«Ni la pandemia ni el cambio climático distinguen de ideología, fronteras o condición social»

El agua es, rigurosamente hablando, el hábitat natural de Pedro Arrojo. Premio Goldman de Medioambiente (2003), doctor en Física, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza durante más de veinte años, y profesor emérito de esta institución desde 2011, acaba de ser nombrado relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. El pasado 1 de noviembre se convirtió en el primer español que asume esta responsabilidad, tras la portuguesa Catarina de Albuquerque y el brasileño Léo Heller, en un mandato de tres años prorrogable a otro trienio. Todavía asumiendo el vértigo que produce «un reto cuya envergadura no abarcas», hace un hueco para esta conversación tras publicar ‘Vivencias de un diputado desde el hemiciclo. Fue apasionante, pero no un placer ‘(Libros.com), en el que repasa su trayectoria en el Congreso con Unidas Podemos. Muy crítico con la que fuera su formación, Arrojo espera que esta nueva etapa, esta vez sí, sea un placer.

De la academia a la política y de ahí al ámbito más global, siempre con el activismo como eje transversal. ¿Cuál es la mejor plataforma para defender el derecho humano al agua y al saneamiento?

El marco general de los derechos humanos lo da Naciones Unidas y por tanto viene de arriba abajo. Pero surge a raíz de los conflictos sociales que generan procesos de privatización. Quizá el más conocido fue la guerra del agua de Cochabamba, en el año 2000. Luego vino el referéndum en Uruguay que ilegaliza la privatización y declara el derecho humano como un artículo constitucional. Hay todo un movimiento social que lo reivindica. En 2006, en el Foro Mundial del Agua de México que organizó el lobby privado, hubo una declaración paralela de una treintena de países planteando la necesidad de reconocer formalmente ese derecho. Había pasado ya de los movimientos sociales a una reivindicación asumida por entornos gubernamentales. Discutimos que sería bueno que se impulsara desde la Unión Europea y, al cabo de no mucho tiempo, España y Alemania presentaron una propuesta ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra para que se declarara formalmente como un derecho humano y no como un derecho subsumido en otro. Eso lo viví personalmente y fue fruto de la presión social por los conflictos generados y de cómo esos conflictos al final van fomentando una demanda que se proyecta públicamente. Justo a raíz de esta presión y de estas iniciativas se creó lo que fue el antecedente de esta relatoría. En 2010 fue directamente Bolivia quien lo llevó a votación a la Asamblea General de Naciones Unidas. España y Alemania, que lo habían hecho por la vía formal del debate en el Consejo, más lento, se enfadaron un poco. Pero no había más remedio que entrar al tema y se votó: el derecho humano al agua y al saneamiento se aprobó por abrumadora mayoría y sin votos en contra, aunque con veintitantas abstenciones muy significativas que se corresponden con países ricos.

O sea, que la presión social es fundamental para que Naciones Unidas declare un derecho humano.

El proceso de elaboración de un nuevo derecho, al menos de su formalización, viene de los conflictos sociales, de los movimientos que empujan, que se organizan y que acaban permeando hasta llegar a las instituciones, a los gobiernos. En este caso, Naciones Unidas acaba considerando esa presión y se formaliza jurídicamente como una obligación legal internacional. Años después hubo un debate de si era el derecho humano al agua y el saneamiento quedaba como una cuestión menor, o si el saneamiento es otro derecho que debe caracterizarse como tal, con entidad propia. Acabó saliendo esto último. Ahora España y Alemania están presionando para incluso matizar que empiece a entrar el derecho a la higiene, a través de la mujer, de los derechos menstruales, lo que en muchos países y comunidades es un problema. Ya ha entrado el debate, fruto nuevamente de presiones sociales.

Cuando en julio de 2010 la Asamblea General de la ONU aprobó del derecho humano al agua y al saneamiento, te mostraste escéptico con respecto a los efectos reales de dicha declaración. ¿Esa perspectiva tan crítica ha cambiado ahora que estás dentro?

