Internacional

Venezuela: el ocaso de los derechos humanos

El último informe de Amnistía Internacional describe cómo el Gobierno de Nicolás Maduro vulnera los derechos humanos con el objetivo de asfixiar a la oposición política en Venezuela.

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16
May
2016
Protestas en Caracas en 2015

Un análisis de Carmen López, de Amnistía Internacional

En marzo de 2015, Marco Antonio Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, junto a otras once personas que volvían de exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sus motivos de preocupación por la falta de libertades, fueron seguidos, fotografiados y filmados por unos hombres no identificados en el aeropuerto de Caracas. Solo un mes después, en abril, Carlos Lusverti, profesor en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, resultó herido al recibir disparos por segunda vez en 15 meses, en un aparente intento de robo. En octubre, tres hombres armados atacaron en su casa a Marino Alvarado Betancourt, del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), y a su hijo de nueve años.

Son algunos de los casos de hostigamiento y agresiones documentados por Amnistía Internacional en su último informe anual, que pone de relieve la frágil situación de los derechos humanos en el país latinoamericano. Erosionar el espacio cívico, criminalizar la disidencia y minar la libertad de expresión son algunas de las acusaciones que recaen sobre el Gobierno nacional. El propio presidente Nicolás Maduro, junto al que fuera presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dieron por la televisión nacional los nombres y apellidos de algunos activistas, a los que acusaron de dañar la reputación del país y de socavar al Gobierno.

Sin olvidar la lista de presos políticos, en la que destaca el caso de Leopoldo López, líder del partido de oposición Voluntad Popular, que fue encarcelado en septiembre de 2015, declarado culpable de instigación pública y condenado a 13 años y 9 meses de prisión. No existen pruebas que respalden las acusaciones, pero Maduro pidió su encarcelamiento. O el caso de Rosmit Mantilla, miembro del mismo partido y activista del colectivo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales), que lleva preso desde mayo de 2014 y aún hoy se encuentra a la espera de juicio.

Los avances en la investigación de dichos abusos son escasos. Pareciera que la impunidad les legitima. Aunque en realidad es el reflejo de un sistema judicial débil, en el que se repiten las injerencias de los cargos públicos desde los más altos niveles. La independencia del poder judicial se vuelve aún más cuestionable si tenemos en cuenta que al menos el 60% de los jueces ocupa su cargo de manera temporal, lo que les hace más vulnerables a posibles presiones políticas.

Supporters of Venezuelan opposition presidential candidate Henrique Capriles protest in front of riot policemen in Caracas on April 15, 2013. Venezuela's opposition piled pressure on electoral authorities Monday to recount the tight vote to replace late leader Hugo Chavez, calling for protests if acting President Nicolas Maduro is formally proclaimed the winner. AFP PHOTO/Geraldo Caso

Dos años después de las manifestaciones multitudinarias anti y pro gobierno, que se saldaron con 43 personas muertas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, centenares de heridos y decenas de víctimas de torturas o malos tratos, nadie había sido declarado culpable de esos delitos ni se habían retirado los cargos contra las personas detenidas arbitrariamente por las autoridades.

Por otro lado, los niveles de violencia letal en toda la región seguían siendo extremadamente elevados. América Latina y el Caribe albergan 8 de los 10 países más violentos del mundo y, en cuatro de ellos (Brasil, Colombia, México y Venezuela), se cometen uno de cada cuatro homicidios. En Venezuela, preocupa el hecho de que, durante las operaciones de seguridad pública para hacer frente a los elevados índices de delincuencia, se hiciera un uso excesivo de la fuerza, incluidas posibles ejecuciones extrajudiciales, y se utilizaran también detenciones arbitrarias y desalojos forzosos de presuntos delincuentes y sus familias.

Asimismo, el pasado verano, cerca de 2.000 personas de ciudadanía colombiana entre ellas personas refugiadas y solicitantes de asilo− fueron expulsadas de Venezuela, sin que se les diera la oportunidad de impugnar su expulsión ni recoger sus pertenencias. Estas deportaciones fueron la respuesta a la muerte de tres agentes y un civil durante dichas operaciones de seguridad.

En las elecciones parlamentarias celebradas a final de año, la coalición de la Mesa de Unidad Democrática obtuvo dos tercios de los escaños. El número de protestas había disminuido. Y permanecía abierta la consulta a todos los sectores de la sociedad para el Plan Nacional de Derechos Humanos, que incluye propuestas para reformar el poder judicial, el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad, así como para poner fin a la discriminación de los colectivos más vulnerables (pueblos indígenas, mujeres, menores y personas del colectivo LGBTI).

Tanto el Ejecutivo como la recientemente nombrada Asamblea Nacional deben adoptar medidas urgentes para poner fin a la impunidad, garantizando la independencia e imparcialidad del sistema de justicia. Es el momento de que las diferentes fuerzas políticas busquen soluciones basadas en la cooperación y el diálogo y de que pongan al frente de la agenda política la protección de los derechos de todos y todas, sin discriminación alguna.

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