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ESPECIAL ESG
El sector alimentario ante el desafío de la descarbonización
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La vida de la humanidad contemporánea es, en esencia, el resultado de la agricultura. Sin esta gran revolución que ocurrió hace unos 10.000 años, es posible que el ser humano no hubiera inventado la máquina de vapor, los ordenadores, las naves espaciales o la inteligencia artificial. Porque hablar del campo es hablar de la lucha contra el hambre, de eficiencia, de productividad, de valor añadido y de crecimiento económico. Fue entre el Levante mediterráneo, la zona de Oriente Próximo conocida como el Creciente Fértil, donde se comenzaron a cultivar cereales silvestres como el trigo y la cebada, y además se empezaron a domesticar animales como ovejas, cabras y cerdos. A lo largo de los siglos, estas prácticas se extendieron por el mundo.
La agricultura y la ganadería han tenido un impacto profundo en la historia de la humanidad: han dado paso a asentamientos permanentes y al surgimiento de estructuras sociales y económicas complejas. Pero también han dejado una huella que se ha convertido en un gran desafío. Hoy, las prácticas agrícolas y ganaderas son responsables del 80% de la pérdida de hábitats nativos en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La producción de alimentos, además, representa una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Y los datos no parecen indicar que la tendencia vaya a cambiar.
Se prevé que la demanda mundial de alimentos aumente en un 50% para 2050, con un impacto negativo en la degradación de la tierra y el suelo, según la ONU. «En un escenario de recursos finitos, la industria se enfrenta al reto de alimentar a una población creciente sin comprometer la calidad y seguridad alimentaria», asegura Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). El sistema alimentario que tenemos hoy se diseñó tras la II Guerra Mundial, centrado en producir el mayor número de calorías de la forma más barata posible. En este periodo de posguerra esto tenía sentido y abordaba el reto social al que se enfrentaba la sociedad en ese momento. «Sin embargo, ahora vemos las consecuencias negativas de este modelo para el medio ambiente y la salud de las personas, porque lo cierto es que el sistema actual sigue estando configurado para maximizar el volumen de producción al precio más bajo posible», argumenta Adam Kybird, gestor del fondo Triodos Food Transition Europe Fund. Pero algo está cambiando.
Con este escenario de fondo, se ha puesto el foco en mejorar la situación del sector. Desde 2015, la agenda política internacional se ha visto definida por la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada por unanimidad por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Las actividades relacionadas con la alimentación son grandes protagonistas en esta historia. Un estudio liderado por Ilija Djekic, profesor de la Facultad de Agricultura de Belgrado, afirma que la industria agroalimentaria puede contribuir de una forma directa al logro de buena parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el alma de la Agenda 2030. Particularmente, tendría un gran impacto si lograse una producción y consumo responsables, fomentando la eficiencia en el uso de recursos y la energía. Esta estrategia subraya un nuevo contrato social para las empresas, y la Unión Europea (UE) ha implementado varios marcos estratégicos y políticas para recoger el guante.
La receta de Europa
En esta línea, se aprobó en 2020 el Pacto Verde Europeo, estableciendo la hoja de ruta para una economía sostenible. Como parte del Pacto Verde, destaca la estrategia «De la granja a la mesa», que propone cambios integrales en el sistema alimentario, abarcando desde la producción agrícola hasta el consumo. Esto implica considerar todos los aspectos de la cadena para asegurar su sostenibilidad, desde la salud del suelo y el bienestar animal hasta la reducción del desperdicio y la promoción de dietas saludables. Es la primera vez en la historia de la UE que se plantea una acción de tal magnitud.
La estrategia está íntimamente relacionada con el Plan de acción para el desarrollo de la producción ecológica de la UE, que establece metas ambiciosas para incrementar la superficie agrícola dedicada a la producción ecológica. El objetivo es que el 25% de la superficie agrícola de la UE sea ecológica para 2030. La estrategia «De la Granja a la Mesa» apoya este objetivo y proporciona un marco más amplio para su implementación.
Hoy, la industria alimentaria, así como todas las demás en la economía, están obligadas a cumplir con la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), publicada en 2022, que exige a todas las empresas cotizadas en la UE, grandes empresas no cotizadas con más de 500 empleados y entidades de crédito con más de 500 millones en activos informar sobre su impacto medioambiental, social y de gobernanza. Esta normativa obliga a las empresas a reportar sobre su consumo y costos de energía, así como a informar de sus planes de reducción de impacto.
