Balance de la COP 23: de la negociación a los hechos

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Luis Meyer

Con la medianoche ya holgadamente superada, el ministro de Medio Ambiente de Polonia, Jan Szyszko, se levantó y, con los ojos cansados, dijo: «Lo que tenía que hacerse, ya está hecho». De esta manera, tal y como ha recogido el medio France 24, rubricaba el político el pasado 18 de noviembre esta edición de la COP 23 en Bonn (Alemania), en la que los firmantes del Acuerdo de París han puesto sobre la mesa qué medidas deben adoptarse para cumplir el objetivo, firmado por más de 200 países, de que la temperatura media no suba más de dos grados este siglo.

Así, esta cumbre climática concluyó con la aprobación de un documento en el que los participantes se comprometen a evaluar y revisar sus emisiones en 2018. El primer ministro de Fiyi, Frank Bainimarama, que ha ostentado este año la presidencia de la COP 23, se mostró satisfecho con los acuerdos tomados: «Es un paso adelante para avanzar en la puesta en marcha del pacto alcanzado en 2015, si bien hay que ir más rápido en su implementación». Esta advertencia no es baladí: la República de Fiyi es una pequeña isla del Pacífico que ha sufrido el primer desplazamiento poblacional masivo hacia su interior por culpa de la subida del nivel del mar, tras la cual está el calentamiento global.

Los países más contaminantes solo aportan la quinta parte de financiación a los emergentes

El llamado Diálogo Facilitativo (o de Talanoa) es un documento que engloba las medidas comprometidas por los países firmantes, que irán acompañadas de planes para llevarlas a cabo en la próxima COP de 2018, así como la posibilidad de revisar los compromisos y aumentar las exigencias. Su consecución no ha estado exenta de obstáculos durante la negociación: países en desarrollo como China, India, Arabia Saudita o Irán, con economías fuertemente ligadas al uso del carbón, se oponían al elevado grado de concreción que supone ese documento.

Otros países emergentes, además, han reclamado al mundo desarrollado que concrete cómo será su financiación para apoyarlos en su transición energética, y que se les anuncie la cantidad de dinero con la que contarán con dos años de antelación, para poder establecer estrategias en función de su presupuesto. En este sentido, China ha sido de las más refractarias a detallar su provisión de fondos.

Durante la reunión, se puso de manifiesto que los países más contaminantes no están aportando fondos verdes acordes con su impacto en el planeta. El delegado de Turquía llamó la atención sobre el hecho de que los Estados más contaminantes apenas suponen la quinta parte de ese aporte, y por tanto debería revisarse su contribución para paliar los devastadores efectos del cambio climático en los países más vulnerables, como es el caso del propio Fiyi.

En este sentido, la iniciativa InsuResilience ha anunciado nuevas alianzas y 125 millones de dólares estadounidenses adicionales del Gobierno de Alemania para apoyar su objetivo de proporcionar una cobertura de seguros frente a los desastres asequible a 400 millones de personas pobres y vulnerables para 2020. Asimismo, el Banco Europeo de Inversiones ha anunciado una aportación de 75 millones de dólares para un programa de inversión de 405 millones en los recursos hídricos de Fiji.

La ONG Ecologistas en Acción, en su balance de esta cumbre, ha denunciado la «falta de valentía» percibida, desde los países firmantes, a la hora de abordar medidas concretas para dejar atrás sus economías basadas en los combustibles fósiles, lo que puede poner en peligro el propio Diálogo de Talanoa. Las delegaciones climáticas de los diferentes países, así como diversas organizaciones, coincidieron en esta COP 23 en la necesidad de acelerar considerablemente los procesos de negociación, puesto que, de otra manera, quedaremos muy lejos de los objetivos del Acuerdo de París a finales de siglo.

A este respecto, el ministro Polaco Jan Szysko, que será el presidente de la COP24 en Katowice el año que viene, fue muy claro. «No se puede seguir retrasando la plena implementación del Acuerdo de París. Hay que construir una coalición comprometida y asegurarse de que el mayor número de iniciativas sean reconocidas y apoyadas».

En cuanto al papel de Estados Unidos en esta cumbre (después de anunciar, hace un año, que abandona el Acuerdo de París), la delegación envidada por Donald Trump defendió el no intervencionismo en la actividad de las empresas para su transición energética, y el director de la secretaría de Medio Ambiente ya ha anunciado que eliminará el plan de reducción del impacto propuesto por Barack Obama en la anterior legislatura. A cambio, a Bonn acudió otra delegación norteamericana formada por gobernadores, alcaldes, ciudadanos, profesionales universitarios y activistas ambientales, entre otros, que han participado en la creación del pabellón del Centro de Acción Climática de Estados Unidos. En esta cumbre han presentado las acciones del país, al margen del Gobierno, para combatir el cambio climático, como reflejo del enfrentamiento de parte de la sociedad civil norteamericana contra las políticas de Trump en materia medioambiental.

La acción de género en la acción por el clima

El Gobierno alemán trabaja en una cobertura de seguros frente a los desastres medioambientales para 2020

En esta cumbre se ha fijado el Plan de Acción de Género. Tal y como ha hecho público Naciones Unidas, «el papel crucial de las mujeres en la lucha contra el cambio climático, será formalmente reforzado. Se trata de un avance importante debido a la especial vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio climático y sus efectos, y para que las mujeres no sean excluidas de la toma de decisiones. El Plan tiene como objetivo hacer que las mujeres sean parte de los proyectos y decisiones sobre cambio climático a nivel internacional y nacional».

Las poblaciones más vulnerables también han centrado la atención de esta cumbre. Con la constitución de la Plataforma de las Comunidades Locales y los Pueblos Indígenas, se apoyará su papel pleno e igualitario en la acción climática, al tiempo que reconoce la responsabilidad de los gobiernos de respetar sus derechos y libertades.