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Regulación ESG: adaptarse o morir en el intento
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/ Regulación ESG: adaptarse o morir en el intento
La creciente inquietud ante los desafíos del cambio climático, la desigualdad y otros problemas ha generado un giro en el ámbito de las inversiones. Los dueños de los capitales se han lanzado a la búsqueda de alternativas que no solo reporten ganancias financieras, sino que también impulsen un futuro mejor para todos. En este contexto, surgen las inversiones con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG), que para hacer efectiva esta transición han necesitado de un marco regulatorio robusto que establezca normas claras.
La Comisión Europea ha liderado este camino, a nivel global, con la publicación del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles en 2018. Desde entonces se ha promulgado una cantidad significativa de regulaciones que buscan promover la transparencia, establecer un lenguaje común y fomentar la confianza entre los inversores y las empresas.
La normativa puesta en marcha, dicen los expertos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), está relacionada con la reorientación de fondos hacia inversiones sostenibles. Tras una desaceleración en 2020, los fondos verdes repuntaron con fuerza en 2021 en la Unión Europea y Estados Unidos. Las inversiones europeas en materia de clima alcanzaron casi 290.000 millones de euros en 2021, un aumento del 28% con respecto a los niveles de 2020, según la base de datos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Las cifras continúan avanzando, sobre todo en el Viejo Continente, donde se ha abrazado con fuerza una taxonomía que establece una clasificación uniforme de lo que se considera sostenible, un nuevo régimen de divulgación de información –tanto para empresas financieras como no financieras– y diversas herramientas destinadas a asistir a las empresas en la promoción de sus inversiones sostenibles, manteniendo a raya el riesgo de greenwashing.
Ha estallado el tsunami
La ola regulatoria ha empapado a todas las compañías con operaciones en el continente. «En efecto, existe una percepción, pues las empresas han experimentado un incremento significativo en el volumen de obligaciones de transparencia en la normativa desarrollada en los últimos años», afirma Andrea González, directora de Spainsif. Pero está fundamentada, argumenta: «Bruselas ha tomado medidas concretas para pasar ‘de las musas al teatro’ en sostenibilidad, lo cual se refleja en un aumento de la carga regulatoria».
«Lo llaman tsunami, pero es un puzle», agrega Ramón Pueyo, socio responsable de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de KPMG
en España. «Lo cierto es que la intensidad regulatoria en materia de sostenibilidad ha aumentado en los últimos tiempos», asevera el experto de la consultora. Las piezas a encajar son diversas y tienen impacto en la cadena de valor de las compañías. Entre las más importantes están el Reglamento de Divulgación SFDR, con varias fases: una primera fase (en vigor desde 2021), pretende informar a los inversores sobre los riesgos y oportunidades de sostenibilidad, y una segunda (que se pondrá en marcha este año), cuyo objetivo es dar información específica sobre productos financieros, como los fondos de inversión, incluyendo indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
A ello se suma la directiva MiFID II –que parte de una regulación de 1999 y que obliga a los asesores y entidades que ofrecen asesoramiento sobre instrumentos financieros a preguntar a sus clientes si desean dar a sus carteras un enfoque sostenible– y el reglamento MiFIR –que regula los mercados financieros, incluyendo la transparencia en las operaciones con derivados y valores–. Ambas normativas se han comenzado a aplicar en 2018, pero se está revisando la incorporación progresiva de los criterios ASG para mejorar la transparencia y la protección de los inversores en los mercados financieros.
A las normas anteriores se une también la taxonomía ambiental de la UE, cuya primera fase se publicó en julio de 2020, y se están desarrollando las fases posteriores para ampliar la clasificación a otros sectores económicos. La meta de esta regulación es crear un sistema de clasificación común para las actividades económicas sostenibles. Es decir, define una lista de actividades económicas que contribuyen a los objetivos ambientales de la
UE, como la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. En paralelo, se están diseñando los detalles relacionados con la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad. Esta nueva regulación, publicada en 2022, ha causado un revuelo entre las empresas, cotizadas o no, en la UE, pues se les exigirá que informen sobre el impacto medioambiental y social de sus actividades empresariales, así como el de sus iniciativas y esfuerzos en temas medioambientales, sociales y de gobernanza. La CSRD reemplaza a la Directiva de Información No Financiera (NFRD) por una normativa más completa y exigente: se aplica a un mayor número de empresas, incluyendo a todas las compañías cotizadas en bolsa de la Unión Europea (independientemente de su tamaño) y a grandes empresas no cotizadas con más de 500 empleados, así como a entidades de crédito que superen los 500 millones de euros en activos.
La norma establece, por ejemplo, que una compañía informe sobre su consumo y costes de energía (con métricas sobre cómo las emisiones afectan al planeta), así como cuáles son sus planes para reducir ese impacto. Esta información servirá para que los inversores premien o castiguen a las compañías, según lo que reflejen en estos informes (Estándares Europeos del Reporte en Sostenibilidad o ESRS, por sus siglas en inglés), colocando la información de sostenibilidad al mismo nivel del reporte financiero. La CSRD trastoca a dos directivas y un reglamento que tenía que ver con la presentación de informes de sostenibilidad (que tenían que cumplir unas 12.000 firmas) y tiene un alcance mucho mayor: afecta a más de 50.000 empresas de toda la región con operaciones relevantes en ella, independientemente de dónde estén localizadas.
Las empresas de la UE tendrán la obligación de cumplir la normativa este año. Y para aliviarlas de la presión regulatoria, el Parlamento y la Comisión han dado recientemente un plazo de dos años más a las compañías afectadas que no son de la UE para que comiencen a presentar los informes. «Es una normativa muy pretenciosa y que mete presión a las empresas», dice José Luis Fernández, director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de Comillas ICADE.
Además, estamos en un año en el que se presentan versiones finales de otras piezas como el Reglamento de Ratings ASG (que regula la actividad de las agencias de calificación crediticia y que busca evitar el conflicto de interés en las calificaciones de sostenibilidad) o las negociaciones finales de la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (que aprobó el Parlamento Europeo a finales de abril y que pide a las organizaciones identificar y gestionar los riesgos de sostenibilidad en sus cadenas de valor). Todo este cóctel regulatorio se complementa con las iniciativas a nivel país, como es el caso de los Planes de Acción nacionales.
En este punto de implementación del marco, hay que reconocer que, si bien existe una «percepción de avalancha», explica la directora de Spainsif, uno de los beneficios innegables del actual entramado regulatorio europeo es su capacidad para introducir la conversación de sostenibilidad en prácticamente todas las capas y sectores del tejido productivo. También en sectores intensivos en las emisiones de gases de efecto invernadero, en el uso de recursos naturales, energía y en aquellos con impactos ambientales significativos, que suelen experimentar una mayor presión regulatoria. El sector financiero, por su lado, como arteria de todo el sistema económico, presenta desafíos específicos en términos de integración de criterios ESG en sus inversiones y decisiones de financiación, afirma la experta.