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ESPECIAL ESG
La crisis climática no hace otra cosa que dejar estampas para el olvido. La última de ellas se dio en Vietnam, donde la lluvia parece no tener fin. En lo que va de año, se han registrado allí 14 tifones. Hace unas décadas, el promedio anual se situaba en cinco, según informa The New York Times. Y mientras acababa de cobrar forma la tormenta número 15 de la temporada, más de 90 personas ya habían muerto a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra. Mientras, al otro lado del planeta, en Belén (Brasil), llegaba a su fin la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 30 (COP30).
La simultaneidad del evento político en Belén y la catástrofe humana en Vietnam subrayó la distancia crítica entre los compromisos debatidos en las mesas de negociación y la dura realidad de la devastación que ya sufren las comunidades en la primera línea de la emergencia climática. Diez años después de la euforia del Acuerdo de París, esta última cumbre, ambiciosamente titulada «La hora de la verdad», si bien logró avances significativos, queda lejos de marcar un punto de inflexión decisivo en la lucha contra el cambio climático.
La cumbre –de dos semanas de maratonianas conversaciones, con protestas indígenas, la notable ausencia de Estados Unidos (el segundo mayor contaminador mundial después de China) y un incendio que forzó una evacuación– culminó con un acuerdo desangelado, calificado como de «mínimos», debido al déficit de grandes ambiciones climáticas, la falta de una hoja de ruta para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el planeta y nuevas metas sobre financiación.
No todo fueron malas noticias. Uno de los resultados más importantes de esta cumbre fue el establecimiento de un mecanismo de transición justa para fomentar la cooperación internacional, enfocado en facilitar procesos de descarbonización inclusivos. Su objetivo es poner a las personas en el centro de la acción climática y garantizar que nadie se quede atrás en la transformación del modelo energético y económico global.
Dicho marco está diseñado para abordar las necesidades específicas de grupos clave como los trabajadores de sectores intensivos en carbono (como el petróleo, el gas o el carbón), comunidades locales, mujeres, pueblos indígenas y otros grupos especialmente vulnerables a las consecuencias del cambio climático, pero también a las de la transición ecológica. Para lograrlo, las acciones que promueve se centran en la creación de empleo en sectores verdes, la formación y el reciclaje profesional, el desarrollo de estrategias de diversificación económica para las regiones dependientes de combustibles fósiles y el abordaje efectivo de la pobreza energética.
«Esto era una reclamación de muchos países y de la sociedad civil, que, en la cumbre, lideró la presión para alcanzar el acuerdo. No obstante, el mecanismo requiere un desarrollo posterior que deberá producirse para su puesta en práctica en la COP31», afirma Pablo Barrenechea, director de Clima y Mercado de la Sostenibilidad de Ecodes.
El debate sobre el futuro de los combustibles fósiles fue uno de los puntos más controvertidos desde el inicio de la cumbre. El presidente de Brasil, Lula da Silva, propuso la creación de hojas de ruta para superar de forma justa y estratégica la dependencia de los combustibles fósiles.
Su propuesta, que buscaba responder al llamado de la COP28 de abandonar dichos combustibles y que contó con el apoyo inicial de más de 80 países, fue frustrada por la fuerte oposición de petroestados como Arabia Saudita y Rusia, lo que resultó en su eliminación del texto final del Mutirão: el espíritu de acción colectiva urgente que Brasil intentó infundir tanto en las bases de las negociaciones diplomáticas como en la movilización de la sociedad civil durante la cumbre.
«En el documento final no hay ninguna mención explícita a los combustibles fósiles. Lo único que aparece es una referencia general al Acuerdo de Dubái, donde sí se mencionan, pero aquí no se desarrolla nada», indica Javier Andaluz, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción. «En la mitigación tampoco hay nada nuevo», agrega.
A pesar de este revés, la Presidencia de la COP30 se comprometió a desarrollar una hoja de ruta formal para la siguiente cumbre (COP31) e introdujo dos mecanismos nuevos –la Misión Belém 1,5 °C y el Acelerador de Implementación Global– los cuales, aunque no sustituyen la ambición de la hoja de ruta inicial, ofrecen una vía para acelerar la rendición de cuentas e implementación de acciones climáticas.
