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Los grandes problemas del campo
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Óscar Moret es fruticultor en la comarca del Bajo Cinca, en Huesca. Su finca de 33 hectáreas está dedicada al cultivo de melocotones y nectarinas. También posee una granja con 500 cerdos. Su jornada comienza a las seis y media de la mañana y termina a las nueve de la noche. Con un solo descanso para comer en casa y echar una cabezadita, sus doce horas de trabajo incluyen labores como podar, clarear, recoger, cargar uno o dos camiones, revisar las casetas de riego y los cerdos… La temporada alta, en la que cuenta con una cuadrilla de diez trabajadores, se extiende de abril a noviembre, lo que supone trabajar muchas horas bajo el sol con temperaturas que en el estío alcanzan picos de 40 ºC. Tomar días libres es difícil y especialmente en verano.
Por tamaño, la de Óscar es una típica explotación agraria de las 914.000 que hay en España, según el último censo agrario publicado por el INE. Este censo se elabora cada diez años. El último es de 2020, anterior a la larga sequía y a la crisis consecuencia de la guerra en Ucrania. Aún así, ya arrojaba datos preocupantes: en la década anterior, el número de explotaciones agrarias se había reducido un 7,6% y el de explotaciones ganaderas, un 30%. El sector está muy atomizado: la mayoría de las explotaciones agrícolas y ganaderas en España son de tamaño reducido (17 hectáreas de media) y esto provoca que los costes de producción sean elevados, ya que no les permite aprovechar las ventajas de las economías de escala y las hace muy vulnerables a las subidas de costes o a las variaciones en los precios.
«Ahora mismo me pagan 57 céntimos por el kilo de melocotones, y es un buen precio reconoce Óscar—, pero nuestros costes de producción están entre 40 y 50 céntimos, dependiendo de las variedades. Estamos arriesgando mucho dinero para cubrir costes y esto no es viable». Pero lo que peor lleva este fruticultor es la incertidumbre, ya que la liquidación se hace una sola vez en noviembre al final de toda la temporada, pese a que ahora la tecnología permitiría hacer liquidaciones mensuales. «No podemos seguir con este modelo de liquidación única que nos obliga a vivir toda la temporada sin saber si estamos ganando o perdiendo dinero», sostiene.
Cadena de valor
Los 57 céntimos que cobra Óscar se convierten en 3 o 4 euros en el supermercado. Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), se indigna con estas diferencias de precio: «Este año he vendido las cebollas a 20 céntimos el kilo cuando en cualquier superficie comercial están a 2 euros y pico. Me pueden dar todas las explicaciones que quieran, pero a mí eso me parece una canallada. ¡Eso es mucho margen!».
En este sentido, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, hizo recientemente en un acto político una acusación al último eslabón de la cadena: «No son los agricultores ni los ganaderos, son las grandes empresas distribuidoras las que se están forrando mientras que hay familias españolas que no pueden garantizar una cesta de la compra y una alimentación saludable a su gente». Por ello, la líder de Sumar pedía un impuesto especial a estas compañías como el que se aprobó para la banca.
Sin embargo, el informe del Observatorio de Márgenes Empresariales del último semestre de 2023, elaborado con datos de la Agencia Tributaria, refleja una realidad muy distinta: «Los márgenes sobre ventas en el comercio de alimentos encadenan descensos desde 2021, sin que se reviertan las contracciones experimentadas durante la crisis energética». Según este documento, «el margen sobre ventas de la industria agroalimentaria se mantuvo en niveles muy inferiores a los anteriores a la crisis».
Basándose en estos datos, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) se defiende de las acusaciones por boca de su director de comunicación, David Gracia: «Comparar el precio al que vende el agricultor con el de venta en las grandes superficies y preguntar “¿qué pasa con ese dinero de diferencia?” es un discurso maniqueo». En opinión de Gracia, el problema fundamental de los últimos años ha sido de costes y no de precios. «El sector primario desafortunadamente ha sufrido una escalada de costes por shocks externos, como sequías y regulación, que a su vez han afectado a la industria alimentaria y la distribución. Esa subida de costes ha sido muy difícil para todos».
A juicio del secretario general de COAG, el problema de los márgenes se solucionaría si todos los actores cumplieran la Ley de la cadena alimentaria que prohíbe vender a un precio inferior a los costes de producción. «Si la cumplieran todos los eslabones no habría ningún problema porque todos ganaríamos y al consumidor no le llegarían precios desorbitados». También el portavoz de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Diego Juste, defiende este instrumento legal: «Es una norma muy buena que todavía no ha desplegado todas sus capacidades, pero que lo hará. Además, está sirviendo como modelo en la UE para la elaboración de una directiva contra las prácticas comerciales desleales».
Las exigencias de Bruselas
Hablar del papel de la Unión Europea es esencial porque en Bruselas y en Estrasburgo se decide el 95% del marco regulatorio que afecta a la agricultura y la ganadería de los 27 Estados miembros. Todos tenemos en nuestra memoria las imágenes de las concentraciones de tractores bloqueando distintos puntos neurálgicos del mapa político europeo. El detonante que ocasionó el comienzo de estas revueltas fue el Pacto Verde Europeo. A juicio de las patronales agrarias, esta iniciativa para promover la agricultura sostenible lleva aparejada mucha burocracia, así como penalizaciones y sanciones a las que no pueden hacer frente los agricultores.
