacidad forme parte de la conversación ciudadana. También han logrado subrayar que los infractores no solamente están de un lado. Desde su fundación, Okupas motorizados señala a quienes utilizan las tarjetas de sus familiares para estacionar y publica fotografías de vehículos aparcados con documentos caducados o no visibles. De esta manera, la iniciativa ha ganado credibilidad, uno de sus activos más importantes para sus promotores. «Somos igual de exigentes, o más, denunciando estos comportamientos entre los familiares de las personas con discapacidad. Es muy importante dar ejemplo si queremos que nos respeten», dice Larreta. Durante los cuatro últimos años, la Policía Municipal de Pamplona ha retirado 687 tarjetas porque se empleaban de modo irregular.

El equipo detrás de Okupas motorizados

Larreta está al frente de un equipo de diez personas voluntarias de perfiles muy variados. Algunas tienen discapacidad, otras conviven con ella en sus entornos familiares y otras están comprometidas con la causa. Hay trabajadores de organizaciones sociales, diseñadores, directivos, periodistas y profesionales de diferentes sectores. En apenas seis meses, su trabajo les convirtió en finalistas de los Premios a la Excelencia Ciudadana de Navarra.

Andoni Serrano: «Tenemos que ponerle la cara roja a la gente que las comete»

La diversidad del equipo es para ellos una de las claves del éxito de la iniciativa, ya que les permite sumar el profundo conocimiento de quienes viven la discapacidad con la visión estratégica y las habilidades de comunicación de otros profesionales. En febrero de 2019 combinaron la publicación de fotografías con un ejercicio de reflexión del que emanó un propósito compartido, pero también los objetivos para ese año y un plan de acción para lograrlos: esta es una de las principales diferencias con las campañas que hasta ahora se habían puesto en marcha en la ciudad, generalmente limitadas a la colocación de publicidad en marquesinas o cuñas de radio. Desde Okupas motorizados aseguran que tienen la intención declarada de cambiar comportamientos, de tener impacto social y medirlo.

Propósito y alianzas

Tras varias reuniones, se definieron a sí mismos como una iniciativa social con un propósito: «Visibilizar y denunciar el uso indebido de las plazas reservadas para personas con discapacidad con la finalidad de concienciar a ciudadanos e instituciones, contribuir a cambiar la visión sobre la discapacidad y generar cambios de comportamiento en la sociedad». Su principal objetivo para 2019 fue forjar alianzas que les ayudaran a sostener y amplificar la iniciativa, como por ejemplo con la Policía Municipal de Pamplona, la Policía Foral y los cuerpos de seguridad locales, con quienes la relación inicial pasó por momentos de cierta tensión. «Corríamos el riesgo de molestar a la policía, sabíamos que estábamos denunciando con mucha intensidad unos comportamientos y quizá al principio dio la impresión de que estábamos diciendo que la policía no hacía lo suficiente», reconoce Alberto Laiglesia, uno de los fundadores.

Josetxo Aldunate: «Estas tarjetas no son un privilegio, sino un derecho»

Hoy existe una comunicación constante y una relación de cierta complicidad en las redes sociales. La policía comparte los mensajes de quienes denuncian, invita a los ciudadanos a llamar cuando vean infracciones, ofrece teléfonos para poder hacerlo, sube fotografías de coches sancionados y hace llamadas a la empatía y al respeto. «Okupas motorizados está impulsando la conciencia social, lo hace de forma persistente en las redes sociales y con un mensaje positivo que arrastra», describe Mikel Santamaría, responsable de comunicación y participación ciudadana de la Policía Foral. «La iniciativa ha logrado que demos más trascendencia y visibilidad a nuestras actuaciones y que hoy acudamos a estas llamadas como una prioridad». Santamaría atribuye al efecto Okupas motorizados el aumento del número de denuncias, que en 2019 se duplicó con respecto al año anterior y pasó de 83 a 164. Solo en los tres primeros meses de 2020, ya se habían tramitado 95.

La participación de los ciudadanos adquiere un papel protagonista: son ellos quienes toman las imágenes que movilizan a la policía. Jesús Bariáin explica que los vecinos demandan a los cuerpos de seguridad locales que vigilen y atiendan muchas infracciones distintas que se producen en la calle de forma habitual, algo que solo sería posible disponiendo de un agente en cada esquina. «Necesitamos de la colaboración ciudadana y eso es algo que también aporta Okupas motorizados, ya que conciencia a la gente, permite de forma sencilla a cualquiera tomar fotos, las canaliza y nos las hace llegar», apunta Bariáin.

