Las claves para entender la Ley de Cambio Climático

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Jara Atienza

@jaraatz

Cuando, el pasado enero, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se fijó como prioridad aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética y remitirla a las Cortes durante los 100 primeros días de mandato, gran parte de la sociedad lo vio como el empujón definitivo a una medida que llevaba años en proceso de tramitación y que parecía no llegar nunca. Pocos días después, la declaración de emergencia climática en España por parte del Consejo de Ministros ratificaba esa cierta sensación de alivio y situaba la lucha contra el calentamiento global como uno de los ejes transversales de la acción política del nuevo Gobierno. Sin embargo, la irrupción de la crisis del COVID-19 a inicios de marzo dejó en el aire la presentación del anteproyecto al que, previsiblemente, el Consejo de Ministros dará luz verde mañana. De esta manera, el texto comenzará una andadura parlamentaria que, en el mejor de los escenarios, culminará con la salida adelante de una Ley orientada a trazar la ruta hacia la neutralidad climática de España en el año 2050.

El documento, según apuntan desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acabado de perfilarse en las últimas semanas con la recopilación final de los diferentes informes institucionales y se presenta dentro del contexto de reactivación de la economía frente a la pandemia. «En un momento en el que tenemos que abordar el proceso de recuperación frente a la COVID-19, la transición energética se va a convertir en una fuerza motriz determinante para generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma coherente con lo que necesitaremos como país en el medio y en el largo», ha señalado Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica.

El principal objetivo es alcanzar la neutralidad climática de España en 2050

Aunque el objetivo principal del texto se alinea con el Acuerdo de París y busca alcanzar la descarbonización a más tardar en 2050 –cuando el 100% del sistema eléctrico deberá ser renovable–, se especifica también una primera fase más a corto plazo: 2030. Para ese año, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990 lo que, según fuentes ministeriales, se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición de la Comisión Europea que ha fijado la reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% respecto a los niveles de ese mismo año. Para alcanzar estos objetivos se calcula que se movilizarán, según se especifica en el texto, 200.000 millones de euros de inversión (pública y privada) a lo largo de la próxima década.

Hacia una movilidad sostenible

Uno de los pilares del borrador de la Ley de Cambio Climático es el impulso de los vehículos eléctricos de cara a garantizar que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté libre de emisiones directas de CO2. Se especifica, además, que se «se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km».

Uno de los aspectos novedosos respecto al borrador anterior es que se obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones en 2023. También se habla de aquellas zonas de bajas emisiones ya existentes, como Madrid Central, sobre las que se concreta que, cualquier medida que tenga que ver con su regresión deberán contar con un informe previo del Ministerio y del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente.

El impulso de las energías renovables y el refuerzo de la Gobernanza Climática

Esta Ley de Cambio Climático también habla de los grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero: los combustibles fósiles. Según se contempla en la norma, se prohibirán las nuevas prospecciones de hidrocarburos y del fracking en todo el país y se activará un plan de desinversión estatal –todavía sin calendario específico–, con el objetivo de que la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal «se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil». Paralelamente, se fomentará el uso de energías renovables –como la solar, la termoeléctrica, eólica o biomasa– para que al final de esta década, al menos el 35% del consumo final de la energía sea limpia y la presencia renovable en el sistema eléctrico represente como mínimo el 70%.

En el marco legal, en este anteproyecto también se recoge la creación de un Comité de Expertos de cambio climático y transición energética –de carácter independiente–, que será el responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático y que de manera anual elaborará un informe que será remitido al Congreso de los Diputados. Asimismo, cada cinco años, el Gobierno se compromete a aprobar una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales para garantizar que nadie se quede atrás en el camino hacia la neutralidad climática.