Naciones Unidas no tiene –porque no la hemos dotado de ellos–, instrumentos que permitan hacer ejecutivas sus decisiones, sean cuestiones sin un perfil de obligación legal, como pueden ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, o sea las pocas cosas que tienen carácter de obligación legal para los Estados, como son los derechos humanos. Que la ONU apruebe los derechos humanos no implica que se vayan a cumplir. Cuando el lobby privado se oponía, yo mismo no lo entendía. Pero luego, cuando vas teniendo más experiencia, te das cuenta de que lo podían llamar ‘derecho fundamental’, ‘cuestión esencial’, mil términos, menos ‘derecho humano’, porque es una formulación que implica una obligación legal. Otra cosa es que luego haya medios coercitivos para cumplirla o económicos para facilitar su cumplimiento. Pero el hecho de que se declare formalmente desencadena toda una serie de palancas de obligatoriedad. Los gobiernos tienen que dar cuenta de por qué no se cumple.

«Garantizar el efectivo acceso universal al agua potable está indisolublemente unido al buen estado de nuestros ecosistemas»

¿Cuáles son tus prioridades para este mandato?

El relator lo que puede hacer es, más que forzar su cumplimiento, dar visibilidad a las buenas prácticas y a las denuncias. Eso tiene un impacto de vergüenza política y a los gobiernos no les gusta ser criticados públicamente. Una cuestión estratégica es fortalecer a los movimientos sociales, pero también a Naciones Unidas en determinados aspectos. En síntesis, abrir una comunicación permanente de mi relatoría con una red social de defensores y defensoras de los derechos humanos, en el sentido de ida y vuelta. La otra red con la que quiero abrir un diálogo permanente es la municipalista, porque los municipios, los ayuntamientos, son la parte del Estado más cercana a la población y los que suelen tener las competencias de agua y saneamiento. Aunque un Estado no garantice el derecho humano, un ayuntamiento lo puede garantizar. Obviamente, asumir y transversalizar la perspectiva de género es clave, y también empoderar a los más vulnerables en esa visión de cómo avanzamos hacia una visión de valores democráticos. Otra consideración general que me siento llamado a desarrollar es que garantizar el efectivo acceso universal al agua potable está indisolublemente unido al buen estado ecológico de nuestros ecosistemas. La vinculación de los valores sociales y ambientales es absolutamente fundamental, y el agua es una excelente plataforma pedagógica para entender esa vinculación inexorable entre lo social y lo ambiental. Tenemos que ser muy conscientes colectivamente, y no lo somos, de que la gestión de los servicios de agua y saneamiento son la clave o una de las cuestiones clave de la salud pública.

El contexto actual es probablemente uno de los más complicados.

Mi mandato se va a inscribir en un contexto de triple crisis global que pone sin duda riesgos e impactos muy graves a la aplicación efectiva de los derechos humanos, en particular, el agua potable y el saneamiento: la crisis climática; la crisis de la salud pública derivada de la COVID-19 y la crisis de gobernanza democrática, bajo la presión de la lógica de mercado y de la financiarización de los servicios públicos. Este cambio de época que se avecina requiere fortalecer la aplicación efectiva de los derechos humanos en el contexto global, como núcleo esencial de los valores democráticos en el mundo.

¿La pandemia ha desviado el foco del cambio climático y, por consecuencia, de las cuestiones hídricas?

Hay similitudes y diferencias entre la crisis climática y la crisis de la salud pública derivada de la pandemia. Ni la una ni la otra distinguen de ideología o de fronteras o de condición social. Es verdad que, aunque es así para todo el mundo, tiene un impacto mucho más demoledor en la vulnerabilidad de los más pobres, pero los ricos no quedan a salvo. Las similitudes deberían entrar en una sinergia positiva: debemos ser conscientes de nuestra vulnerabilidad individual y colectiva porque, si lo somos, nos vamos a dar cuenta más fácilmente de que la única solución para ser menos vulnerables es que necesitamos la solidaridad como especie. La diferencia entre una crisis y otra es que la crisis de la covid manifiesta esa vulnerabilidad en el cortísimo plazo, mientras la otra es un aviso, hasta que de vez en cuando viene una inundación o una sequía, pero luego se olvida y otra vez. Es muy contradictorio porque esa urgencia por protegernos pasa en este caso por aislarnos, cuando debería ser una reacción colectiva.

