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Tijeretazo del Gobierno a los sueldos de los banqueros

El Gobierno del Partido Popular va a cometer una reforma del sistema financiero que incluye recortes de hasta el 80% en las retribuciones de los directivos de bancos que han recibido ayudas públicas.

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20
Sep
2011

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Fede Salvatierra

El Gobierno del Partido Popular, a quien desde la oposición se le ha puesto en repetidas ocaciones la etiqueta de ‘neoliberal’, va a cometer una reforma del sistema financiero que incluye recortes de hasta el 80% en las retribuciones de los directivos de bancos que han recibido ayudas públicas o han tenido que ser nacionalizados por no tener la solvencia suficiente para afrontar la crisis. Además, elimina los bonus y sueldos variables.

Después de la polémica subida de impuestos anunciada por los populares, con carga especial al IRPF, medida que distanciaba al Gobierno del dogma neoliberal donde muchos ubicaban las políticas económicas que dirige el ministro Luis de Guindos, el Ejecutivo ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado.

El Gobierno ha establecido un techo a las remuneraciones de las entidades que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, ya sea a través de créditos al 7,75%, que aún no han sido devueltos en su totalidad, o de capital.

Han recibido apoyo público a través de créditos (‘FROB 1’) Bankia, Banca Cívica, Caja Duero-España, y Banco Mare Nostrum (BMN) con el fin de llevar a cabo su integración, mientras que han sido nacionalizadas con capital público (‘FROB 2’) por problemas de solvencia Novacaixagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y Banco de Valencia.

En el caso de las entidades con créditos públicos, queda suspendida la retribución variable y en un plazo de tres años se valorará si se han cumplido determinados objetivos de negocio de cara a restituirla, en su caso. Los derechos de pensión deberán incluirse en el tope de emolumentos establecido.

Así, la alta dirección registrará un descenso de la retribución de entre el 67% y el 65% con respecto a la prevista para el presente ejercicio, mientras que los consejeros no ejecutivos de estas entidades podrán recibir una remuneración máxima de 100.000 euros por todos los conceptos.

En el caso de las entidades intervenidas, el personal de alta dirección registrará una reducción sobre la retribución media del 76% en el caso de los presidentes, y del 66% en el de los consejeros. El Gobierno ha eliminado para estos directivos tanto la retribución variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio.

Estas medidas se enmarcan en la reforma financiera que, entre otras medidas, exige una provisión adicional a la banca por importe de 50.000 millones de euros para sanear sus balances ante el deterioro de sus activos inmobiliarios.

Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se fijan estas limitaciones de sueldo en las entidades que han recibido aportaciones de dinero público «del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene actividad«.

El Banco de España

De Guindos sostuvo que el Ejecutivo ha tomado esta decisión tras recibir el informe del Banco de España sobre dichas remuneraciones y a la luz de la situación económica tanto a escala internacional como en España, e incidió en que el techo máximo establecido a los emolumentos es «razonable».

El informe del organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ponía de manifiesto que el grado de seguimiento de las recomendaciones de retribución contenido en el decreto del FROB por parte de las entidades era «medio o bajo».

De Guindos subrayó que el Banco de España era responsable de la vigilancia de esta directiva y que cuando las remuneraciones de los directivos no son compatibles con la base de capital el instituto emisor está facultado para limitar el total de emolumentos.

Se trata de una decisión que en este contexto «parece lógica», que se ha adoptado «sin demagogia pero con responsabilidad», según de Guindos, quien reconoció que es una medida que se aplica de cara al futuro, ya que «no se puede hacer nada» ante las retribuciones devengadas con anterioridad.

El Gobierno está convencido de que «su misión no es fijar los sueldos del sector privado», pero tanto el Ejecutivo como el Banco de España consideran adecuado que las entidades de crédito que han recibido respaldo público garanticen el cumplimiento de los objetivos para los que se concedió éste, y sirvan de ejemplo a la sociedad en un momento de dificultad, argumentó el ministro.

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