Esa red de 327 colaboradores constituye una de las claves que explican el impacto, ya que envían fotografías de forma regular y no suelen abandonar: la mitad de quienes enviaron fotos en 2019 lo hizo también en los dos primeros meses de 2020. «Muchos son padres y madres de niños con discapacidad, que llevan muchos años con este problema y están hartos. Me dicen que ya era hora de que alguien hiciera algo. Eso es de las cosas que más me animan a seguir», reconoce Larreta. Estos colaboradores han seguido enviando fotografías durante el estado de alarma, periodo en el que las infracciones no han cesado: desde el 14 de marzo se han recibido fotos el 75% de los días.

Berta San Román: «Me da la sensación de que me paso la vida pidiendo favores por algo que es un derecho»

Berta San Román es colaboradora. Tiene un hijo con discapacidad y envía fotos regularmente, algo que no le resulta nuevo porque su familia hace años que decidió actuar contra los abusos. Su marido imprime folios con mensajes como «Si quieres mi plaza quédate con mi discapacidad» y los colocan en los parabrisas de los vehículos que estacionan sin permiso en las plazas reservadas en la calle, en supermercados y en centros comerciales. Esto le ha acarreado enfrentamientos y malas contestaciones por parte de algunos infractores. «Me da mucha vergüenza y rabia que tengamos que estar expuestos a este tipo de situaciones», lamenta. Y añade: «En los colegios de mis hijos me tengo que bajar del coche para comprobar si los que están aparcados tienen tarjeta. Si no la tienen y les pido que quiten el coche, me responden que me espere, que son solo tres minutos, y así ando con broncas diarias. Me da la sensación de que me paso la vida pidiendo favores por algo que es un derecho».

No es preciso convivir con la discapacidad para compartir la indignación de Berta. Así lo demuestra Ramón Ortiz, un colaborador habitual que ha implicado a su familia y vive la iniciativa como una herramienta de educación para sus hijos de 17 y 14 años.: «Ya era hora de que alguien pusiera nombre a esto, les agradezco mucho que lo hayan hecho porque tiene un enorme valor educativo». Y subraya que «cuando paseamos por la calle, mi hija toma fotos y las envía. Estoy muy orgulloso de que sea capaz de ponerse en la piel de otras personas». La chica evita tomar fotografías cuando los infractores pueden verla, y su padre lo comprende. Él está habituado a lidiar con situaciones desagradables, ha sufrido los desaires y las recriminaciones de algunos conductores a quienes estaba fotografiando y que, según dice, «creen que tienen todo el derecho del mundo a aparcar mientras ellos están en el coche o a dejarlo con los intermitentes». Ortiz vive con su familia en Zizur Mayor, una localidad de 15.000 habitantes pegada a Pamplona en la que, según él, las infracciones son muy frecuentes. Al concejal de Seguridad Ciudadana, Andoni Serrano, le gustaría disponer de más recursos para poder controlar los aparcamientos en plazas reservadas para personas con discapacidad y asegura que es una prioridad para los agentes, «aunque no siempre pueden atender todas las llamadas».

Zizur Mayor presentó en enero una campaña de concienciación que consiste en colocar en las plazas 30 señales con la frase «ponte en su lugar, no en su sitio» e intensificar la vigilancia de la policía local. La intención del ayuntamiento es hacer un seguimiento exigente para medir sus resultados. «Hemos decidido hacer nuestra esa causa», afirma Serrano. Para él, Okupas motorizados «ha logrado hacer visible una realidad que es invisible para el resto. De no ser por ellos las instituciones no nos habríamos implicado tanto. Es preciso concienciar a todo el mundo, animar a los vecinos a que avisen a la policía local cada vez que vean una infracción. Tenemos que ponerle la cara roja a la gente que las comete».

Además de Zizur Mayor, otros ayuntamientos han acometido iniciativas similares. El consistorio de Orkoien, de 4.000 habitantes, también ha instalado señales y el ayuntamiento de Villava, de 10.000 habitantes, ha reservado en los presupuestos una partida para hacerlo este año. En la capital, el pasado octubre, la Comisión de Presidencia del ayuntamiento de Pamplona aprobó de forma unánime iniciar una campaña de sensibilización ciudadana, una mayor vigilancia de la policía municipal, la mejora de la señalización de las plazas y la colaboración de los empleados de Dornier, la empresa que gestiona el aparcamiento de pago en la ciudad.