En otro aspecto, la pandemia viene bien para sacar el derecho humano al agua, porque lógicamente el acceso es necesario para todo el tema de la higiene. No solo como derecho de los más vulnerables, sino también por la cuenta que nos trae a todos los demás. Habría que hacer de la necesidad de la covid virtud de cara al futuro, de cara al cambio climático y a tantas otras cosas. Desgraciadamente, lo que ocurre en mayor medida es que nos absorbe todo y tapa otros problemas que, de repente, son problemas menores. Hasta que nos venga otro hachazo.

El Gobierno no ha renovado la moratoria –que finalizó el 30 de septiembre– para impedir que durante la pandemia se interrumpa por impago el suministro de agua, electricidad y gas a las familias y las personas en situación de vulnerabilidad.

He promovido una declaración conjunta con otros relatores especiales de Naciones Unidas haciendo un llamamiento a la universalidad del acceso y, por tanto, pidiendo a los gobiernos del mundo que prohíban los cortes de agua y otros suministros básicos para familias vulnerables y en dificultades de pago. España lo había aprobado pero luego, en gran medida fruto de las presiones del sector privado y también de empresas públicas que estaban haciendo balances económicos de su servicio, se ha vuelto a relajar y se ha bajado ese escudo. En ese sentido, la covid es un argumento para activar el derecho humano.

Mientras ese escudo no vuelva a levantarse, ¿el Gobierno español está violando el derecho humano al agua y al saneamiento?

Se incumple. La urgencia de la pandemia nos obliga a recordar que esto es un derecho humano y a ponerlo en marcha para combatir la pandemia. Lo normal es que no se corte el agua a quienes estén en situación de vulnerabilidad y pobreza. Ahora pensamos en una moratoria, pero lo que ahora es una necesidad enfática por la covid es un derecho humano que debe estabilizarse en el futuro. Cuando pase el virus, tampoco se puede cortar el agua a una familia en estado de vulnerabilidad.

Catarina de Albuquerque lamentaba que la ONU careciera de indicadores precisos para medir los problemas que pretendía atajar. Doce años después, ¿existen ya las herramientas suficientes para evaluar el estado del agua y del saneamiento en el mundo?

Se han explicitado criterios para elaborar indicadores que, siendo válidos, tendrían que aterrizarse de manera más precisa. Hay incluso tablas de indicadores para el ODS 6 [Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre agua y saneamiento], que no es propiamente el derecho humano al agua potable y al saneamiento, pero que es una vía complementaria e interesante desde el punto de vista de los derechos humanos.

«Este cambio de época requiere fortalecer la aplicación de los derechos humanos como núcleo de los valores democráticos»

Léo Heller se ha despedido con un informe en el que expone los riesgos de la privatización en el agua. ¿Asumes el contenido, que tanto debate ha generado en el sector? ¿Es compatible la tendencia privatizadora con la concepción del agua como derecho humano?

El informe de Léo es para mí muy bueno y, en la medida en que es del relator, desde luego, lo asumo institucionalmente. Él ha abierto brecha y ahora me toca a mí gestionarla. El tema de la mercantilización y la privatización del agua es un debate permanente. ¿Se puede garantizar el derecho humano al agua estando privatizada? Pues sí, claro. Pueden darse regulaciones por las cuales se acople el cumplimiento del derecho humano a una situación de privatización, que es donde se agarran continuamente los privados para argumentar que pueden seguir haciendo negocio. Eso formalmente es perfectamente posible. Ahora, personalmente creo que la herramienta, los principios y la lógica del mercado no son los propicios para gestionar de manera coherente derechos humanos o de ciudadanía que, por su propia naturaleza, deben ser de acceso universal. Es como pretender atornillar un tornillo con el martillo: no es que esté en contra de los martillos, sino que no son la herramienta más coherente para apretar tornillos. La lógica del mercado es una herramienta adecuada para gestionar bienes consistentemente sustituibles por bienes de capital. No estoy en contra del libre mercado, pero estoy en contra de pedirle peras al olmo. En este caso, sin atacar al mercado, digo que no es la lógica adecuada para gestionar este tipo de cuestiones. Como es una sociedad vinculada a él, puede haber intereses de mercado, claro que sí; la gestión pública necesita comprar cosas, necesita maquinaria que normalmente hacen empresas privadas o se pueden contratar algunos servicios. Pero la lógica de gestión es una lógica de interés general sin ánimo de lucro. Eso, obviamente, no significa que la gestión pública sea buena per se. Hay cantidad de servicios hechos con gestiones públicas que son una catástrofe y que se hacen también bajo lógicas autoritarias o ineficientes. Léo enfoca bien el debate: lo que pretendidamente se coloca como una solución a los derechos humanos genera más riesgos que soluciones.

