La ‘invasión’ de los drones: ¿enemigos o aliados?

Drones

En España ya vuelan 4.283 dispositivos con licencia

Hacienda detectó 1,69 millones de inmuebles que no habían tributado

También se usan para la extinción de incendios o la búsqueda de personas desaparecidas

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Antes de nada. Si a usted (como a tanta gente) le regalaron un un dron en su último cumpleaños o las pasadas Navidades, tenga clara una cosa: solo podrá manejarlo de día, y en descampados. Aunque el Real Decreto que el Gobierno promulgó sobre su uso en diciembre pasó un tanto desapercibido en medio de la vorágine electoral catalana, sí que despertó la euforia de muchos usuarios de drones, que pensaron que sus plegarias habían sido, por fin, escuchadas.

No es así en el caso de los particulares, cuyas limitaciones siguen intactas: si vuelan su dron de noche, o en una ciudad, o ambas cosas a la vez, se exponen a una multa de hasta 240.000 euros, según los daños. La nueva normativa sí que amplía el margen a los servicios médicos, fuerzas de seguridad y empresas (con algunas excepciones). Deben cumplir los siguientes requisitos: un estudio de seguridad previo, que el dron más lo que transporte no sobrepasen los 10 kilos, y que no sobrevuele a más de 120 metros de altura. Para manejarlo hay estar habilitado como operador de drones, y es obligatorio un curso oficial y el consiguiente certificado.

Existe un último escollo: la solicitud de una autorización de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), que se entrega en un plazo aproximado de seis meses. Desde la Asociación Española de Drones y Afines (AEDRON) reclaman reducir ese período, con el argumento de que muchas empresas que ya han realizado una inversión previa no pueden esperar tanto tiempo para empezar su actividad.

Drones vs. aviones

Muchos expertos coinciden en que (como sucede, por ejemplo, con las gafas de realidad virtual) los drones son ya una tecnología asimilada por la sociedad, y su expansión masiva es cuestión de tiempo. En AESA han publicado los primeros datos, que avalan esta afirmación: desde que en 2014 se aprobó el primer marco regulatorio para actividades con estas aeronaves teledirigidas, han dado licencias en nuestro país a casi 3.000 empresas, 3.693 operadores y 4.283 dispositivos. Por el momento, los permisos más solicitados son para filmación y fotografía, seguidos de los de vigilancia aérea, emergencia y salvamento, investigación y, por último, publicidad.

Las restricciones a su uso tienen sentido. Al ser un sector neonato, aún no están claras sus consecuencias para la seguridad de las personas. La experiencia arroja algo de luz: el año pasado, en Estados Unidos, se reportaron casi 600 incidentes con drones. En España se ha alcanzado una cifra similar en el último lustro, lo que no es poco, si se tiene en cuenta que nuestra población es mucho menor y el auge de estos dispositivos ha llegado más tarde. También se multiplicó el número de accidentes en Portugal en 2017, uno de los países de Europa más permisivos en el uso de drones, lo que obligó a reducir la altura máxima de vuelo a 120 metros.

En todos estos casos se ha restringido especialmente su uso en áreas de aproximación y despegue de aviones. En el caso de la regulación española, no se puede operar un dron a menos de ocho kilómetros a la redonda de un aeropuerto. Por el momento solo ha habido en nuestro país un par de incidentes aislados, pero podrían haber desembocado en consecuencias realmente desastrosas. Hace dos años, un Airbus 320 de Lufthansa, durante la fase de aproximación al aeropuerto de Bilbao (uno de los más complicados a la hora de aterrizar por su ubicación cerrada entre montañas) se encontró de improviso con tres drones. Los aviones llevan instalado el sistema anticolisión TCAS, pero no detecta a estos pequeños dispositivos, de modo que todo queda en manos de la buena visión del conductor y que el día esté despejado.

Por suerte, el avión no tuvo que realizar ninguna maniobra para evitar un impacto, pero fue por unos metros. Si un dron de unos dos kilos choca contra el reactor de un avión puede llegar a inutilizarlo, y también dañar el fuselaje. Es aventurado confiar en la destreza o el civismo del usuario de un dron: en los 22 meses anteriores a la última normativa, desde AESA extendieron 35 expedientes sancionadores por un mal uso.

La cara amable (y medioambiental) de un dron

Otro de los debates que rodean a estos dispositivos, aparte de la seguridad de su uso, tiene un componente puramente ético: su capacidad para controlarnos desde las alturas. Hace dos años, Hacienda destapó 1,69 millones de inmuebles que no habían tributado por obras de ampliación o instalaciones añadidas. En total, supuso una recaudación extra de 1.254 millones de euros, que de otra manera hubieran seguido en la economía sumergida.

A raíz de la nueva normativa, los drones serán una herramienta de control y vigilancia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y los veremos habitualmente sobre manifestaciones, por ejemplo. Cualquier herramienta que sirva para hacer cumplir la ley, por principio, es beneficiosa para la sociedad. El problema reside en qué punto se extralimita la acción administrativa y pasa a vulnerar el derecho a la intimidad. Los drones de Hacienda, por ejemplo, tienen carta blanca para sobrevolar el jardín de una casa y tomar las fotos que se consideren necesarias.

Estos pequeños artefactos , por sus características, también abren un enorme abanico a la buenas acciones. El estudio de Norman Foster ha diseñado un «aeropuerto de drones» para Ruanda, desde el que los dispositivos podrían llevar víveres y medicinas a poblados de difícil acceso, rápidamente y con el mínimo coste. En nuestro país, los científicos del Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM) presentaron el año pasado un proyecto de identificación temprana de incendios con el uso de drones, que minimiza el riesgo de esta actividad y aumenta la capacidad de previsión, ya que estos artefactos pueden controlar zonas difícilmente alcanzables por una avioneta o un helicóptero. Los drones llevarían, además, tecnología avanzada que identifica el color del humo y puede discernir entre un conato de incendio o la mera quema controlada de malas hierbas.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), por su parte, trabaja en un proyecto con drones capaces de realizar sobre territorios simulaciones en tres dimensiones y evaluar de antemano el impacto ambiental de una obra o intervención en un espacio natural. Existen también iniciativas privadas como la de la firma Nitrofirex, que ha desarrollado dispositivos capaces de almacenar la mitad de agua que un avión cisterna para la sofocación de incendios. El dron de LifeSeeker detecta los teléfonos móviles de personas desaparecidas, y la empresa Lauren Fletcher ha desarrollado uno para semillar, que podría reforestar un terreno con hasta 36.000 árboles diarios.

No cabe duda de que un dron nos da alas (nunca mejor dicho) para sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos. En AEDRON ya han dado un paso en la buena dirección: acaban de publicar en su página web su primer código ético.


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