A estas nuevas regulaciones se suma la recién aprobada Ley de Restauración de la Naturaleza. Con ella, la UE se ha fijado el objetivo de reparar al menos el 20% de sus zonas terrestres y marinas para 2030 y hasta el 90% los ecosistemas considerados degradados para 2050. La normativa se traducirá en acciones concretas a través de la elaboración y ejecución de planes nacionales de recuperación. Además, reconoce que la restauración de la naturaleza contribuirá significativamente a alcanzar los objetivos de la UE en mitigación y adaptación al cambio climático, mejorar la prevención y mitigación de desastres naturales y cumplir con los compromisos internacionales de la UE.
Para mejorar la biodiversidad en agroecosistemas, los países de la UE deben avanzar en dos de tres de los siguientes indicadores.
Además, el documento establece como otros indicadores del estado de los ecosistemas agrarios el índice de aves comunes agrarias o el estado de las turberas, las cuales busca restaurar para 2030 al menos el 30% (su rehumidificación es una de las formas más rentables de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola), el 40% para 2040 y el 50% para 2050.
Las finanzas como ingrediente imprescindible
La presión en el sector va en aumento. «La regulación en materia de sostenibilidad es mucha, muy variada y muy exigente», afirma Cinta Bosch, gerente de Sostenibilidad Aecoc, patronal del gran consumo que aglutina a todos los agentes de la cadena de valor del sector alimentario. El cambio de sentido es profundo y las estimaciones muestran que se necesita una enorme cantidad de dinero para construir un sistema agrícola y alimentario sostenible.
El informe Growing Better, de la organización Food and Land Use Coalition, estima que se necesitan 10 transiciones críticas (como asegurar un océano sano y productivo, promover dietas saludables, invertir en fuentes
diversificadas de proteínas o garantizar medios de vida en un campo sostenible) para transformar el sistema alimentario, con un costo total de aproximadamente 194.000 millones de euros anuales hasta 2030.
La Iniciativa Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias sitúa el déficit de financiación en 320.000 millones de euros anuales hasta 2030 para lograr sistemas alimentarios sostenibles. Por su parte, un informe de la FAO menciona una necesidad de 622.00 millones de euros, mientras que un artículo en Global Food Security estima que las acciones propuestas costarán 1,2 billones de euros anuales hasta 2030.
Pese a los grandes montos, el desafío no reside tanto en la disponibilidad de dinero como en su canalización hacia la transición sostenible del sector. Desde enero de 2016 hasta septiembre de 2023, los bancos otorgaron en el mundo al menos 281.000 millones de euros en créditos a empresas agrícolas con altos riesgos de deforestación, de acuerdo con Forest&Finance, una coalición de diversas organizaciones que elabora bases de datos sobre las cadenas de suministro de carne de res, soja, aceite de palma, pulpa y papel, caucho y madera. Además, se estima que en septiembre de 2023 los inversores institucionales poseían unos 35 mil millones de euros en acciones y bonos de las mismas empresas, según la organización.
Aunado a ello, Naciones Unidas dice que al menos el 90% de las subvenciones públicas al sector agrícola se dan a actividades que contaminan. Alrededor del 80% de los subsidios de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE entre 1986 a 2013, por ejemplo, se han utilizado para apoyar productos animales con altas emisiones, revela un informe de Anniek Kortleve, investigadora de la Universidad de Leiden, que ha sido publicado este año en la revista Nature Food.
Sin embargo, las empresas están apostando por impulsar su propia transformación sostenible: cada vez son más las corporaciones que se comprometen con alcanzar la neutralidad climática en 2050 o incluso 2030 o a reducir el porcentaje de plásticos y otros elementos contaminantes en el empaquetado de sus productos.
Entre otras fórmulas, proliferan apuestas firmes por transitar hacia prácticas de agricultura regenerativa, que permite convertir los cultivos en sumideros de CO2 y proteger el suelo a largo plazo, o el uso de tecnologías digitales para disparar la eficiencia en el uso de agua o energía.
«Cambiar a un sistema que valore plenamente el impacto medioambiental, la calidad de los alimentos y el impacto en la salud humana es difícil cuando nuestras cadenas de suministro, las políticas gubernamentales y el sistema agrícola están configurados para maximizar objetivos diferentes», indica Kybird, del fondo Triodos Food Transition Europe Fund. Así que las empresas alimentarias que realmente impulsan la sostenibilidad tienen que hacer algo diferente. «E ir de la mano con el sistema financiero para un verdadero cambio transformador», concluye el experto.