Rafa Aguilera: «No buscamos culpables, sino mostrar las consecuencias de determinadas formas de actuar»

Los ayuntamientos no solo poseen la capacidad sancionadora, sino que también expiden las tarjetas que permiten estacionar en los espacios reservados. De este modo, cada uno aplica los criterios que considera oportuno para otorgarlas y también para diseñarlas. «Y con esas tarjetas se puede aparcar en toda España», recalca Mikel Santamaría. Por ello, una de las propuestas de Okupas motorizados ha sido la homogeneización de los requisitos para ser titular de una tarjeta y que exista un solo modelo. En diciembre de 2019, el colectivo se reunió con el consejero de Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, quien les aseguró que el Ejecutivo foral estudiará la posibilidad de legislar para unificar las ordenanzas municipales. «Nos comprometimos a trabajar con Okupas motorizados y a liderarlo desde el Gobierno de Navarra en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos», recuerda Santos. «De la colaboración de todas las instituciones depende que consigamos un noble objetivo común en el que desde luego estamos comprometidos. Ninguna administración puede dar la espalda a iniciativas como esta», añade. En esta misma línea, el defensor del pueblo ha propuesto en su informe de 2019, publicado en mayo, la creación de un registro nacional de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida que permitiera comprobar la autenticidad y la vigencia de los documentos expedidos en toda España.

La dependencia del fundador

La gestión de las fotografías que envían los colaboradores pone de relieve una dificultad de Okupas motorizados para ser una iniciativa sostenible: la dependencia de su fundador, Juan Larreta, que debido a su enfermedad, dejó su puesto en el departamento de marketing de Thomson Reuters Aranzadi en diciembre de 2018. Larreta recibe todas las fotografías de los colaboradores, las verifica y las publica diariamente en Instagram, Facebook y Twitter. También incorpora contenidos a su página web. Él es, además, quien se reúne con la policía y con los ayuntamientos, y quien atiende a los medios de comunicación. «Juan es el artífice del éxito, y cuando le conoces entiendes por qué es capaz de unir a tantas personas», afirma el concejal Andoni Serrano.

Juan Larreta Okupas motorizados

Juan Larreta, el alma de Okupas morotizados

Larreta asume que la dependencia de una sola persona es un asunto pendiente que el equipo de fundadores no ha abordado y que debería resolver en algún momento. «Me doy cuenta de que es así, y que aunque me siento muy arropado por todo el equipo, es cierto también que llevo más de 14 meses sin dejar un solo día de colgar fotos o contenidos en nuestra web. Cuando estoy de viaje o tengo compromisos familiares cuelgo las fotos por la noche, en los ratos que tengo», reconoce. Aun así, admite que está encantado y que lo considera su trabajo.

La vulnerabilidad derivada de la dependencia de Larreta es solo uno de los aprendizajes que el equipo ha extraído durante este año. También ha descubierto el valor de dedicar tiempo a entender por qué se producen los comportamientos antes de intentar modificarlos. La conversación que sus fotografías provoca en las redes sociales les permite escuchar las explicaciones que los infractores esgrimen. «La gente dice que solo aparca cinco minutos para dejar a la niña en el colegio, comprar el pan o hacer un recado rápido, y se quejan de que buena parte de las plazas están vacías y que hay demasiadas, cuando la realidad es precisamente la contraria», cuenta Alberto Laiglesia. En Pamplona hay actualmente 600 plazas reservadas, 386 de ellas en superficie, para las cerca de 4.100 personas con alguna discapacidad que poseen tarjeta de estacionamiento, según los datos del ayuntamiento de la ciudad.

Conocer la versión de los infractores fue una ventaja para decidir qué estrategia usar para apelar a la empatía. Así, decidieron hacer visibles las consecuencias que tiene en las personas con movilidad reducida no poder estacionar en las plazas reservadas. «Puede suponer que lleguen tarde al trabajo, a una cita con el fisioterapeuta o a la clase de inglés de sus hijos, o que se vean en la obligación de desplazarse con dificultad por la calle más distancia de la que son capaces», explica Josetxo Aldunate, uno de los fundadores. «Estas tarjetas no son un privilegio, sino un derecho», recuerda.

La mitad de quienes enviaron fotos en 2019 lo hizo también en los dos primeros meses de 2020

Los promotores de la iniciativa reconocen que es difícil medir el impacto que tienen en los comportamientos personales. «Tenemos la impresión de que se respetan más plazas, tanto por lo que vemos en la calle como por los testimonios de la gente, pero no es fácil tener la certeza. Al haber más vigilancia policial y presión ciudadana hay más denuncias y puede parecer que hay más personas que se comportan así», matiza Aldunate. De cualquier modo, parece que está teniendo efecto en algunos casos. El febrero pasado, un padre solicitó permiso en una guardería para colocar un cartel en el que se pidiera a los progenitores que no aparcaran en una plaza para personas con discapacidad ubicada justo frente a la puerta cuando dejaran o recogieran a los niños. El aviso se colgó y durante los primeros días se formó un cierto revuelo: «Es una plaza que siempre está vacía y suponía un desahogo poder dejar el coche un minuto, pero pronto los padres buscaron la forma de aparcar en otros sitios y nadie la usa», recuerda la responsable de la guardería Mumusu, Katia Muniain.

