Barreras (reales) contra las ciudades inclusivas

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Luis Meyer

Siete de cada 10 edificios en España tienen barreras arquitectónicas que dificultan, e incluso impiden, el acceso a personas con discapacidad. Así lo denunciaba, hace dos años, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). «Carecen de medidas que resultan necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal», explicaba entonces un portavoz de esa institución. Esto nos aleja del objetivo de lograr ciudades inclusivas.

Desde 2013, todas las viviendas de nueva obra cumplen estos requisitos de accesibilidad, en virtud de un Real Decreto. Pero la norma también obligaba a los edificios construidos con anterioridad a ese año a realizar mejoras de adaptación para garantizar unas mínimas garantías a las personas con movilidad reducida. Según un estudio de 2017 realizado por KONE, empresa de soluciones eficientes en la obra pública y privada, todavía existen unos cinco millones de edificios que plantean problemas de accesibilidad. Más de un millón y medio carece de ascensor. La firma de administración de comunidades LDC cifra en 8.623.875 el número de edificios destinados a vivienda en nuestro país. Seguimos estancados, cuatro años después: unas siete de cada diez construcciones siguen suponiendo una carrera de obstáculos diaria para las personas con movilidad reducida que quieren hacer algo tan cotidiano y vital como acceder a su casa.

No solo las 3,8 millones de personas con discapacidad sufren esta situación: España es el cuarto país con mayor esperanza de vida del mundo, con 83 años de media, por lo que se acentúan los problemas de movilidad relacionados con las edades avanzadas.

Ciudad inclusiva, ¿ciudad utópica?

Una vez más, son las propias ciudades las que tienen en su mano garantizar una sociedad más igualitaria. Según explicaba el director de la Fundación Economía y Desarrollo (Ecodes), Víctor Viñuales, una ciudad inclusiva es «vital para combatir la desigualdad en un país como España, con la segunda mayor tasa de desigualdad social de Europa, según el índice Gini».

El 70% de los edificios de España no cumple todos los requisitos de accesibilidad.

Para lograr una ciudad más inclusiva hay que incidir en temas como el acceso a la educación y el empleo, o la pobreza energética, pero también en la accesibilidad a sus edificios. Hoy, existen 1,2 millones de viviendas habitadas por alguna persona de este colectivo, según la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), que denuncia que «viven presos en sus propios hogares».

La actuación más eficaz vendrá de los Ayuntamientos y las corporaciones locales, puesto que tienen una mayor agilidad en sus actuaciones y por tanto se adaptan más rápidamente a cada contexto. En España ya hay algunos ejemplos de ciudades que empiezan a priorizar el ganarse la etiqueta de inclusivas. La Comisión Europea premió recientemente a Ávila «por su defensa de la accesibilidad para las personas con discapacidad»: valoró especialmente el plan de urbanismo de la ciudad castellana, que ha mejorado notablemente la accesibilidad de los edificios públicos.

Otras ciudades como Santander y Tarrasa también han sido reconocidas internacionalmente como ejemplos de inclusión urbanística. Los programas de la capital cántabra dan una gran relevancia a una accesibilidad que ha bautizado como «amable, y con un enfoque de diseño universal».

Con todo, aún queda mucho por recorrer: según un estudio de KONE, hacen falta todavía 10 años para que la totalidad de edificios en España sean accesibles a todos. Una meta que debería haberse cumplido en año pasado, según el Decreto de 2013. Vamos con retraso, y existen casi cuatro millones de personas con discapacidad que no pueden esperar más.