Pero las protestas también coinciden con el inicio de las negociaciones de la nueva Política Agraria Común (PAC), que debería entrar en vigor en el periodo 2027-2031. «En las manifestaciones lo que se pedía es la flexibilización. No es posible tanta burocracia. Se necesita una PAC mucho más flexible y más cercana a la realidad», argumenta el secretario general de la COAG. A juicio de Padilla, está en juego definir qué modelo de producción va a fomentar la nueva PAC, «si va a beneficiar a los profesionales del campo o va a impulsar la entrada de otros actores», dice en referencia a las grandes compañías agroalimentarias y los fondos de inversión.
Otra de las reivindicaciones de los agricultores europeos tiene que ver con la rigurosa normativa que prohíbe una larga lista de productos fitosanitarios (fertilizantes, insecticidas, herbicidas, pesticidas…) debido a sus posibles riesgos en el consumo humano. Esa misma prohibición no rige para los productos importados de países no comunitarios. «Es una política hipócrita —lamenta Padilla—, ya que exige condiciones muy severas a todo lo que se produce dentro de la Unión Europea, pero no a los productos que vienen de fuera, a los cuales no se les exige absolutamente nada».
También Juste es claro en este aspecto: «Cuando los franceses dicen que los productos españoles hacen competencia desleal, están mintiendo; pero cuando nosotros decimos que los productos de Marruecos nos hacen competencia desleal, no estamos mintiendo». El jefe de prensa de la UPA se refiere a los productos fitosanitarios, pero también a las condiciones laborales de los trabajadores del campo. Las exigencias laborales son muchísimo más livianas en otros países que en España. «En España tenemos un SMI, una normativa de prevención de riesgos y otros requisitos que repercuten directamente en un mayor coste laboral». La UPA no está en contra de este marco legal, pero pide que las relaciones comerciales con países de fuera de la Unión Europea se rijan por el principio de reciprocidad.
La amenaza del cambio climático
Si hay un sector que está sufriendo más directamente las consecuencias del cambio climático sin duda es el agrario. Juste sitúa el cambio climático como el «problema más grave y de más difícil solución» de los agricultores. «Genera dificultades de producción y de adaptabilidad», remarca el portavoz de la UPA.
«El año pasado nos faltó agua para regar», señala Óscar Moret, quien también afirma que «algunas variedades de fruta están cambiando por efecto de la variación en el clima que las sostiene; hay que recogerlas antes y en menos tiempo y entonces dejan de ser rentables». Pone como ejemplos una variedad de nectarina que ha adelantado casi un mes su maduración y la manzana, que se ha dejado de producir en el Bajo Cinca por el efecto de la subida de las temperaturas.
Otra consecuencia del cambio climático son las grandes tormentas o granizos virulentos, que pueden dar al traste con alguna producción. Los esfuerzos de las organizaciones agrarias se centran en conseguir que las compañías de seguros tengan en cuenta estos fenómenos climáticos extremos. «Estamos trabajando para que cubran todas esas inclemencias que ya no son extraordinarias, porque cada vez son más frecuentes», dice el secretario general de la COAG.
Sin relevo generacional
Más del 60% de los agricultores y ganaderos españoles tiene más de 55 años y solo el 6%, menos de 35 años. Dentro de diez años se van a jubilar 6 de cada 10 agricultores y ganaderos y no hay relevo generacional. Óscar, que lleva treinta años dedicado a la agricultura, tiene un hijo de 11 años y una hija de 7. Y no sabe si querrán dedicarse a su labor. «Es mucho trabajo cada día y, si encima no es rentable económicamente, nadie va a querer quedarse en el mundo rural», dice el fruticultor, que añade melancólico: «Yo quiero que mis hijos sean felices y no sé si con este trabajo van a poder serlo».
Como quien otea nubarrones de tormenta, este agricultor del Bajo Cinca ve el profundo cambio que se está produciendo en el sector: «El relevo ya no lo toman otros agricultores sino grandes compañías. Antes iba toda la familia a recoger fruta y esto era muy gratificante; ahora todos tienen que contratar a trabajadores inmigrantes. Los españoles ya no quieren faenar en el campo».
Y esta es la principal causa del despoblamiento de grandes zonas del país. En el 70% de la superficie de España tan solo viven 4,2 millones de ciudadanos, mientras que 42 millones de personas se concentran solamente en 1.500 municipios. En la UPA tienen la certeza de que en aquellas zonas donde la agricultura es sostenible y rentable no se produce esta despoblación. Esto se puede ver en áreas de regadío como los valles del Guadalquivir, del Guadiana o del Ebro. Por eso, para la organización es crucial apostar por una agricultura y una ganadería familiares, rentables y sostenibles para luchar contra el vaciamiento de la España rural.