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«Negar la interacción política de la empresa solo da pie a muchísimas más amenazas: la corrupción y el tráfico de influencias»

«En España, cualitativamente, el sector de los asuntos públicos ha crecido mucho y está cada vez más profesionalizado»

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En un mundo donde las empresas están globalizadas y hay un incremento regulatorio generalizado, las compañías operan en muchos países distintos y maniobran simultáneamente en múltiples entornos normativos. Y no solo eso: los distintos ámbitos regulatorios hoy en día son multinivel, donde interactúan de manera compleja el nivel local, estatal, y supranacional.

La profesionalización de la estrategia institucional o «no-mercado», tanto de los asuntos públicos como de los temas regulatorios, es clave. Por fortuna, vemos en general una institucionalización de relaciones público-privada políticas. En Europa, por ejemplo, se constata un importante incremento cuantitativo de actores y recursos privados participando en las políticas públicas. En España, cualitativamente, el sector de los asuntos públicos ha crecido mucho y está cada vez más profesionalizado.

De todas formas, las empresas españolas aun requieren de importantes avances en este campo de los asuntos públicos y regulatorios. Necesitan una mayor capacidad de análisis político y de mejores habilidades para planificar, implementar y evaluar su influencia política.

El desconocimiento del entorno público por parte de las empresas es a menudo asombroso. Entender mejor los distintos niveles de gobernanza (local, regional, estatal, supranacional), las distintas instituciones (legislativas, judiciales, ejecutivas y reguladoras), así como las nuevas tendencias políticas, es fundamental. Así mismo, las corporaciones deben ser capaces de usar las distintas estrategias políticas, como son la comunicación, la acción social, las campañas digitales, los servicios de estudios y la interacción directa con la administración y los cargos electos.

Algunos protestarán ante tal descaro corporativo opinando que tal interacción política de la empresa es el fin de la democracia. En mi opinión, negar la interacción política de la empresa solo conduce a empujar dichas relaciones bajo tierra, dando pie a muchísimas más amenazas: la corrupción y el tráfico de influencias. Mucho mejor es dar cauce a estas interacciones de manera institucional y transparente, garantizando la trazabilidad de las decisiones políticas e interacciones.

La Comisión Europea es un buen referente, ya que incluye un registro de intereses privados, unos paneles de expertos bien transparentes, un sistema de consulta pública abierto y la publicación de las agendas de los primeros tres niveles de la Comisión: comisario, gabinete y directores generales.

En definitiva, las empresas deben mejorar su capacidad política y, por parte de la sociedad, es necesario gobernar transparentemente la interacción político-empresarial.

* Ángel Saz es director del Center for Global Economy and Geopolitics de Esade y profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia


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