Transparencia

Corrupción bajo el manto de las renovables

La Agencia Tributaria ha denunciado un presunto pago de comisiones por parte de las eléctricas para agilizar la tramitación de parques eólicos en Castilla y León.

Artículo

¿QUIERES COLABORAR CON ETHIC?

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA
21
Abr
2015

Artículo

Castilla y León es la comunidad con más megavatios eólicos instalados: 5.560, un 25% del total que hay en España. Y la misma que ha sido escenario de una presunta trama organizada por personas y sociedades que cobraron de las eléctricas nada menos que 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos.

La Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción este presunto pago de comisiones. Se trata de un informe de 94 folios, fechado el pasado 30 de diciembre de 2014, y que ha publicado el diario El País.

El documento detalla siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta. Desgranamos las claves de esta trama de corrupción bajo el manto de las renovables:

1) Implicados: Hacienda incluye a «autoridades públicas de Castilla y León», «las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques», «los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas» y «las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros».

2) Cargos públicos: Entre los beneficiarios hay personas que entonces ocupaban cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía de Castilla y León. Uno es el entonces viceconsejero, Rafael Delgado Núñez, quien firmaba las autorizaciones administrativas «en virtud de acuerdos de avocación específicos». El responsable de la Consejería de Economía es Tomás Villanueva, que lleva en el cargo desde 2003 y es considerado como la mano derecha del presidente autonómico, Juan Vicente Herrera (PP). Su nombre se menciona en el informe para señalar que Delgado Núñez «desempeñó un puesto muy importante en dos consejerías de la Junta de Castilla y León (Economía y Educación) cuya titularidad correspondió al consejero Tomás Villanueva, de manera que cuando el consejero cambiaba de consejería también lo hacía Rafael [Delgado], ya fuera como viceconsejero o secretario general».

3) Forma de proceder: Las eléctricas que querían instalar parques eólicos formaban empresas mixtas vehículo junto con cargos de la consejería o empresarios locales «relacionados con el poder autonómico». Lo hacían a pesar de que eran las propias eléctricas las que «presentan el proyecto, el estudio de impacto ambiental y actúan como promotoras del parque eólico, ya que son ellas las que realizan los estudios de medición del viento […] y las que realizan la totalidad de los trámites administrativos para la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones sin participación alguna de los empresarios de Castilla y León». Al asociarse con un empresario local o un alto cargo autonómico, agilizaban los trámites. Una vez conseguida la autorización para instalar el parque, las eléctricas recompraban las acciones a su socio local de tal forma que «se multiplica por cientos de veces, incluso miles, el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores para la producción de energía».

4) Principales señalados por Hacienda: La mayor operación es una realizada entre Iberdrola Renovables en Castilla y León, Ibercyl, y la empresa San Cayetano Wind, propiedad de Alberto Esgueva, quien fuera hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Rafael Delgado Núñez, por su parte, está cercado por Hacienda ya que, tras dejar la viceconsejería, recibió 535.721 euros desde Suiza de origen desconocido, y una empresa le pagó la hipoteca y una reforma de la casa.

5) Demás actores de la trama: Una de las empresas de renovables que más pagó por la instalación de parques eólicos es Preneal, una sociedad dirigida por el expresidente de Visa en España y ex secretario de Estado con la UCD, Eduardo Merigó. Preneal pagó seis millones a San Cayetano Wind (de Alberto Esgueva), y abonó siete millones a Cronos Global (propiedad al 50% de Esgueva). En esos años, Cronos Global tuvo un «importante movimiento de divisas impropio del final de una fase alta del ciclo económico y del inicio de la recesión. Baste decir que una sociedad que podría catalogarse de pequeña, tiene unas salidas de divisas por importe de 100 millones de euros (con destino a Polonia y en menor medida a Estados Unidos) y unas entradas de 38 millones», explica el inspector. El otro 50% de Cronos Global pertenece a Luis María García Clerigó y su familia. Clerigó es presidente de Parqueolid, una constructora de Valladolid (actualmente cerrada). Esta empresa, según Hacienda, recibió de la Consejería de Economía 50 millones por un edificio en el que reordenaba sus sedes.

6) Conclusiones: El inspector asegura reiteradamente en el informe que «no nos encontramos ante relaciones empresariales normales, puesto que las relaciones observadas no son propias de la lógica mercantil» y deduce que son traspasos de fondos que «carecen total y absolutamente de motivo económico válido». La investigación de Hacienda afecta a 35 parques eólicos aprobados entre 2004 y 2007. Sin embargo, hay pagos posteriores y llegan hasta 2009, conforme los aerogeneradores se pusieron en marcha. El inspector de la Agencia Tributaria concluye su informe recordando que su fin es investigar las deudas tributarias pendientes y que sus hallazgos pueden constituir «indicio o prueba de blanqueo de capitales». Por ello, lo ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción y al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía para que continúen las investigaciones.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Ética y fiscalidad

Ramón Jáuregui

No se puede pregonar la responsabilidad social de una empresa si no se cumple fiscalmente.

Radiografía de los ODS en España

Alejandra Espino

Nuestro país terminó 2020 con una ligera mejora con respecto a 2019 en cuanto a cumplimiento de los ODS. ¿Cómo se logró?

COMENTARIOS

SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER

Suscríbete a nuestro boletín semanal y recibe en tu email nuestras novedades, noticias y entrevistas

SUSCRIBIRME

Aviso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar a los usuarios publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si se continúa navegando, consideramos que se acepta su uso. Es posible obtener más información aquí.