¿Cuál es la clave entonces para una gestión óptima de los derechos humanos al agua y al saneamiento?

Para mí la clave está en la transparencia, en la participación ciudadana y en el concepto de ‘acceso universal’. Por tanto, está vinculada a seres humanos o a ciudadanos, que es distinto que clientes, condicionados en última instancia a la capacidad de pago. Esto no es cosa de políticos, sino de todo el mundo: participación ciudadana y formas de gestión participada.

Pero ¿cómo se logra esa participación ciudadana y esa transparencia ante una gestión privada o público-privada que suele estar planteada a largo plazo, a 30 o 40 años?

Se puede conseguir aunque, en principio, son lógicas contradictorias. La empresa está blindada, tiene el derecho constitucional al secreto empresarial. Ahora, puede haber regulaciones. Eso ya depende de la fuerza política y de la capacidad que tengas para poder sacar una ley. Yo en Podemos dejé un proyecto de ley redactado y consensuado que al final no pudo ser y ahora no sé si alguien lo querrá retomar. Decía: máximo cuatro años, extensible a ocho como mucho si hay compromisos de inversión que requieran de algún plazo un poco más amplio de amortización. Otro tema es la directiva europea que se aprobó: pretende garantizar la transparencia y la libertad del mercado, pero hace una excepción para que una empresa, una concesionaria, pueda contratar directamente servicios con subcontrataciones a empresas del mismo grupo y entonces no hace falta concurso público. ¡Pero si es justamente lo que había que parar! Es lo que se llama el ‘blindaje de inputs secundarios’, que es donde está el 70 por ciento del negocio. La directiva europea, que es el sancta sanctórum de proclamar la libertad de mercado, hace esa excepción fruto de las presiones del lobby y de que la izquierda no se enteró. En la propuesta de ley que yo hice, ningún porcentaje: todo lo que esté por encima de tal cantidad, libre concurso público.

Analizas el agua en diferentes niveles, según su uso: agua-vida, agua-ciudadanía, agua-economía y agua-delito.

El agua-vida es solo el mínimo vital que debe ser gratuito para los que no puedan pagarla. 30, 40, 50, 60 litros por persona y día… la definición puede variar en función de la ambición y de los medios, pero se trata de dar forma al concepto y de introducir una cierta obligatoriedad. Es el agua que se necesita para la producción de alimentos para comunidades vulnerables para alimentarse, es decir, no para producir un negocio agrario, que es legítimo. Debe ser primer nivel de prioridad. Ahí meto incluso el agua necesaria para que el río sea río y no una cloaca, es decir, los caudales ecológicos, que Europa ya los pone en prioridad máxima en la Directiva Marco. Ningún río se seca por respetar eso: cuando digo 50 litros por persona y día, estoy hablando del 1,5 por ciento del agua que sacamos de los ríos. No hay pretexto para decir que no puedo cumplir el derecho humano al agua porque hay muy poca agua porque este año ha llovido poco.

