¿Pasa el futuro de la Unión Europea a través de Varsovia?

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Mauricio Hdez. Cervantes

@mauhercer1

El gobierno polaco se ha anclado a un discurso cuyo guion bien pudo haber escrito Donald Trump, con una praxis política que recuerda a varios de los pasajes más aciagos del siglo pasado. La rebeldía de su gobierno, a estas alturas, ya le ha salido bastante cara: se verá obligado a pagar un millón de euros diarios de multa a causa del pulso que ha mantenido con la Unión Europea al haber actuado por libre en materia judicial. En términos históricos la reprimenda es, hasta ahora, la imposición económica más dura aplicada a un Estado miembro.

El problema principal es la actitud política –calificada desde Bruselas como una altanería inaceptable– con la que el gobierno polaco ha dado la espalda al resto de los miembros del club europeo, haciendo oídos sordos a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que instaba en julio a la suspensión de la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo, la cual resultaba contraria al derecho comunitario. Todo estalló cuando, a principios de octubre, el Tribunal Constitucional polaco dictaminó que sus leyes estarían por encima de las de la Unión Europea. La decisión generó ampollas en las instituciones europeas: desde ellas se ha argumentado, al fin y al cabo, que el gobierno polaco ha llenado el tribunal con jueces a dedo. La respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, escaló aún más las tensiones: no aceptaría que «los políticos de la UE chantajeasen a su país». Y si bien Morawiecki ha sostenido que no habrá Polexit –el 88% de los ciudadanos polacos, al fin y al cabo, se definen proeuropeos–, la confrontación podría desencadenar una crisis institucional casi tan grave como la que ocurrió a raíz del referéndum británico de 2016 que llevó a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El 88% de los ciudadanos polacos se definen actualmente como proeuropeos

La actitud política de Polonia, sin embargo, va mucho más allá. Hoy se suceden las denuncias a los límites que padece la libertad de prensa, así como los constantes ataques a unas libertades civiles que han caído con asiduidad en la homofobia y en la xenofobia. En medio de la polémica se halla, de hecho, el reciente endurecimiento en su ley de extranjería, la cual autoriza las expulsiones inmediatas sin siquiera considerar una posibilidad a las peticiones de asilo. Esta suerte de insolencia política respecto a los valores comunitarios tiene la intención de actuar como un desestabilizador institucional. Esta situación obliga a plantear una pregunta ineludible: siendo la economía polaca una de las más beneficiadas con su pertenencia a la Unión Europea, ¿qué busca su gobierno al someter la relación con Bruselas a un pulso aparentemente inútil?

«Europa no es un cajero automático»

El mismo día que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso la millonaria multa, el primer ministro belga, Alexander De Croo, pronunció un acalorado discurso en el Colegio de Europa, en Brujas, a favor de «los valores europeos» y en contra de lo que la prensa internacional ha tildado como una deriva autoritaria por parte de Polonia y Hungría. Para el primer ministro, «la Unión Europea es una unión de valores, no un cajero automático; no se puede sacar todo el dinero pero rechazar los valores». Según De Croo, no obstante, la solución no radica –como sugieren algunas voces– en la expulsión de los estados ‘conflictivos’, sino todo lo contrario: para él, la salida a esta situación es dialogar «sin morder el anzuelo», así como «escuchar el mensaje de los 100.000 ciudadanos polacos que salieron a las calles portando la bandera polaca y la europea, una al lado de la otra, para refutar las tácticas incendiarias».

Tres días después de la imposición millonaria, sin embargo, el Parlamento polaco anunció la aprobación definitiva de un plan para construir un muro en la frontera con Bielorrusia con el objetivo de evitar que los migrantes y los refugiados –afganos e iraquíes, principalmente– crucen los límites de su país. El proyecto, valorado en 353 millones de euros, prevé sustituir la fronteriza valla de alambre –al parecer, inefectiva– que intenta impedir el cruce ilegal de personas. La respuesta, sin embargo, fue rápida.:Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, declaró con contundencia que la Unión Europea no financiaría con fondos continentales la construcción de muros externos con el objeto de «frenar a la inmigración irregular».

Una permanencia ‘sucia’, una amenaza la institucionalidad

De Croo: «La Unión Europea es una unión de valores, no un cajero automático»

Según indicaba The Economist, la permanencia puede ser fundamental para el futuro de la Unión Europea. Para la publicación británica, «la permanencia ‘sucia’ es más perniciosa que un posible Polexit, ya que esto deterioraría el orden jurídico comunitario». La institucionalidad de la Unión Europea, así, estaría en riesgo a causa de la actitud de un Estado miembro. Una desestabilización en la región, al fin y al cabo, no resulta una realidad excesivamente utópica. Basta con observar el caso del ultranacionalista Eric Zemmour, quien prevé presentarse a las elecciones francesas y que ha prometido, al igual que en el caso polaco, restablecer la prioridad del derecho francés ante el derecho comunitario.

¿Peligra, entonces, la institucionalidad de la UE? Según opina Daniel Sarmiento, profesor de derecho de la Unión Europea en la Universidad Complutense de Madrid, la respuesta es un rotundo sí. «La institucionalidad peligra en la medida en la que un miembro de la unión, por primera vez en la historia, no sólo se resiste a cumplir los compromisos, sino que dirige su resistencia frente a uno de los pilares del bloque y uno de los valores más básicos: el Estado de derecho», explica Sarmiento. Tal como señala el profesor, nunca se había dado una resistencia así.

Sarmiento: «La institucionalidad peligra en la medida en la que un miembro de la Unión Europea dirige su resistencia frente a uno de los pilares del bloque»

Según relata Sarmiento en relación al Polexit, «hay un mecanismo para que los estados puedan voluntariamente salir de la Unión Europea; se trata del artículo 50, un mecanismo que se creó no para casos como el Brexit, sino para estados que no estén de acuerdo con sus valores y sus reglas». Y añade: «Sin embargo, la realidad muestra que ni la ciudadanía polaca, ni el gobierno polaco se plantean un Polexit. En el hipotético caso de que el gobierno apostase por esa vía, me parece que primero caería el gobierno antes de que se iniciase un proceso de salida, pues casi la totalidad de la ciudadanía está a favor de la permanencia».

Para Sarmiento, el pulso «es una escalada que al gobierno polaco se la ha ido de las manos». Al fin y al cabo, según señala, «el PiS  (en castellano, Ley y Justicia) es un partido de tendencia autoritaria y su intención es atrincherarse en el poder todo el tiempo que pueda. Han tenido un buen maestro con Viktor Orbán, que en Hungría controla todos los resortes del poder».

El actual gobierno polaco, de hecho, replica con sus actos el modelo húngaro. Uno de los resortes esenciales del poder, al fin y la cabo, es el poder judicial. Entre los objetivos de las acciones gubernamentales se halla, por ejemplo, la posibilidad de contar con jueces dóciles que puedan resolver cualquier discrepancia –o polémica electoral– a su favor. Pero las reacciones de Bruselas han sido más agresivas con Polonia que en el caso húngaro. «La UE cometió un error: ser demasiado laxa con Hungría. Varsovia no esperaba unas reacciones como las que hemos estado viendo ahora por parte de Bruselas», sentencia Sarmiento.