Medio Ambiente

Claves para entender el nuevo Plan de Adaptación al Cambio Climático

En medio de la pandemia, el Ministerio para la Transición Ecológica presenta la nueva hoja de ruta para adaptar la economía y la sociedad a las consecuencias ya visibles del cambio climático.

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05
mayo
2020

«Las decisiones que tomen los ciudadanos y los gobiernos en las próximas semanas moldearán el mundo durante los próximos años. Al elegir entre alternativas, hay que preguntarse no solo cómo superar la amenaza inmediata, sino también qué clase de mundo queremos habitar una vez pasada la tormenta». Con estas palabras, el filósofo y escritor Yuval Noah Harari, una de las voces más escuchadas durante la crisis sanitaria, nos recordaba que, una vez vencida la lucha contra el COVID-19 –que llegará a corto plazo, con la paralización de la curva de contagios y, a largo plazo, con el desarrollo de una vacuna–, la humanidad deberá seguir haciendo frente a los grandes desafíos globales como la crisis climática. En España, en medio del ruido de la terrible pandemia, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado el II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), una suerte de hoja de ruta de cara a 2021-2030 que recoge las principales líneas de actuación que se llevarán a cabo para adaptar la economía y la sociedad a las consecuencias del cambio climático. De esta manera, el Ministerio liderado por la también vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, respondía a la promesa de presentar este segundo borrador, más ambicioso que el primero, en los primeros 100 días después de declarar la emergencia climática en España. A continuación, algunas de las principales claves del documento que, aunque todavía es susceptible a modificaciones se espera que esté aprobado a finales de año.

81 medidas y 18 ámbitos de trabajo

El plan contempla 81 medidas, repartidas dentro de 18 ámbitos de trabajo que van desde el clima y los escenarios climáticos, los océanos y costas, agua y recursos híbridos hasta la salud, el turismo, la energía, el patrimonio cultural, y la paz, seguridad y cohesión social. En cada uno de los campos se definen diferentes medidas, como es «el refuerzo de la capacidad adaptativa de la infraestructura verde y la conectividad ecológica, incluyendo la conservación de los corredores ecológicos, para favorecer las respuestas de las especies» en el ámbito de la biodiversidad y las áreas protegidas, o «proteger los destinos y recursos turísticos y fomentar la resiliencia de las infraestructuras y los equipamientos de uso turístico». Sin embargo, en general, todas las medidas están orientadas a reducir y prevenir los riesgos derivados del cambio climático. Es por eso que, en cada dimensión, se proponen el refuerzo, la creación o la revisión de herramientas de identificación de impactos y  análisis de riesgos. Dicho de otro modo: para poder actuar, se exige primero profundizar en el impacto que el cambio climático puede tener sobre los entornos cotidianos.

7 aspectos transversales para una adaptación justa

El objetivo final del plan es concretar medidas para limitar los riesgos del cambio climático

«Hay una acumulación de situaciones de vulnerabilidad y desigualdad que no nos podemos permitir y que hay que responder buscando cuáles son las respuestas más adecuadas en cada momento, pero, además, intentando ser lo más ágiles y lo más eficaces posibles». De esta manera, Ribera explicaba a Ethic hace unas semanas la necesidad de abrazar una transición justa que no deje a nadie atrás porque, aunque el cambio climático nos afecta a todos, no lo hace por igual. En este sentido, además de las medidas principales, en el documento se definen también siete líneas de trabajo que se tendrán en cuenta de manera transversal a todos los ámbitos. Estas son: la vulnerabilidad territorial y social, las desigualdades de género, los efectos fronterizos, la prevención de la maladaptación y eliminación de incentivos perversos, los costes y beneficios de la adaptación y la inacción. A todos ellos se les suma un último factor, el de la orientación a la acción, ya que el objetivo último de este plan es que «se concreten y apliquen medidas efectivas que permitan limitar los riesgos del cambio climático y aumentar el nivel de resiliencia».

27 indicadores para medir el progreso

Una de las novedades de este borrador es la incorporación de 27 indicadores que permitan hacer el seguimiento de los progresos de las políticas una vez se hayan puesto en marcha. Entre ellos se encuentran la temperatura media anual, los fallecimientos debidos al calor, número de especies silvestres amenazadas, la superficie en riesgo de desertificación, el reparto estacional del turismo, los daños económicos por tormentas costeras  o las personas desplazadas por eventos climáticos.

La adaptación no excluye la mitigación

Si bien las medidas de adaptación al cambio climático son esenciales para reducir la vulnerabilidad de los sistemas sociales, económicos y medioambientales, no desplazan a las medidas de mitigación. Más bien al contrario. Según se aclara en el documento, se trata de dos estrategias complementarias, ya que unas políticas globales de acción contra el cambio climático reducirían las necesidades y los costes de las medidas de adaptación. «Sin unos esfuerzos suficientes en materia de mitigación, nuestra capacidad adaptativa se verá irremediablemente desbordada», se advierte en el texto. Es por eso que, este nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 forma parte del marco estratégico en materia de energía y clima del Gobierno, que también engloba el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

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