Sociedad

El suicidio: un antes y un después tras el coronavirus

En 2020, nuestro país registró un total de 3.941 suicidios, la cifra más alta de la historia de España. Aunque en los últimos dos años hemos derribado el tabú de la salud mental, los expertos en psicología cuestionan la eficacia de las medidas implementadas hasta la fecha. ¿Basta con hablar del suicidio o necesitamos pasar a la acción?

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04
Abr
2022
‘Melancolía’, de Edvard Munch (1894). Fuente: Wikimedia Commons

«El suicida quiere la vida y solo se halla descontento de las condiciones en las cuales se encuentra», afirmaba Schopenhauer en el siglo XIX, una época en la que matarse, que no morirse, era considerado un asunto más filosófico que psicológico. En la actualidad la concepción de los suicidios ha cambiado drásticamente, pero no hace tanto de aquellos años en los que nadie hablaba de la muerte (y mucho menos cuando ésta era buscada activamente). Si algún ser querido se suicidaba, la familia ocultaba lo ocurrido por una mezcla de congoja y miedo al qué dirán, cargando en silencio con la pesada losa de la culpabilidad del superviviente.

Fue en 2018 cuando, casi susurrando, se comenzó a hablar del suicidio más abiertamente, en parte gracias al acercamiento progresivo que había experimentado la sociedad hacia todo lo relativo a la salud mental. Los medios de comunicación cuestionaron el ‘efecto Werther’ con el que tanto se les había atemorizado, según el cual la observación de un suicidio a través de los periódicos, libros, series o cine puede conducir a una persona a intentar imitar dicha muerte. El tabú generalizado se sustituyó por «información responsable para reducir los comportamientos suicidas», tal y como recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Sin lenguaje sensacionalista, sin detalles explícitos y sin fotografías morbosas, se empezó a visibilizar una realidad que por aquel entonces ya afectaba a 3.539 personas al año.

Con la llegada del coronavirus, esta problemática se convirtió en un asunto de interés central. No es para menos, ya que en 2020 se registró la cifra de suicidios más alta de la historia de España: 3.941 fallecidos. Fue entonces cuando todos los agentes sociales se movilizaron para dar con soluciones a nivel colectivo. Algunos centros psicológicos privados ofrecieron asistencia telefónica gratuita, la mayoría de comunidades autónomas implementaron nuevos protocolos para detectar precozmente las tentativas suicidas en los contextos educativos y los medios de comunicación se hicieron eco de campañas preventivas: Se puede prevenir de ANAR, Te regalo una coma del Teléfono de la Esperanza, Te Escuchamos de la Concejalía de Juventud de Burgos o En línea del NAPRESUI. Con dos años de perspectiva, ahora cabe preguntarse: ¿fue suficiente para frenar la epidemia del suicidio o estábamos poniendo diques al mar?

Para trabajar en la prevención, los psicólogos españoles piden políticas estructurales que intervengan la sanidad pública, completamente saturada en el terreno de la salud mental

Desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León tienen claro que, si bien estos esfuerzos han sido loables, hace falta algo más: materializarlos en medidas públicas. «A pesar de haberse batido los récords de suicidios con un incremento del 3,7% no ha habido apenas reacciones por parte de los representantes públicos», se lamenta el presidente de la institución, Jaime Gutiérrez. «Al parecer, que se suiciden 11 personas al día y se suponga que los intentos suicidas por cada suicidio consumado multipliquen esa cifra, no es suficiente para que se tomen medidas urgentes». Y añade:«la administración autonómica es consciente que nos tiene de su lado para el diseño de un plan que se anuncia una y otra vez, pero que no termina de dar la cara».

Estas declaraciones preceden a la polémica suscitada tras la adjudicación de la gestión del teléfono contra el suicidio a una entidad privada. En octubre de 2021, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de una línea de atención pública y gratuita a la conducta suicida. La medida ha permanecido latente hasta el 23 de marzo, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado una subvención de más de dos millones de euros durante un año a Cruz Roja para que se haga cargo del teléfono, una decisión duramente criticada por la Asociación Nacional de Psicólogos Internos Residentes (ANPIR), quienes la consideran una «medida desmantelable» en cuestión de un año, cuando se produzcan elecciones generales.

Como alternativa proponen elaborar políticas estructurales en las que intervenga la sanidad pública, que se ha visto completamente saturada y menospreciada en el terreno de la salud mental con seis psicólogos sanitarios asignados para cada 100.000 ciudadanos, muy por debajo de la media europea. «Toda ayuda es de agradecer, pero priorizar las externalizaciones frente al fortalecimiento de los Servicios Públicos no es una solución frente al problema del suicidio», aseguran.

Las declaraciones de los organismos especializados en salud mental evidencian un grave problema: dos años después del inicio de la pandemia se habla más del suicidio, pero es un discurso vacío. No ha mejorado la ratio de psicólogos clínicos en las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, ni tampoco se ha liberado a los organismos de salud mental de la lacra del intrusismo laboral o de las pseudociencias. Como aseguran los expertos, de poco sirve invertir millones de euros en campañas si no se complementan con cambios efectivos y estables en el tiempo, y no como producto de una moda pasajera que sitúa a la salud mental en el eje del volátil huracán mediático. 

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