El racismo o la vida: las vidas negras importan en todo el planeta

Si se piensa detenidamente es sorprendente que a estas alturas tengamos que seguir gritando que «las vidas negras importan», igual que el resto de las vidas, en todos los países, a todas horas. Pero la muerte, el 25 de mayo, de George Floyd, estrangulado por la rodilla de un agente de la policía de Minneapolis mientras era grabado por personas que presenciaron el incidente, ha desatado la indignación mundial, y una nueva oleada de protestas. Miles de personas han salido a las calles a lo largo y ancho de Estados Unidos, y en otros países, reclamando que las vidas negras importan, que debe haber una profunda reforma de la policía y, en definitiva, que debe acabarse con el racismo estructural que subyace debajo de todos estos comportamientos.

El año pasado, más de mil personas pertenecientes a minorías étnicas murieron víctimas de disparos de la policía en los Estados Unidos. La brutalidad policial a la hora de practicar detenciones supone que una persona de etnia negra o latina tiene muchas más posibilidades de sufrir daños, o incluso la muerte, solo por el color de la piel. Pero no parece quedarle claro a Trump: la respuesta por parte del presidente de Estados Unidos y de los cuerpos policiales no ha sido la adecuada. Se han incumplido las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de respetar y facilitar la protesta pacífica y, con ello, están agravando la tensa situación existente y poniendo en peligro la vida de los manifestantes.

«AI denuncia desde hace años que las muertes de personas pertenecientes a minorías étnicas tienen que cesar»

Dotar a los agentes de un equipamiento más propio del campo de batalla puede inducirles a pensar que el enfrentamiento y el conflicto son inevitables. La policía debe contribuir a rebajar la tensión antes de que la situación empeore. Deben desmilitarizar su enfoque y entablar diálogo con los organizadores de las protestas para rebajar la tensión e impedir que estalle la violencia, o pararla en cuanto estalle, a fin de proteger el derecho de reunión pacífica.

Amnistía Internacional (AI) viene denunciando desde hace años que las muertes de las personas pertenecientes a minorías étnicas tienen que cesar y que es necesaria la aprobación de normas como la llamada Law PEACE, incluida en la Ley de Justicia Policial (Justice in Policing Act), que tiene por finalidad elevar los estándares sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. El proyecto de ley prohibiría a la policía federal usar la fuerza letal a menos que fuese necesario, como último recurso, para prevenir la muerte inminente o lesiones corporales graves, cuando se hayan agotado las alternativas razonables. De conseguir que entre en vigor, iría más allá de cualquier estado y se convertiría en una ley que aborda el uso policial de la fuerza y el estándar federal actual.

No todo es Estados Unidos

También en Europa y en España se han producido manifestaciones reclamando que las vidas negras importan. En nuestro país, aún bajo las limitaciones que imponía el estado de alarma, miles de personas se manifestaron en ciudades como Madrid y Barcelona.

«Las paradas (para identificación) por perfil racial son una práctica habitual en la policía española»

Quizás nuestras prácticas policiales, por el contexto nacional, no conlleven un uso de las armas en las detenciones como ocurre en EE.UU., pero sí es cierto que las organizaciones y colectivos implicados en la lucha contra el racismo llevan años denunciando que las paradas (para identificación) por perfil racial son una práctica habitual en la actuación policial española. Durante el estado de alarma –y, en concreto, entre el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 2 de mayo–, se han denunciado más de 75 incidentes de corte racista llevados a cabo por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Según un estudio publicado en el 2013, una persona perteneciente a una minoría étnica como la gitana tiene 10 veces más de posibilidades de ser parada por la policía. Dicha práctica impacta en derechos fundamentalmente de las personas que la sufren, como es su derecho a la libertad y a no ser detenido o parado salvo en caso de comisión de un delito o de una falta administrativa. Conlleva, además, una fuerte criminalización del colectivo. Por eso, el relator especial de Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, en su vista a España en enero de 2019, manifestó que «se necesitan más esfuerzos para combatir todas las formas de racismo, xenofobia e intolerancia».

Desde hace años, algunas organizaciones vienen trabajando junto con los cuerpos policiales –principalmente las policías locales– en la implementación de programas que permitan que las personas conozcan las razones por las que son paradas, facilitando un justificante con el motivo de la detención, para, así, poder reclamar en su contra si fuese necesario.

«El racismo existe en España, aunque no hay datos oficiales que muestren su magnitud»

El racismo existe en España, aunque no hay datos oficiales que muestren su magnitud. Lo vimos también el año pasado con los gravísimos incidentes ocurridos en Castelldefels, cuando un grupo de jóvenes asaltó el Centro Cal Ganxo donde residían menores extranjeros no acompañados, agrediendo a menores, personas educadoras y destrozando mobiliario del centro. Fueron semanas tensas que se intensificaron cuando un grupo de menores del Centro Can Xatrac, en Canet de Mar, fue acosado durante una protesta vecinal contra su presencia en la localidad. Además, en el mismo lugar, el 5 de marzo, un hombre armado con un machete entró en el centro donde viven unos 50 menores. Por suerte, no hirió a nadie.

En España, la policía no mata de un rodillazo a una persona negra en la calle, aunque parece que los agentes de seguridad de un centro de menores de Almería sí pueden emplear técnicas de parálisis durante 13 minutos a un joven que, por las imágenes del vídeo de seguridad, no parece oponer resistencia… Estos son solo algunos ejemplos. Pero no olvidemos que el racismo tiene, desgraciadamente, muchas garras y diferentes formas.

Ana Gómez es responsable de prensa de Amnistía Internacional España (AI).