Las empresas y la lucha contra la corrupción

A lo largo de los tiempos, políticos, gestores, empresarios y ciudadanos de cualquier ralea se han encontrado en su camino con el sutil y penetrante hedor de la corrupción, dice Carlo Alberto Brioschi en su libro Breve historia de la Corrupción, de la antigüedad a nuestros días (Taurus, 2004). Desde la antigua Mesopotamia –donde la reciprocidad regalo-favor era una costumbre consolidada– hasta las irresueltas cuestiones morales de nuestros días, este mal ha sobrevivido al paso de los siglos y diferentes regímenes (monarquías, teocracias, repúblicas…), explica autor. Y, precisamente, esa persistencia pone sobre alerta la fragilidad de la G del ESG (medio ambiente, sociedad y buen gobierno, por sus siglas en inglés). 

No se trata solo de tener códigos éticos o comités de auditoría, sino de asegurar que las decisiones –desde presentarse a una licitación pública hasta el bosquejo de una estrategia empresarial– se rijan por la transparencia, la rendición de cuentas y el interés colectivo. Sin importar el tipo de organización, es sabido que las malas prácticas dañan a la sociedad, merman la confianza, crean un mal clima de negocios y lastran la economía. 

En lo que respecta a las empresas, dicen los expertos de Pacto Mundial, cada vez más entienden que prevenir la corrupción y apostar por la transparencia empresarial no es solo una exigencia legal, sino que también puede ser una ventaja competitiva. «Se ha avanzado mucho en concienciación», indica Víctor Martínez, product manager de Cumplimiento Normativo en Lefebvre. 

La adopción de criterios de buen gobierno ofrece claros incentivos a las empresas, desde una mejor reputación hasta un mayor acceso a fuentes de capital. Sin embargo, su implementación no ha sido la prioridad, destaca un informe reciente del U4 Anti-Corruption Resource Centre. «Las menciones directas a medidas anticorrupción [en la legislación de varios países, incluidos los europeos] representan una porción minúscula de los datos que las empresas reportan», explican los especialistas. 

Carrot & Stick, una consultora inglesa experta en sostenibilidad, lo ha comprobado. La firma de análisis ha examinado 2.463 políticas ESG en 163 países (incluidos Estados Unidos y los países miembro de la Unión Europea) y ha encontrado que solo el 1,3% de los estándares exigen de forma explícita que las compañías presenten detalles específicos anticorrupción. 

En el estudio de Carrot & Stick

Otro ejemplo de ello es el informe Understanding Anti-Corruption Reporting, publicado en 2023 por la Federación Internacional de Contadores y Transparencia Internacional en el Reino Unido, donde se reveló que la mayoría de las empresas cotizadas sí hacía mención en sus informes públicos a sus políticas y capacitaciones anticorrupción. A pesar de ello, menos de la mitad (solo un 37%) divulgaba incidentes de corrupción reales, y únicamente el 4% informaba sobre los costes financieros asociados a esos incidentes.

En España, el Índice de Transparencia Corporativa en Integridad, Cumplimiento y Derechos Humanos de las Empresas del Ibex 35 (2022) indica que hay margen para seguir avanzando con una política anticorrupción clara, detallada, actualizada, disponible y respaldada públicamente por parte de la alta dirección. 

En esencia, para que una empresa realmente combata la corrupción de manera efectiva, dice el informe, no basta solo con «tener un programa». Lo que se necesita es un plan robusto y exhaustivo de prevención de la corrupción y el fraude, que abarque todas las formas de estas malas prácticas y que esté acompañado de una transparencia total. Esto implica cumplir a rajatabla con lo que exige la Ley 11/2018 –referida a información no financiera– y que actualmente su alcance se ha ampliado con la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) en toda la Unión Europea –con la aprobación del paquete Ómnibus, que busca simplificar la regulación, no se debilita la prevención, pero sí se da mayor flexibilidad sobre cómo, cuándo y a quién aplicar las normas–. 

