Las empresas cotizadas deberán fijar un mínimo de presencia de mujeres en sus consejos de administración, según la reforma de la ley de sociedades de capital, aprobada por el Gobierno las obliga a establecer un objetivo de representación «equilibrada» para el sexo con menos presencia.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que la comisión de nombramiento y retribuciones de las compañías tendrá que fijar un objetivo de representación y cómo lograrlo.
Además, las compañías tendrán que recoger en sus informes anuales de gobierno corporativo los avances en esta materia con el fin de lograr una presencia similar entre mujeres y hombres en los principales órganos de gestión de las compañías.
La reforma de la ley de sociedades de capital que busca mejorar el gobierno corporativo establece también que el procedimiento de selección de consejeros en las cotizadas facilite el nombramiento de mujeres.
Nueva política de remuneración
Y es que De Guindos ha insistido en que el proyecto de ley que ahora se remite a las Cortes Generales busca varios objetivos, entre ellos «dar mayor importancia a las juntas de accionistas«, que serán las que aprueben la política de remuneraciones con carácter vinculante, al menos cada tres años.
Y la remuneración, según el ministro, deberá ser razonable, acorde con la situación y la rentabilidad de la compañía a largo plazo, y todas las sociedades tendrán que aprobar la cuantía máxima de las remuneraciones con el visto bueno de sus accionistas.
Esa política de remuneraciones incluirá la cuantía máxima que recibirán los consejeros, el salario fijo de los que cuenten con funciones ejecutivas y también todos los componentes salariales de estos últimos, variables, pensiones e indemnizaciones.
Todo ello siempre con el aprobado de los accionistas, por lo que cualquier modificación, ha advertido De Guindos, no bastará con ser acordada por el consejo de administración de una compañía.
Además, el cargo de administrador deberá ejercerse por un periodo máximo de cuatro años, frente a los seis actuales.
El ministro ha insistido en que el proyecto de ley incorpora modificaciones propuestas por la Comisión de Expertos en materia de gobierno corporativo, creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2013.
En todas las sociedades, los accionistas deberán votar por separado las propuestas y se propondrá extender la prohibición de voto del socio que resulte beneficiado en casos muy claros de conflicto de interés.
Respecto al plazo de impugnación de los acuerdos sociales, éste se amplía de 40 días a un año y se exige, por lo general, al menos el 1 % del capital para ejercer este derecho y el 1 por mil en las empresas cotizadas.
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