80.000 personas con discapacidad se quedan sin votar

Mientras el 20-D te dirigías hacia la urna papeleta en mano, 80.000 personas con discapacidad intelectual se quedaban sin votar. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que sigue sin modificarse pese a las advertencias de Naciones Unidas, se lo impidió una vez más.

Son personas adultas, aunque incapacitadas judicialmente. Es preciso destacar que, sobre todo años atrás, la incapacitación era un proceso al que recurrían muchas familias como medida de ‘protección’ hacia la persona con discapacidad. Entre las personas con síndrome de Down, por ejemplo, esa era la norma general. «El problema es que, supuestamente, el juez debería de hacer de cada incapacitación un traje a medida, es decir, que se especificara para qué actos que quiera llevar a cabo la persona con discapacidad intelectual tendría que intervenir el tutor», explica Almudena Castro, directora de la Fundación Aequitas, en declaraciones a El Mundo. Según ella, la realidad dista mucho de ser así: «De traje a medida nada, en la mayoría de los casos se ha incapacitado totalmente».

Desde 2008, la ONU ratificó en la Convención de Derechos de las personas con discapacidad que «ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada del derecho al voto». Este acuerdo obligaba a España a modificar la LOREG, pero ni en 2011 −cuando la ONU revisó el sistema electoral español para ver si se cumplía la normativa− ni en 2013 −después de que la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados solicitase al Gobierno que elaborara una reforma de la Ley en un plazo de seis meses− se consiguió ningún avance.

«La Legislatura se despide sin que esa conculcación masiva de derechos humanos de nuestro sistema electoral se haya solventado. Es una anomalía de nuestra democracia, que la hace más débil y más deficitaria. Unas elecciones más, a miles de personas se les niega el derecho más básico de todos, el de votar, por tener discapacidad», ha denunciado en declaraciones a Europa Press el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, que ve «decepcionante» que la clase política consienta que este estado de cosas se mantenga, «sin mayor escándalo y sin hacer nada para subsanarlo».

¿Qué proponen los partidos?

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Europa Press ha analizado las propuestas sobre discapacidad de varios partidos políticos:

Ciudadanos asegura que reformará la LOREG para que «ninguna persona con diversidad/discapacidad pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio». «Se trata de poner fin a la vulneración de la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional, que con la legislación vigente pueden ser privadas del derecho de sufragio, lo que entra en clara contradicción con los derechos humanos», argumenta.

Podemos asegura en su programa que cambiará la ley electoral «para que ninguna persona con diversidad funcional pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio en el futuro y para que se restituya el derecho de voto a las que ahora no lo tienen».

El PP, por su parte, dice que reformará la LOREG para que las personas con discapacidad «puedan ejercer su derecho fundamental de sufragio con garantías y con privacidad, garantizando la disponibilidad de votos en Braille en todas las citas electorales».

El PSOE señala en el aparatado de la reforma de la Ley electoral que uno de los objetivos es «posibilitar de forma efectiva el ejercicio del voto a las personas con discapacidad que hoy no pueden ejercerlo».

Mientras, Unidad Popular plantea una Ley electoral que «garantice la proporcionalidad y recoja el mismo derecho y valor del voto a todos los ciudadanos».