En el agua-ciudadanía sí meto una tarifa por bloques, con una subvención cruzada de los altos suntuarios hacia las necesidades básicas. El criterio tarifario que pongo es opuesto al del mercado, que abarata el precio al mejor cliente, porque no pretendo hacer un buen negocio, sino un buen servicio de interés general de acceso universal y de minimización de impacto ambiental. En el agua-economía, por su parte, lo que nos cueste llevar el agua se lo vamos a cobrar, sin beneficios; y aquí no valen subvenciones cruzadas. Por último, el agua-delito se prohíbe. Cuando hago esa distinción de niveles éticos no solamente estoy hablando de cómo se paga y bajo qué criterios, sino de qué objetivos busco. Si hago una subvención cruzada en el agua-ciudadanía es porque quiero acceso universal, mientras que no lo quiero en el agua-economía, en la que cada uno paga lo que necesite como input y lo mete en la factura del servicio que genera. Esos criterios éticos llevan a un sistema de regulación en prioridades, en objetivos y en modelos de gestión.

«La pandemia es un argumento para activar el derecho humano al agua y al saneamiento»

Sobre el agua-contaminación, la Comisión Europea ha impuesto severas sanciones al Estado español por su deficiente depuración de las aguas residuales urbanas.

Por puro pragmatismo, el derecho humano al saneamiento, tal y como se define y se pelea en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos, tiene más que ver con las instalaciones domésticas, mientras que todo lo que es la red de alcantarillado y la necesidad de sanear el retorno queda en un ámbito más oscuro. Si se hace una interpretación más extensiva y más inclusiva del derecho humano al agua y al saneamiento, el retorno tiene que ser depurado porque, si no, se atenta contra el derecho humano de quien consume el agua aguas abajo. Con el tiempo hay que incluirlo, como hace la legislación europea, aunque no lo haga como derecho humano.

El ejemplo paradigmático en España es el del río Tajo, convertido, a su paso por Toledo y Extremadura, en un río cloaca.

Eso es una ilegalidad con las legislaciones europea y española en la mano. Los tribunales deberían entrar, aun sin necesidad de hablar de derecho humano. Por pragmatismo economicista, Europa ha cerrado esa cuestión sin hablar de derecho humano en la legislación. Desde la perspectiva del seguimiento de los derechos humanos, en rigor, probablemente no pueda decir que en España se incumplen los derechos humanos por eso. Todavía no sé cómo engarzarlo con el debate propiamente de los derechos humanos, pero es una de mis prioridades en este mandato y así lo planteé en el proceso de selección: el acceso universal al agua potable será imposible si no conseguimos recuperar, en un nivel suficiente, la salud de nuestros ecosistemas acuáticos. Eso implica entender la inexorable vinculación de los valores sociales que representan los derechos humanos al agua y al saneamiento, y entender también los valores ambientales que representa recuperar la sostenibilidad de los ecosistemas.

Acabas de publicar Vivencias de un diputado desde el hemiciclo. Fue apasionante, pero no un placer (Libros.com), un libro en el que repasas tu paso por la política estatal. ¿Qué balance haces de tu etapa en el Congreso? ¿Te arrepientes?

El título es una síntesis: es un honor, es apasionante, pero no es un placer. He vivido una experiencia inigualable, apasionante, muy positiva. Hemos hecho muchísimas cosas positivas que ahora se consideran normales. Esto es como abrir el grifo, que sale agua, pero ha habido que hacer un montón de esfuerzos detrás. Hay que apreciar lo que cuesta eso. Ahora bien, junto a todo lo positivo, creo que ese deseo o esa voluntad de desarrollar la nueva política se ha quedado muy por el camino. No tanto porque lo que se formule no sea correcto –de hecho, en la inmensa mayoría de las cosas que dijimos y que hicimos no hubo ni siquiera grandes discrepancias internas, aunque algunas se hicieron mal–, pero la nueva política no puede ser solo proponer e incluso llegar a hacer cosas buenas, sino el cómo se hace, que es tan importante como lo que se propone. Y en el cómo hemos tenido un fracaso estrepitoso. La urgencia de la eficacia del corto plazo nos ha comido muchas cosas importantes, y la táctica ha destruido muchas veces la coherencia de hacia dónde queremos ir.

¿En qué aspectos concretos ha fallado esa «nueva política»?

