Estados jugando a ser dioses

A pesar de que un total de 140 países de todo el mundo –más de dos terceras partes– son abolicionistas en la ley o en la práctica, la realidad es que todavía 20.000 personas esperan en el corredor de la muerte a que llegue su fin. En muchas ocasiones, sin saber cuándo será ese último día, y sin que sus familias cuenten con esa información. La pena de muerte, el castigo más inhumano, cruel y degradante que existe, se sigue aplicando sin piedad: en 2014 se registraron 607 ejecuciones en el mundo, un 22% menos que en 2013. Países como China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Estados Unidos, los principales ejecutores, contribuyeron al hecho de que al menos 2.466 personas fueran condenadas a muerte en 2014, aumentando en casi 500 respecto al año anterior.

Los números son realidades ajenas, pero las historias tienen nombre y apellidos. Es el caso del joven Ali Mohammed Baqir al-Nimr, que ha sido condenado a muerte por un delito que presuntamente cometió cuando tenía 17 años. Tras un juicio injusto y basado en «confesiones» que, según afirma, le fueron extraídas mediante tortura, los días de Ali al-Nimr podrán tocar a su fin mediante decapitación. Ésta es la forma más común de ejecución en Arabia Saudí, donde las condenas a muerte están proliferando al ser alimentadas por un sistema de justicia plagado de deficiencias. Su padre expresaba así cómo vivió aquel 27 de mayo de 2014 en que recibió la sentencia: “En ese momento hubiera deseado, y sigo haciéndolo, que Ali fuera huérfano, y no un hijo que un padre está a punto de perder. Todavía le quedaba disfrutar el resto de su juventud».

China es otro de los países con la situación más alarmante. Ejecutó a más personas que el resto de los países del mundo juntos, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte, pues los datos al respecto se consideran secreto de Estado.

También es noticia, desgraciadamente, la mayor actividad en los corredores de la muerte de Estado Unidos. Para estos días estaban programadas varias muertes. Una de ellas, la de Kelly Gissendaner, fue la primera mujer ejecutada, en Georgia, en los últimos 70 años. Estaba acusada de haber planeado, que no llevado a cabo, el asesinato de su marido. Ella negó lo hechos. Si su ejecución fue un error, ya es irreparable. Otro de los casos es el de Richard Glossip, acusado de planear la muerte de su jefe. La prueba principal es el testimonio de la persona que confesó haber matado a la víctima. Dicho testimonio le salvó de la pena capital a éste y la condena a perder la vida a Richard Glossip quien ha declarado inocente en todo momento. El 6 de noviembre está previsto que sea su último día.

Desde Amnistía Internacional nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. Y nos oponemos a esta vergonzosa práctica con independencia de la naturaleza del delito, de las características de la persona que delinque o del método empleado por el Estado en la ejecución. La pena capital viola de forma irrefutable el derecho a la vida, y se trata de la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Es, al fin y al cabo, un homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia.

Algunos avances

El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Internacional Contra la Pena de Muerte en el mundo. Una jornada para recordar que, a pesar de todo, hay motivos de celebración: ha habido avances hacia la abolición. Europa y América son regiones prácticamente sin pena de muerte, excepto en Bielorrusia y Estados Unidos. Mientras, en Estados Unidos se ha observado un descenso tanto del número de condenas impuestas como en el de ejecuciones realizadas, y el estado de Washington declaró una suspensión de las ejecuciones en 2014.

En el África subsahariana, sólo hubo constancia de ejecuciones en tres países, y en la región de Asia y Oceanía se iniciaron debates en torno a la abolición en Fiyi, Corea del Sur y Tailandia. En Oriente Medio y el norte de África, el número de ejecuciones documentadas por Amnistía Internacional se ha reducido en un 23% aproximadamente respecto a 2013. Y, en diciembre, la Asamblea Nacional de Madagascar aprobó un proyecto de ley destinada a abolir la pena de muerte.

Hay que seguir trabajando para combatirla, porque la pena de muerte es el síntoma de una cultura de la violencia y no una solución a ella. Es una afrenta para la dignidad humana. Por todo ello, hemos de presionar para que los 58 países que aún mantienen la pena de muerte de una vez acaben con esta práctica.