Además, la resistencia al consenso en la COP puso de manifiesto la necesidad de un mecanismo multilateral alternativo que permita un avance más rápido y comprometido fuera de las limitaciones del proceso de la ONU. Este espacio fue rápidamente capitalizado por Colombia y Países Bajos, coanfitriones de la próxima Conferencia Internacional sobre la Eliminación Gradual de Combustibles Fósiles (en 2026), quienes presentaron una hoja de ruta con el apoyo clave de países como Panamá.
Dicha iniciativa busca establecer un foro más ágil, lo que permite trazar una línea divisoria clara entre las naciones realmente comprometidas con la acción climática y aquellas que no lo están, acelerando así el debate sobre el abandono de los combustibles fósiles.
Quizás uno de los avances más novedosos y trascendentales del texto final de la COP30 sea el reconocimiento, por primera vez, de la necesidad de abordar la desinformación climática. «El acuerdo hace un llamado explícito a implementar medidas para contrarrestar la propagación de información falsa o fake news, especialmente la que socava las acciones basadas en evidencia científica», señalan expertos de Pacto Mundial.
Ello implica la necesidad de proteger a los periodistas que cubren información ambiental, así como a los científicos e investigadores. Todos ellos suelen sufrir y enfrentar ataques y campañas deliberadas por su labor de divulgación de datos y hechos climáticos. Los expertos que acudieron a la COP30 coincidieron en que la desinformación socava las políticas públicas y debilita las soluciones basadas en la evidencia.
Charlotte Scaddan, asesora principal de la ONU para la integridad de la información, enfatizó en una de las reuniones que la desinformación no es un fenómeno marginal. «Se encuentra en el corazón del ecosistema de la información y es explotada por actores influyentes dentro de los Estados y de la sociedad civil», argumentó. Estos agentes de la desinformación climática intentan socavar la acción climática. También están utilizando el tema como arma para alimentar la polarización social y desestabilizar los procesos democráticos, incluidas las elecciones. «Esto impacta directamente en múltiples áreas de la participación de la ONU», dijo Scaddan.
La financiación climática se mantuvo como el principal punto de fricción en la cumbre, centrándose en cómo se aplicará el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado, que exige la movilización de al menos 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035 (cifra acordada en la COP29, celebrada en Bakú). Ello implica triplicar la financiación.
Aunque se presentaron informes con propuestas técnicas para la movilización de recursos, la discusión entre los representantes de los países reveló profundas divisiones estructurales y una fuerte disputa política, ya que los países en desarrollo demandan financiación pública de forma clara y fiscalizable, mientras que el norte global presiona por ampliar las fuentes de contribución, explican desde Ecodes.
Esta falta de acuerdo sobre quién y cómo entregar los fondos, agravada por el percibido repliegue de Estados Unidos de los procesos multilaterales, impidió un avance significativo y dejó el tema pendiente para futuras negociaciones. «Lo único que se hizo en Belén fue repetir el compromiso de 2021 y 2022, sin plan ni metas detalladas. Se habla mucho, pero no se aterriza nada. Así quedó la financiación: abierta, fragmentada y sin avances reales», añade Andaluz.
A pesar de la notable ausencia de Estados Unidos en la negociación oficial de la cumbre, la influencia del país se mantuvo a través de sus actores no estatales en el ámbito de la Agenda Global de Acción Climática (GCCA).
Esta agenda, lanzada en 2014, es un complemento crucial del proceso formal de negociación que, bajo el mandato del Partenariado de Marrakech, busca impulsar la cooperación entre gobiernos, autoridades locales, el sector empresarial, inversores y la sociedad civil para una implementación acelerada del Acuerdo de París.
La presencia activa de miles de actores no estatales estadounidenses en esta plataforma, que promueve medidas concretas de mitigación y adaptación, envía un mensaje claro: la acción climática es imparable. La gran mayoría de estos actores demuestran una clara voluntad de ir más rápido y más lejos que los ritmos impuestos por la diplomacia gubernamental, compensando así el repliegue oficial. «Con independencia de la valoración de los resultados, lo cierto es que los ha habido, y eso demuestra que la lucha contra el cambio climático sigue avanzando, aun sin EE UU, aunque sea poco a poco», subraya Carlos de Miguel, profesor de Derecho Medioambiental de Comillas ICADE.

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