En particular hay dos cuestiones. El 15-M, del que nos sentimos continuadores, pero no los únicos depositarios de sus valores, heredó algo que habíamos desarrollado desde el movimiento pacifista: el valor de la no violencia. Eso no es solo no pegar tiros, sino respetar al adversario, al que está hablando, al que opina distinto, pero respetarlo de verdad, no solo no partirle la cara. El 15-M impactó muchísimo en la sociedad, aparte de por lo que propuso, por cómo lo hizo: eso de que al que hablara no se le interrumpía ni para abuchearlo ni siquiera para aplaudirlo. Eso alargaba los debates, sí, no somos muy prácticos en el corto plazo, pero vamos cambiando en el medio y en el largo plazo. Eso Podemos no lo soportó: la urgencia, el correr atándose los zapatos, lo hacía inviable siquiera. El valor de la no violencia no fue jamás ni discutido ni entendido. Y eso tiene su importancia en el tema de Cataluña y en muchas otras cuestiones.

El otro tema que no se asumió, pero que en realidad no estaba en el 15-M o estaba muy residualmente, es el ambiental. Estaba la prioridad social, lógico porque era un momento en el que reventaba la rebelión de las plazas. Pero no estaba el tema ambiental y entonces Podemos no lo heredó. Ahí yo me he sentido absolutamente desamparado. Del grupo de Podemos, cuando éramos 71 entre todos, estábamos prácticamente dos personas vinculados al mundo ecologista: Mae de la Concha, que ahora es la secretaria general de Podemos en las Islas Baleares, una mujer excelente, y yo. Dos. En el grupo catalán había tres más y los tres de Equo. Y ya está. Ocho personas de 71, en absoluto aislamiento. Nunca conseguí un debate con la dirección de Podemos sobre el tema de medioambiente y yo era el portavoz. Eso me hizo llorar, me hizo desesperarme, me hizo proponer abandonar y me convencieron para volver. Creo que ahí fracasé.

Y en temas de agua, ¿cómo ha actuado?

En el tema del agua, «lo que tú digas, Pedro». Sí, lo que yo diga, pero mañana me pongo malo, me voy o me harto, y entonces no es lo que diga, es lo que hayamos discutido. Hicimos el Foro por una Nueva Cultura del Agua, que salió de maravilla, pero no conseguí ni cinco minutos para debatir las conclusiones con la dirección confederal del grupo. En ese sentido, hubo frustración.

«La voluntad de desarrollar la nueva política, el cómo se hacen las cosas, se ha quedado por el camino»

¿Te pasó factura no alinearte públicamente ni con Pablo Iglesias ni con Íñigo Errejón?

Lo más negativo de todo fue el cisma por la lucha de poder. Por eso digo que no es solo el qué propones, sino el cómo lo haces. Si propones sororidad, colaboración, y participación, pero luego haces una lucha de gallos para ver quién es el gallo dominador, eso tira todo el discurso, no tienes ninguna condición ni autoridad moral. Lo cuento porque intenté mediar en el cisma que hubo entre Pablo e Íñigo, pero fue imposible. Y no había un debate antagónico ni mucho menos: había diferencias poderosamente complementarias, pero para que lo fueran tenía que haber voluntad de ser responsables ante el proyecto, ante los cientos de miles de personas que estábamos detrás. En su momento, pragmáticamente, Felipe González y Alfonso Guerra tenían muchas diferencias, pero supieron hacerlas complementarias y le dieron una potencia tremenda al Partido Socialista. Aquí, sin embargo, Pablo e Íñigo, uno y otro, no supieron gestionar sus egos. Son personas muy inteligentes, pero en donde la inteligencia emocional ha brillado mucho por su ausencia y, claro, eso no era una cuestión personal, tenía una trascendencia muy destructiva sobre el conjunto del movimiento, sobre la credibilidad en la nueva política. Eso hay que reflexionarlo. Siempre se está a tiempo de ver qué cosas se han hecho mal, para intentar hacerlas bien o mejor en el futuro, que es lo que intento en el libro: atreverme –sin ánimo alguno de ganar ningún Vistalegre ni ningún congreso porque estoy ya un poco al margen– a proponer ideas que puedan eventualmente ser entendidas de manera constructiva.

Entonces, sí te pasó factura.

