Otra historia de inseguridad en Latinoamérica

Cerca de medio millar de asociaciones y organizaciones colombianas han decidido romper el diálogo con el Gobierno de Juan Manuel Santos por “incumplimientos de los compromisos asumidos” en materia de seguridad y más concretamente, aquellos relacionados con la protección de los líderes sociales, aseguran en un comunicado.

Esta ruptura del diálogo por parte de las ONG e instituciones en defensa de los Derechos Humanos del país latinoamericano se produce para, según insisten en el documento, “proteger la vida y la integridad personal de los defensores y líderes sociales”.

“Más de 20 defensores y defensores han sido asesinados y cerca de 100, amenazados”, dicen los cooperantes, para quienes el Gobierno colombiano no ha facilitado las “medidas de protección concertadas y apropiadas que hubieran podido salvar la vida” de personas como Ana Fabricia Córdoba, líder de desplazados por el conflicto armado que perdió la vida a manos de un sicario en una calle de Medellín (al noroeste del país).

También han recordado que siguen esperando resultados de las investigaciones de los crímenes contra líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos en el país, así como que “los niveles de impunidad siguen aumentando”.

Insisten en que no se sentarán a ninguna mesa de diálogo con ningún representante del Gobierno colombiano hasta que se pongan las medidas oportunas de seguridad. Además, han exigido una “pronta reunión” con Santos para que éste en calidad de jefe de Estado “tome las medidas necesarias para asegurar la supervivencia e integridad de las vidas de los líderes sociales.