Que nunca falte el agua

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Una iniciativa de colaboración publico-privada trabaja desde 2012 para garantizar el acceso al agua en hogares vulnerables

Nuria Latorre: «El reto ahora es saber si estamos llegando a todas las familias. Debemos contribuir a que ninguna se salga del sistema»

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No existe fenómeno más poliédrico que la pobreza. Hay una pobreza que no se ve. Una pobreza alejada de la clásica estampa de la escasez. Tragedias invisibles de puertas para fuera, sin más testigos que cuatro paredes. Hablamos de esas decenas de miles de familias españolas que pasan frío porque no pueden permitirse encender la calefacción o que han sufrido cortes en el suministro de un bien básico como es el agua por impagos de los recibos. Más de 5 millones de personas (el 11% de los hogares españoles) se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos, de acuerdo con los últimos datos registrados por Instituto Nacional de Estadística.

«Ha sido en los años de crisis -cuando las demandas, antes puntuales, se multiplicaban- que fue preciso redoblar esfuerzos». Nos lo cuenta Nuria Latorre, directora de Clientes de Aigües de Barcelona, una empresa que desde 2012 mantiene, de forma unilateral, la provisión de agua a los consumidores que no puedan pagarlo.

Lo hace a través de un Fondo de Solidaridad que ya ha otorgado más de 100.000 ayudas (de un total de 6 millones de euros) a los colectivos más vulnerables. Más de 18.000 familias se han beneficiado de las bonificaciones. La compañía, que pertenece a SUEZ Spain, nunca ha cortado el agua a nadie que no la pueda pagar. Esto implica la aplicación de la ley 24/2015, que garantiza la provisión de los servicios públicos (como agua, luz o gas) a las personas que no puedan abonar las facturas. La ley no deja lugar a dudas en su artículo 6.4: «Cuando la empresa suministradora tenga que hacer un corte de suministro debe solicitar previamente un informe a servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial».

Así procede Aigües de Barcelona: «Para determinar las familias beneficiarias, firmamos convenios con los ayuntamientos y con entidades como Cáritas o Cruz Roja, que son las que se encargan de objetivar el hecho, de hacernos llegar la solicitud y de efectuar el seguimiento», explica Nuria Latorre. «La premisa -añade- es que sea una ayuda que no requiera burocracia: sencillamente, recibimos un correo electrónico de los servicios sociales o las entidades y otorgamos la ayuda de manera automática».

Los últimos casos detectados corresponden a 320 familias del municipio barcelonés de Gavá. Tal y como establece el protocolo, que tiene una vigencia de cuatro años, el Ayuntamiento será quien decida en último término y mediante criterios públicos si la persona titular o unidad familiar se encuentra en riesgo de exclusión residencial. En tal caso, «se garantizará el suministro de agua, así como las ayudas necesarias».

En un escenario de grandes retos globales, como el crecimiento de la población urbana, el cambio de modelo productivo o el aumento de las desigualdades sociales, apoyarse en la experiencia que ofrece el sector privado, manteniendo una escrupulosa supervisión pública, es una vía efectiva para garantizar la calidad del servicio. «La colaboración público-privada es determinante», asegura Latorre. «No somos expertos en evaluar necesidades de las familias. Hemos depositado la confianza en la evaluación en servicios sociales y entidades, sin establecer por nuestra parte ningún criterio de acceso», explica.

La directora de Clientes de la compañía resume esta iniciativa en la que se embarcaron hace cinco años con una palabra: «compromiso». «El propósito maximalista, derivado de un entorno golpeado por la crisis económica y social, es estar absolutamente comprometidos con el territorio en el que operamos. Buscar soluciones efectivas a un problema real. Si la necesidad está en la calle, Aigües de Barcelona tiene que abordar esa necesidad», concluye Latorre. «Ahora tenemos otro reto: saber si estamos llegando a todas las familias que podemos llegar. Solo así evitaremos que ninguna familia salga del sistema y contribuiremos a la no cronificación de la pobreza».


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