En todo el grupo parlamentario solo hubo, de la gente de Podemos, dos diputados que no nos alineamos. Mae de la Concha y yo impugnamos el proceso de debate tal y como se estaba haciendo. Carolina Bescansa hizo un amago y la apoyamos, pero se quedó en eso y, aún así, también fue defenestrada. Cuando vinieron a hablar conmigo, me ofrecí una vez más para mediar; estaba impugnando el proceso y no quería que me hicieran apoyar a uno u otro. No lo expresé públicamente, pero a Pablo le dije: «yo te voy a votar porque creo que es mejor que salgas tú que Íñigo en este momento; no porque seas mejor ni peor, sino porque, puesto que os habéis empeñado en pelear, creo que es mejor que salgas tú». Nadie se peleó conmigo porque era un señor mayor no peligroso, hasta cierto punto una persona marginalmente respetada pero, a raíz de simplemente no decir ni uno ni otro, me resultó dolorosísimo. No es que me retiraran el saludo ni que me atacaran, simplemente, si normalmente te cruzas, te miras a los ojos y dices un «hola, qué tal», pues notabas cómo la mirada iba para otro lado. Cosas de ese tipo, que no entiendo. Eso, que en otros casos fue mucho más desgarrador, me parece un clima neobélico sin armas, como pasó con lo de Cataluña, un estás conmigo o estás contra mí. Los que quedan en medio intentando mediar, intentando integrar, son eclécticos o tontos o peligrosos traidores enmascarados. Ese tipo de dinámica la hubo y fue dolorosísima y dejó a mucha gente por el camino, destrozada.

Estuviste en la primera legislatura (2016-2019), pero no continuaste en la segunda, con el Gobierno de coalición. ¿Fue un paso a un lado por decisión propia o te hicieron a un lado?

En ningún momento me han echado, simplemente yo tenía intención de estar esa legislatura y media y no más. Pero, una vez que ya no iba en las listas, no me llamó nadie para preguntarme, no hubo siquiera una deferencia de, «oye, cómo lo llevas, cómo estás». Y hubo otra mucha gente así, gente incluso cercana a Pablo, que no fue ni consultada. Como una máquina. Eso es doloroso en lo personal, y ese dolor dura poco porque no es tan importante, pero tiene su importancia. Un mínimo de reconocimiento a la labor realizada, cositas de esas que se agradecen en lo personal, no hubo. Fue muy frío, muy duro. Pero no se me echó en ningún momento. Mantuve mi trabajo y mi compromiso en el Consejo Ciudadano de Aragón, de hecho, aquí se produjo un relevo en la dirección y me mantuve apoyando. Simplemente me fui por la puerta de atrás sin pegar ningún portazo. No hice ninguna rueda de prensa ni he manifestado que no esté ni que estoy. El libro lo hago como desde dentro también, porque no quiero que la gente que sigue empujando se sienta abandonada, porque yo voy a seguir colaborando. Simplemente, estoy al margen y ahora ha surgido esto.

Respecto a ese apoyo que has tenido a la hora de alcanzar la relatoría en Naciones Unidas, ¿te duele que en algunos ámbitos mediáticos y políticos se difunda la idea del «colocado de Podemos», en lugar de hacer referencia a tu trayectoria?

Pablo Iglesias no sabía ni que me estaba presentando, porque no he hecho ninguna gestión con Podemos, ni siquiera con los entornos. Estoy en este cargo porque los movimientos sociales han empujado, porque la Red Agua Pública y Aqua Pública Europea y los italianos y los sindicatos y demás me pegaron el empujón. Me sentí muy honrado de que me empujaran por ahí y cometí la pequeña locura de presentarme al proceso de selección. Una idea que tengo muy clara, igual que cuando entré al Congreso, es que esto no es cosa mía: sé que no estoy solo y lo digo pública y privadamente. Esta no es una relatoría en la que llega un supermán a resolver el problema; me siento muy acompañado. Soy simplemente uno más entre un montón de gente que me coloca, en un determinado momento, en un puesto de mayor visibilidad. Me hace ilusión estar con ellos. Es todo un honor de nuevo y, en este caso, creo y espero que al final también sea un placer.