Víctor Martínez (Lefebvre): «Queda camino por recorrer para que los sistemas de cumplimiento sean realmente eficaces y no solo una formalidad documental»

«Queda camino por recorrer para que los sistemas de cumplimiento sean realmente eficaces y no solo una formalidad documental», agrega Martínez, de Lefebvre. «Hablaríamos de mapas de riesgos específicos, controles sobre licitaciones y subvenciones, formación continua al personal implicado y canales de denuncia fiables y accesibles», abunda. El liderazgo y ejemplo de la dirección será clave para la incorporación de una verdadera cultura ética, de lo contrario, cualquier programa es solo papel mojado, subraya Martínez. 

Está comprobado que la corrupción y el soborno perjudican a los negocios, dicen los expertos de Transparencia Internacional. En determinados casos, la batalla contra la corrupción es uno de los principales factores que condiciona el nivel de crecimiento y la llegada de inversiones en una economía, explican. La lucha contra este mal no es sencilla, pero el organismo destaca seis puntos para tomar en consideración dentro de las compañías: 

Liderazgo y compromiso

La integridad debe impulsarse desde lo más alto: el ejemplo del liderazgo es esencial para construir una cultura ética.

 

¿Qué se necesita?

 

• Compromiso público del CEO y la dirección.

• Definición clara de quién es responsable de la ética y el cumplimiento dentro de la estructura.

• Concretar principios de integridad como un valor central en la visión, misión y estrategia del negocio.

 

Herramientas

 

• Declaraciones de compromiso firmadas y difundidas por la dirección.

• Códigos de conducta que no solo prohíban, sino que también guíen e inspiren.

• Talleres específicos para líderes, en los que abordar dilemas éticos complejos y fomentar el liderazgo con integridad.

Evaluar el estado actual y los riesgos

Antes de actuar, hay que saber dónde hacerlo. Se trata de hacer un diagnóstico profundo para identificar los puntos débiles y las áreas vulnerables a la corrupción, tanto dentro de las operaciones de la empresa como en sus interacciones externas.

 

¿Qué se necesita?

 

• Mapeo exhaustivo. Es importante identificar operaciones, socios, países y sectores con mayor exposición a riesgos de corrupción.

• Participación multifuncional. Ello significa involucrar a equipos internos (legal, finanzas, operaciones…) y, si es necesario, expertos externos.

• Revisión constante. Los riesgos evolucionan, por lo que la evaluación debe ser un proceso periódico y dinámico.

 

Herramientas

 

• Matrices de riesgos: herramientas personalizadas que evalúan la probabilidad y el impacto de los riesgos de corrupción.

• Cuestionarios dirigidos a empleados y proveedores para recabar percepciones y posibles focos de riesgo.

• Casos prácticos de autoevaluación: para que los equipos identifiquen y analicen escenarios de riesgo.

Planificar el programa anticorrupción

Transformar los valores en normas. Consiste en crear un conjunto de políticas que sean no solo claras y comprensibles, sino también aplicables a la realidad diaria de la empresa, adaptadas a su tamaño, sector y cultura.

 

¿Qué se necesita?

 

• Un código de ética que no sea un mero documento, sino una guía funcional y conocida por todos.

• Una política anticorrupción integral que aborde diversas modalidades: soborno, extorsión, tráfico de influencias…

• Reglas claras y detalladas sobre temas como regalos, invitaciones, uso de fondos de la empresa y relaciones con terceros.

 

Herramientas

 

• Modelos de políticas adaptables: plantillas que pueden ser personalizadas por cada empresa. Por ejemplo, Transparencia Internacional ofrece algunas opciones.

• Plantillas de cláusulas anticorrupción para incluir en contratos con socios, proveedores y clientes.

• Guías prácticas: ayudan a los empleados a identificar y resolver conflictos de interés.