Otras empresas también están reaccionando. En las fotografías en las redes sociales aparecen con regularidad vehículos de reparto estacionados en plazas reservadas y algunas compañías se disculpan y dan instrucciones a sus empleados para que respeten las plazas. Así lo hicieron la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona o la delegación de Correos en Navarra en sendos comunicados internos.

Denunciar comportamientos, no personas

Otro de los aprendizajes de este primer año ha sido la importancia de enfocarse en denunciar comportamientos sin criminalizar a personas concretas. Así, en sus fotografías ocultan las matrículas de los vehículos. «No buscamos culpables, sino mostrar las consecuencias de determinadas formas de actuar», asegura Rafa Aguilera, uno de los fundadores. Consideran que no es un asunto que se pueda simplificar poniendo cara a los infractores, sino que constituye un problema complejo que incluye la sensibilización individual, familiar y social, y que afecta a personas, empresas e instituciones públicas. Aguilera explica que no quieren ni insultar ni poner en evidencia a las personas, sino que prefieren comunicar «con educación, explicar qué consecuencias tiene para las personas afectadas y pedir responsabilidades, todo ello repetido las veces necesarias y con la rotundidad que haga falta». Esta forma de hacer llegar sus mensajes, «sin caer en el victimismo ni en el afán de protagonismo», es una de las razones de su reconocimiento social, como asegura el consejero del Gobierno de Navarra Eduardo Santos, quien resalta su original manera de poner de manifiesto la insolidaridad de muchas personas y colectivos. «La denuncia y la visibilización, si van acompañadas de cierto humor y de una forma inteligente de concienciar, calan», dice.

Eduardo Santos: «La denuncia y la visibilización, acompañadas de humor, calan»

Okupas motorizados emplea un lenguaje pedagógico, educado, crítico, constructivo, «que arrastra porque es fácil empatizar y darse cuenta de que lo que reclaman es justo», resume el concejal Andoni Serrano. Este ha sido un elemento clave para sumar colectivos al proyecto y probablemente lo será para seguir añadiendo a otros y encontrar aliados dentro del ámbito de la discapacidad.

Los okupas motorizados no están solos

Su irrupción en febrero del año pasado sirvió para agitar conciencias de forma muy visible y con un impacto social evidente, pero no es la primera iniciativa de sensibilización que se promueve en Navarra. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Navarra (Cocemfe) planteó en 2015 y 2019 sendas campañas en cinco localidades navarras bajo el lema «No es una zona VIP, es una necesidad». Para ello, colocaron vinilos con esa frase sobre los estacionamientos durante tres semanas y depositaron tarjetas con mensajes de personas con discapacidad en los parabrisas de los vehículos que aparcaban en ellas. La campaña se exportó a otras ciudades como Oviedo, de la mano de Cocemfe España.

El presidente de la federación en Navarra, Manuel Arellano, explica que han formulado propuestas para aumentar las sanciones y que conlleven la pérdida de puntos o para que se investigue el uso de las plazas por vehículos de instituciones públicas. También han reclamado que se penalice especialmente el comportamiento de las empresas de obras o de reparto, y que el dinero de las multas se destine al mantenimiento de las plazas para personas con discapacidad.  Arellano saluda la llegada de Okupas motorizados porque ha servido para hacer visible esta realidad. «Publican fotos todos los días, lo que revela que no se trata de comportamientos ocasionales, hacen un trabajo fantástico», afirma. A pesar de tratarse de iniciativas diferentes, el objetivo es el mismo: «Ellos han conseguido más visibilidad social en la calle y nosotros trabajamos más directamente con ayuntamientos e instituciones para pedir cambios de normativas», explica Arellano.

Juan Larreta también es partidario de explorar formas de colaborar. «Tengo la impresión de que cada uno es muy bueno en lo que hace, nosotros liderando la conversación social y movilizando personas, y Cocemfe tratando con las instituciones con su experiencia de muchos años», asegura. La cooperación, sin duda, hace que las causas sumen. Por eso, Okupas motorizados promueven la alianza entre vecinos, asociaciones y administración para que las personas con discapacidad recuperen su lugar en las calles.


(*) Alfredo Casares es periodista especializado en periodismo constructivo y de soluciones. Acumen Fellow 2020. Puedes leer más en su página de Medium.

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