Bruselas quiere reforzar el gobierno corporativo de las empresas

A la Unión Europea le preocupa la estabilidad de empresas seguras y fiables en su entorno. Por eso, la Comisión Europea ha iniciado una consulta pública que tiene como fin encontrar la mejor forma de gestión del gobierno corporativo de las empresas.

La consulta –que durará hasta el próximo 22 de julio- abarca una multiplicidad de temas. Desde la manera de gestionar la diversidad en los consejos de administración y su funcionamiento hasta la supervisión y el cumplimiento de los códigos de gobierno corporativo nacionales vigentes, pasando por el modo de aumentar la participación de los accionistas.

El estudio también servirá para examinar el funcionamiento de los consejos, sobre todo en relación con la disponibilidad y el tiempo dedicado por los consejeros, así como la gestión de riesgos y la remuneración de los consejeros.

En esta línea, Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, ha opinado que «en la actual coyuntura económica, necesitamos más que nunca velar porque las empresas estén bien gobernadas y, por consiguiente, sean fiables y sostenibles«.

Además, Barnier pretende entre otras cosas limitar el número de consejos de administración a los que puede asistir un mismo consejero, prohibir la acumulación de los cargos de presidente y consejero delegado en las instituciones financieras o exigir una adecuada cualificación de los consejeros.

Respecto a la participación de los accionistas, la consulta se plantea si hace falta identificarlos -estableciendo un mecanismo que permita a los emisores saber quiénes son sus accionistas-, así como un marco mejorado de cooperación entre los mismos. Por otra parte, también se plantea si las empresas que no cumplen con las recomendaciones nacionales sobre gobierno corporativo deben explicar por qué no se ajustan a las mismas.

Así, con toda la información recabada, la Comisión tiene previsto elaborar un informe que haría público en otoño en el que se resuman los resultados de la consulta. Su último objetivo es que sirva de base a la hora de tomar decisiones sobre si fueran necesarias nuevas propuestas legislativas.