Actuar según el plan

No basta con tener políticas, hay que vivirlas. Este paso se centra en llevar los principios y normas a la acción, asegurando que todos los empleados estén formados y que existan canales seguros para comunicar cualquier preocupación.

 

¿Qué se necesita?

 

• Programas de capacitación adaptados a diferentes niveles y roles, utilizando metodologías interactivas.

• Un sistema de denuncia seguro, accesible y preferiblemente anónimo que garantice la protección del denunciante. En España, existe la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo público encargado de proteger a las personas que denuncian irregularidades y garantizar su confidencialidad y seguridad.

• Un marco claro, proporcional y justo para las infracciones, aplicado de manera consistente.

 

Herramientas

 

• Manuales de formación: con casos prácticos, dilemas y preguntas frecuentes.

• Juegos de roles y simulaciones: practicar cómo actuar en situaciones éticas complejas.

• Herramientas tecnológicas para gestionar las denuncias de forma confidencial.

• Protocolos de investigación y respuesta: para asegurar una gestión rápida y efectiva de las denuncias.

Supervisar los controles y el progreso

La integridad no es un destino, sino un viaje. Este pilar implica una revisión y ajuste constante del programa para asegurar que siga siendo relevante, detecte fallos a tiempo y se adapte a nuevos riesgos.

 

¿Qué se necesita?

 

• Auditorías regulares, tanto internas como externas, para verificar la eficacia y el cumplimiento del programa.

• Indicadores de desempeño ético (visualizados como KPIs): métricas que permitan medir la salud ética de la organización y el impacto del programa.

• Análisis sistemático de las denuncias. Servirán para identificar patrones, áreas problemáticas y oportunidades de mejora.

 

Herramientas

 

• Plantillas de auditoría de cumplimiento que evalúen el programa de forma estructurada.

• Cuadros de mando ético. Es decir, dashboards que visualicen los KPIs.

• Encuestas de clima ético que permitan medir la percepción de los empleados sobre la cultura de integridad.

Informar interna y externamente

Comunicar el compromiso y los resultados. Compartir con los stakeholders (empleados, clientes, inversores, sociedad…) los esfuerzos y avances en materia de integridad, fortaleciendo así la confianza y la credibilidad.

 

¿Qué se necesita?

 

• Publicaciones periódicas que detallen las políticas, acciones y resultados en anticorrupción.

• Ser honesto sobre los logros, pero también sobre las áreas de mejora.

• Alianzas: Unirse a esfuerzos sectoriales o globales para combatir la corrupción de forma colaborativa.

 

Herramientas

 

• Informes bajo estándares reconocidos, que incluyen secciones específicas sobre gobernanza y anticorrupción.

• Listas de verificación (checklists) de divulgación pública que aseguran que toda la información relevante se comunique de forma clara.

• Historias de impacto y testimonios. Son útiles para ilustrar cómo la integridad se vive en la práctica y sus beneficios tangibles.

«Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno», afirman desde Pacto Mundial. Dado que un escándalo de tal magnitud puede acarrear riesgos legales, reputacionales, costes financieros y desconfianza interna, combatir estos males es una cuestión estratégica. Brioschi resalta en su libro que cuando los untos discretos o las mediaciones millonarias se normalizan (en algunos países se ha defendido de forma vehemente que estas son una costumbre social), la gobernanza se convierte en una máscara venenosa. 

España, estancada 

España ha caído cuatro puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024. El país se sitúa en el puesto 56/100 y ha descendido 10 posiciones en el ranking global. Su posición a nivel europeo también se ha visto afectada: ha pasado del lugar 14 al 16, de 27 países. Según los expertos de Transparencia Internacional, el retroceso se debe al estancamiento de las políticas anticorrupción a nivel nacional y al debilitamiento institucional en varias comunidades autónomas. Aunque explican que no ha habido un retroceso normativo, sino que las medidas existentes no se han aplicado con eficacia.

Evolución de la percepción de la corrupción en España