Hacia un nuevo contrato social

La revolución digital está dando lugar a una nueva sociedad. Las nuevas formas de trabajo exigen nuevos derechos y relaciones laborales; lo mismo ocurre con la competencia en los mercados de bienes y servicios, que requieren cambios en las regulaciones y derechos de protección de los consumidores, particularmente en lo que se refiere a la propiedad de los datos o a la privacidad personal. Algunas de estas realidades no van a encajar en la legislación que conocemos, y tratar de «estirarla» para regular nuevos métodos de producción, relaciones laborales y formas de interacción entre las empresas y sus clientes puede ser un esfuerzo en vano. Algunas innovaciones incluso van a chocar o lo están haciendo ya con los límites de lo que las sociedades consideran ético.

El contrato social y el Estado del Bienestar que surgieron tras la segunda revolución industrial fueron cruciales para asegurar la prosperidad de la mayor parte de las sociedades en las economías avanzadas y propiciar la Gran Nivelación. Con la revolución digital es necesario repensar y rediseñar ambos. A la revolución industrial 4.0 le corresponde un Estado del Bienestar 4.0 acorde a las nuevas necesidades sociales. No hacerlo posiblemente dé lugar a una contestación social que ponga en peligro el proceso mismo de cambio tecnológico, lo cual impediría que muchas de las tecnologías disponibles, que permiten aumentar la productividad o evitar actividades peligrosas o desagradables, lleguen incluso a desplegarse por la fuerte oposición de los que se sienten perjudicados por esos cambios.

«A la revolución industrial 4.0 le corresponde un Estado del Bienestar 4.0 acorde a las nuevas necesidades sociales»

El Estado del Bienestar va a estar sometido a fuertes presiones en el futuro inmediato, tanto en aquellos países que ya han alcanzado un nivel avanzado de protección social, como en los que este es menor, bien sea por decisiones sociales y políticas o porque su nivel de desarrollo económico no ha generado aún el excedente suficiente para dedicarlo a la redistribución. Por el lado del gasto es sobradamente conocida la presión adicional que la demografía va a imponer en muchas sociedades, especialmente en las más desarrolladas. A ello hay que añadir la necesidad de nuevos mecanismos de transferencias que el avance y sostenimiento de la sociedad digital va a requerir (algunas de las cuales han sido discutidas en páginas precedentes): algún mecanismo de renta complementaria, nuevas prestaciones sociales para combatir la desigualdad más extrema, la financiación de las políticas activas de empleo, de educación reglada y formación continua o la necesidad de dar cobertura a derechos sociales de trabajadores con una relación laboral distinta de la que ha sido predominante en el pasado. Además, el sector público va a estar presionado por la necesidad de invertir en una sustancial renovación de las infraestructuras existentes, así como de nuevas y masivas inversiones públicas necesarias para facilitar la reconversión del sistema productivo a uno más compatible con la sostenibilidad medioambiental y la generalización de la economía digital.

Pero los retos por el lado de los ingresos no van a ser menores. Ya hemos mencionado con anterioridad el riesgo de erosión de las bases fiscales que la estructura del proceso productivo puede traer consigo en el futuro. La globalización, la presión competitiva y la búsqueda por ofrecer mejores servicios a menores costes también supone un reto para la financiación del Estado del Bienestar. Algunos impuestos tradicionales ven cómo se reducen sus bases imponibles con la desaparición o merma de determinadas actividades. En unos casos, porque se deslocalizan hacia países con menores tipos impositivos. En otros, porque desaparecen etapas en el proceso productivo que generaban valor añadido (por ejemplo, muchas tareas realizadas por las agencias de viajes como la compra de billetes o la reserva de un hotel que ahora están a golpe de un clic por los usuarios de las aplicaciones) pero que suponían un coste de producción. O incluso porque cada vez más plataformas colaborativas permiten el intercambio de servicios (por ejemplo, compartir coche en un viaje o intercambiar viviendas de vacaciones) sin que haya una contraprestación económica con valor de mercado.

