Más de la mitad de los españoles no llega a fin de mes

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Raquel Nogueira

@rnogueira89

«La economía española, cuarta de la Unión Europea, ha experimentado un crecimiento constante desde la crisis [de 2008], propiciando una disminución del desempleo y un aumento de los salarios y las exportaciones. Sin embargo, la recuperación ha beneficiado principalmente al estrato más rico de la sociedad y, en gran medida, los poderes públicos han fallado a las personas que viven en la pobreza». Así da comienzo el Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos acerca de su visita a España que recoge las conclusiones a las que llegó Philip Alston, hasta ahora relator de Naciones Unidas, tras su estancia en nuestro país justo antes de que el mundo se paralizara por el COVID-19, entre el 27 de enero y 7 de febrero de este año. Lo que encontró en aquel momento era solo un presagio, nada alentador, de lo que podría llegar a suceder en una nueva crisis: situaciones de pobreza muy extendidas, altas tasas de desempleo –cronificado en el caso de los más jóvenes–, una crisis de vivienda «de enormes proporciones», programas de protección social insuficientes, un sistema educativo «segregado y cada vez más anacrónico», políticas tributarias y de gasto que favorecen a las clases acomodadas y una burocracia que no se preocupa por el bienestar de las personas.

Para el exrelator, «resulta más que evidente que el sistema de prestación de asistencia social está roto»: no está adecuadamente financiado, no llega a las personas que más lo necesitan y es tan complejo que, según Alston, «es imposible no perderse en él». En un país en el que, según los indicadores de pobreza de la Unión Europea, el 26,1 % de la población y el 29,5% de los menores se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, es urgente tomar medidas que alivien la situación de millones de personas vulnerables. No se puede olvidar que, antes de que el coronavirus confinase el país, más del 55% de la población tenía alguna dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufría de carencia material severa. El informe del ex relator especial recuerda que, además, la tasa de desempleo del 13,78% representa más del doble del promedio de la UE, y la situación de la población joven es «particularmente dramática». Alston alerta de la falacia detrás de las cifras de la recuperación de empleo después de los peores años que dejó la crisis de 2008: ocultan, explica, una de las tasas más altas de trabajadores pobres de la Unión. «Muchas personas tienen un puesto mal remunerado, a tiempo parcial o temporal y perciben un sueldo insuficiente a todas luces para atender sus necesidades básicas», recuerda.

El 26,1 % de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018

Alston asegura en su informe que los grandes propósitos de la última década se han quedado en papel mojado, ya que ningún gobierno los ha llevado a buen puerto. Para superar esta situación –ahora agravada con la crisis sanitaria, económica y social derivadas de la pandemia– nuestro país necesita que el Gobierno central innove, y cuente con recursos y con el apoyo de las comunidades autónomas para realizar las reformas necesarias. «El anuncio del Gobierno de que dará prioridad a los derechos sociales, la justicia fiscal y la mejora de las condiciones materiales de las personas más vulnerables es digno de elogio, pero sus palabras deben traducirse en hechos», recuerda el exrelator, que mira con preocupación los acontecimientos de los últimos meses. Alston es claro con sus palabras: «La pobreza existe a causa de decisiones políticas, y los gobiernos pueden optar, si lo desean, por eliminarla».

Para poder erradicarla, el informe recomienda que se adopten medidas «globales y creativas que alivien la crisis de vivienda», pero también que se deje atrás la precariedad laboral –en particular, a la que enfrentan las personas migrantes– y se establezcan programas de educación pública de preescolar para todos los menores de 3 años, a la vez que se revisa el sistema educativo para reducir los «alarmantes niveles de abandono». Para el ex relator especial de la ONU, es, ahora más que nunca, imprescindible llevar a cabo una reforma fiscal de gran calado que «permita garantizar un fuerte efecto redistributivo, reducir el fraude fiscal y la elusión de impuestos y publicar el tipo impositivo que se aplica a las empresas». Esta podría ser la receta mágica que alejase a España de los profundos índices de pobreza actuales, que podrían empeorar en los próximos meses por culpa del parón de la economía impuesto por el COVID-19.

Philip Alston: «La pobreza existe a causa de decisiones políticas, y los gobiernos pueden optar por eliminarla»

El informe asegura que las grandes empresas y rentas más altas no pueden volver a ser las ganadoras en la nueva crisis, como ya lo fueron en la anterior. «Los beneficios empresariales se han recuperado desde 2008, pero la parte de los ingresos tributarios correspondiente al impuesto de sociedades se dividió por la mitad entre 2007 y 2019, pasando del 22,3% al 11,9%», se explica. De la misma manera, mientras que las rentas del 1% más rico crecieron un 24%, el 90% más pobre experimentó un crecimiento por debajo de la media situada en el 2%. Por ello, el exrelator aplaude muchas de las iniciativas, de amplio calado social, que el Gobierno ha llevado a cabo como respuesta a la actual crisis, como el Ingreso Mínimo Vital o las medidas de protección de empleo y vivienda. «Todo ello supone una gran mejora con respecto a la respuesta a la última recesión, con la que se enquistó la pobreza y que llevó a una explosión de desigualdad», asegura Alston.

Los más vulnerables se sienten solos

Una palabra se repetía una y otra vez visitase a quien visitase Alston durante su tiempo en Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid: «Abandonados los habitantes de un pueblo sin transporte público para ir al médico y sin dinero para pagar un transporte privado. Abandonados en un suburbio estigmatizado de renta baja que la policía evita. Abandonados frente a caseras y caseros sin escrúpulos, aumentos desorbitados del alquiler o viviendas protegidas destartaladas, y abandonados frente a un sistema burocrático arbitrario que niega ayudas vitales sin dar explicaciones». El ex relator especial se reunió con autoridades de las administraciones municipales, autonómicas y estatal, representantes de la sociedad civil, miembros del mundo académico y activistas, además de con personas afectadas por la pobreza urbana y rural. Fueron estas últimas las que constataron lo que ya creía: que la pobreza sistémica en España escapa del control de las personas que la sufren, ya que deriva, principalmente, de la pérdida del empleo, la discriminación o la enfermedad.

La OCDE, la Comisión Europea o el FMI, entre otros, coinciden con el relator especial

En su ruta por España, Alston hizo paradas en centros sociales, colegios, sedes de oenegés, un centro para personas con discapacidad, una oficina de servicios sociales, un asentamiento informal en el que viven trabajadores migrantes, un bloque de viviendas privatizado, un centro de trabajadores domésticos y varias comunidades romaníes. Visitó incluso aquellos lugares, según reconoce su informe, que muchos españoles no asumirían como parte de su propio territorio.

Tras diferentes análisis exhaustivos de la situación en nuestro país, el ex relator especial de Naciones Unidas no es el único que llega a la conclusión de que la pobreza es uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestro país. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional (FMI) han llegado a conclusiones similares. Aun así, Alston concluye su informe diciendo que, a pesar de las terribles condiciones que observó durante su visita, las acciones del Gobierno en respuesta a la pandemia son alentadoras: «Espero que la coalición gobernante redoble su compromiso en este sentido y cumpla sus ambiciosas promesas, asegurando en España el respeto a los derechos sociales para todos y en todas partes». Porque esta crisis no puede volver a dejar a nadie atrás.