Sudán del Sur, a las puertas del genocidio

El calendario marcaba 9 de julio de 2011. Llegaba la hora de la esperanza para un territorio profundamente herido por la guerra y la opresión. Yuba, la capital del país más joven del mundo, se convertía en escenario de acompasados desfiles militares, que se mezclaban con los vítores de un pueblo que veía izar por primera vez su propia bandera. Por fin habían logrado la independencia de la vecina Sudán. Los sudaneses del sur eligieron en las urnas tener una nación libre y pacífica. Y la tuvieron, aparentemente, aunque no por mucho tiempo.

La proclamación de la independencia de Sudán del Sur esbozó un nuevo mapa del continente africano, que ya había sido dibujado —en función de sus intereses— por las potencias europeas tras la Conferencia de Berlín celebrada en 1885. La debilidad de los cimientos sobre los que se construyó el Estado ha desembocado, tan solo seis años después de su emancipación, en una de las peores —y más olvidadas— crisis humanitarias del continente.

Con una población de más de 12 millones de habitantes, según datos del Banco Mundial en 2015, y una extensión geográfica similar a la de Francia, Sudán del Sur logró su independencia tras la celebración de un referéndum en enero de 2011. Miles de personas acudieron, papeleta en mano, para decidir si querían separase del yugo histórico que habían sufrido por parte del norte. Ganó el sí con un 98,83 % de los votos.

El comicio fue posible gracias a la firma del histórico Acuerdo General de Paz en el año 2005 entre norte y sur. En el documento se recogían, entre otras medidas, seis años de autonomía para la zona sur, durante los cuales se celebraría un referéndum de independencia y, además, se estableció que los ingresos procedentes del petróleo y demás recursos del país se distribuirían equitativamente entre ambos territorios.

La suerte y desgracia del «oro negro»

Sudán del Sur es el país del mundo con más dependencia del petróleo, ya que representa casi la totalidad de sus exportaciones, en torno al 60% del Producto Interior Bruto (PIB), acorde a los datos que arroja el African Development Bank Group. El país, que posee la tercera mayor reserva de crudo de África, solo por detrás de Nigeria y Angola, ha visto cómo su mayor fortuna ha sido, también, su mayor desgracia.

El acuerdo de paz se convirtió en papel mojado. El norte, que había sometido al sur a un olvido histórico, poseía el control de todas las riquezas del país, las instituciones, las grandes infraestructuras y, lo más importante, una salida al Mar Rojo por la que transportar las mercancías. Esto le dio la llave para gestionar los beneficios de las exportaciones de los recursos naturales y las reservas de petróleo, localizados en su mayoría en la zona sur.

Proclamada la independencia, Sudán del Sur llegó a producir 350.000 barriles de crudo diarios, cifra que descendió hasta los 120.000 en 2015, según datos del Banco Mundial en 2016. La inestabilidad, la corrupción, la importante reducción de la producción de barriles y el descenso de los precios del petróleo alimentaron la emergencia humanitaria que atraviesa el país desde que estallara el conflicto en diciembre de 2013, aunque la situación ya era delicada incluso antes del proceso de separación.

¿Conflicto étnico o luchas de poder?

El Gobierno formado tras el referéndum posicionó como presidente a Salva Kiir, de etnia dinka, y como vicepresidente a Reik Marchar, líder nuer. Una serie de desencuentros llevaron a Kiir a prescindir de Marchar como parte de su Ejecutivo. Fue entonces cuando dio comienzo un cruce de acusaciones de intentonas de golpes de Estado, corruptelas y mentiras. Ambos, curtidos guerrilleros rivales en las luchas contra el norte, comenzaron una guerra civil que Naciones Unidas (ONU) ha catalogado casi de genocidio, de escala comparable al de Ruanda de 1994.

Dar por único motivo de la guerra las divisiones étnicas es, como poco, reducir a mínimos el alcance del radar de los porqués. La batalla está basada, principalmente, en una lucha de poder y de control por los recursos naturales del país. A todo esto hay que sumar los intereses de países como China o Estados Unidos en el petróleo sursudanés.

Se confirma una realidad anunciada

El repunte de la violencia desde julio de 2016, la inflación —que se sitúa en un 800 % interanual— y el colapso de los mercados han mermado la producción de alimentos y la actividad agrícola, incluso en zonas que previamente se mantenían estables.

«Esta inestabilidad ha tenido un efecto dramático en el alza de precios de la canasta básica para la población civil. A la carestía de productos, se añaden unos costes inasumibles para una gran mayoría», apunta Sergio Maydeu-Olivares, investigador asociado al Barcelona Centre of International Affairs y analista de PlayGroundDO.

Con 1,89 millones de desplazados internos y 1,5 millones de refugiados en los países vecinos, según los últimos datos ofrecidos por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en enero de 2017, se ha decretado el nivel de hambruna, acorde a la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en fases (CIF), en varias zonas del país.

Las cifras son desoladoras. Se estima que 4,9 millones de personas —más del 40% de la población— necesitan ayuda urgente de tipo alimentario, agrícola y nutricional. Pero, ¿qué significa este decreto? Significa que la población ha empezado a morir de hambre, un hambre provocada por las partes implicadas en el conflicto que están prohibiendo la llegada de provisiones a las zonas más afectadas, y que está siendo utilizada como un arma de guerra.

«La hambruna se ha convertido en una trágica realidad en diversas zonas de Sudán del Sur y ha ocurrido lo que más temíamos: muchas familias han agotado todos los medios con que cuentan para sobrevivir», asegura Serge Tissot, el representante de la Organización para la Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas (FAO) en en el país.

«Más de 1 millón de niños sufre malnutrición aguda y unos 250.000 están gravemente desnutridos. Si no llegamos a estos niños con ayuda urgente, muchos de ellos morirán», señala Jeremy Hopkins, representante de Unicef en Sudán del Sur.

La respuesta por parte de la comunidad internacional frente al conflicto ha sido tibia. «Solo con una mayor presión de todos los actores políticos con intereses en Sudán del Sur se puede frenar la escalada de violencia en el país», apunta Maydeu-Olivares. «A pesar de los esfuerzos de diferentes agencias y organizaciones internacionales, no han contado con los recursos financieros, ni las garantías de seguridad necesarias para poder afrontar el reto humanitario», prosigue.

«Las vidas de millones de personas dependen de nuestra capacidad colectiva de actuar. En nuestro mundo de abundancia, no hay excusa para la inacción o la indiferencia», exclamaba António Guterres, secretario general de la ONU, durante una conferencia de prensa en la que la Organización anunció que debía reunir al menos 4.400 millones de dólares en un mes para palear las crisis alimentarias en los países que se encuentran en estado de emergencia.

Y es que Yemen, Etiopía, Somalia o el noreste de Nigeria —crisis del Lago Chad—  también encabezan la lista de territorios en riesgo de decretarse el estado de hambruna durante el primer trimestre de 2017, según las últimas estimaciones de Fews Net, la Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna creada por  la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La hambruna decretada por el Gobierno y distintas agencias de la ONU —Programa Mundial de Alimentos, FAO y Unicef— en Sudán del Sur «no es más que la constatación que esta crisis no ha hecho más que empezar», vaticina Maydeu-Olivares.