La financiación de un potente Estado del Bienestar, en buena medida a partir de la aportación de empresas y trabajadores puede ser más difícil en un mundo de nuevas formas de negocio y de relación laboral si la revolución digital no viene acompañada de un aumento de la productividad que compense la pérdida de bases asociada a muchos de los cambios. La proliferación de los trabajadores autónomos, pero sobre todo de aquellos en la denominada zona gris (autónomos dependientes, trabajadores de plataformas, contratos a tiempo parcial y contratos de cero horas, falsos autónomos, contratados por proyectos en mercados laborales virtuales, etc.) puede repercutir en la recaudación de contribuciones sociales, de empresas y trabajadores. La solución no puede ser aumentar las contribuciones, pues esto desequilibraría todavía más las cargas asociadas al contrato indefinido y regular, lo que aceleraría su desaparición. Es previsible por tanto que la financiación del gasto público recaiga cada vez más en impuestos generales, transformando así el Estado del Bienestar; dejando atrás la concepción de Bismarck, en la que el Estado funciona como un intermediario que garantiza un seguro disponible para quienes participan en su financiación, y acercándose a la de Beveridge, en la que las prestaciones son de carácter general y todos participamos en su financiación, aunque con diferencias según la situación de cada individuo.

«La cooperación internacional y la armonización fiscal en el tratamiento de las rentas generadas en la economía digital es crucial»

Este Estado del Bienestar va a ser previsiblemente más caro, por lo que en la medida en que la creación de valor escapa cada vez más del ámbito específico de un sector y, sobre todo, de su origen geográfico, la cooperación internacional y la armonización fiscal en el tratamiento de las rentas generadas en la economía digital es crucial. Las principales organizaciones internacionales están ya analizando el diseño de una imposición justa y eficiente sobre empresas que la OCDE identifica como típicas del entorno digital. Estas empresas se caracterizan por su gran volumen de actividad en un mercado global, poca presencia física en la mayoría de los mercados en los que operan, un uso predominante de capital intangible (en particular, derechos de propiedad intelectual), y un papel muy importante en la generación, transmisión y explotación de información, con frecuencia con participación del usuario. La Comisión Europea estima que las empresas en este sector han crecido de una forma extraordinaria ya que solo una gran empresa tecnológica estaba entre las 20 más grandes de la Unión Europea en 2006, representando el 7 por ciento del capital en ese grupo, mientras que en 2017 había nueve tecnológicas que representaban un 54 por ciento del capital total de estas 20. Mientras tanto, el tipo impositivo medio de este grupo es la mitad que el de las empresas tradicionales (entre el 8,5 y el 10 por ciento frente al 20-23 por ciento, respectivamente). Por ello, la Comisión Europea ha propuesto una serie de reglas básicas para plantear un tratamiento fiscal de las actividades digitales, definiendo unos criterios cuantitativos para determinar cuándo una empresa debe pagar impuestos en un Estado miembro concreto a pesar de no tener presencia física en él (basados en las rentas obtenidas, el número de usuarios y de contratos en el país) y cuáles son los determinantes de las bases fiscales (beneficios por uso de datos, y otros servicios digitales). Este tipo de medidas, acompañadas de las que se están acordando en otras instancias internacionales de coordinación, pueden suponer un impulso efectivo a la financiación justa del proceso de digitalización.

A lo largo de los últimos siglos el capitalismo ha mostrado su capacidad para mutar y adaptarse a nuevas realidades socioeconómicas, frente a otros sistemas que no consiguieron hacerlo, por lo que sería muy aventurado anticipar que la revolución digital vaya a tener consecuencias más drásticas que las revoluciones anteriores. Al menos en las próximas décadas, no creemos que sea necesario reinventar la economía de mercado, sino adaptar las instituciones y las reglas de juego para que el aumento de la renta y del bienestar llegue al conjunto de la sociedad. Esto requiere que las competencias y habilidades de los trabajadores sean complementarias a la robotización y automatización en lugar de sustitutivas. Cuanto más avancen las sociedades en esta dirección, más probable será que la mayor parte de la sociedad se beneficie del progreso técnico y más improbable que se oponga a él. Si esto no se logra, da igual que las personas compitan con máquinas y algoritmos, o con personas de otros países, tanto si esa competencia es cercana (inmigrantes) o lejana (teleinmigrantes).

Hay razones para ser optimistas sobre el futuro, pero solo si nuestras sociedades son capaces de gestionar adecuadamente los cambios, la transición y proporcionar un Estado del Bienestar que se adapte a las nuevas necesidades sociales y económicas. Es muy probable que unas sociedades lo hagan mejor y lo consigan antes que otras; el impacto social de las nuevas tecnologías dependerá de cómo se gestione este proceso, que no es ni predeterminado ni inexorable. Tampoco hay disyuntiva entre equidad y eficiencia del Estado del Bienestar: aquellas sociedades capaces de diseñar Estados del Bienestar que funcionen más eficientemente aprovecharán mejor la potencia de las nuevas tecnologías para generar riqueza, al tiempo que alcanzarán menores niveles de desigualdad y una mayor equidad intergeneracional.

Este es un fragmento de ‘La era de la disrupción digital‘, de Javier Andrés y Rafael Doménech (Deusto).